Básicamente, lo que los ruralistas piden es la reapertura total de las exportaciones de carne como así también la disminución de las retenciones que gravan los envíos al exterior de granos, lácteos, oleaginosos, etc.

A dicha protesta, el gobierno respondió frenando la demanda durante los días previos al paro para que se produzca un excedente de vacunos, de forma tal, que frente al shock de oferta, los precios no se disparen. Frente a estas acciones, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Miguel Picat, dijo: Fue un “apriete mafioso sin precedente”. Por su parte, el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, advirtió: “El Gobierno se maneja con el miedo y la plata; a nosotros no nos corrieron con eso”.

Aun así, y haciendo oídos sordos a lo que realmente requiere el sector, la Ministra de economía Felisa Miceli lanzó, en plena medida de fuerza, un plan ganadero que supone una inversión en los próximos cuatro años de 857 millones de pesos, destinada a créditos para los pequeños productores, medidas de mejora en la genética de los animales, transparencia en la comercialización y diversificación en la alimentación de los argentinos.

Ahora bien, la pregunta que cabe realizarse es la siguiente:

¿En lugar de ofrecer créditos que los productores no piden, no seria más eficiente que se los deje reinvertir su propia ganancia legítimamente obtenida?

Lo que el gobierno no consigue ver, es que si continua cambiando continuamente las reglas y fijando los precios, únicamente va a desincentivar la producción abortando el potencial de crecimiento que permitiría la explotación al máximo de nuestras ventajas competitivas. ¿Existe acaso persona racional que se arriesgaría a criar vacas si no sabe a que precio el gobierno va a permitirle que las venda?

Con respecto a las ventas al exterior, las retenciones, del 20% (en promedio), llevan a que los productores agropecuarios cobren un dólar achicado del orden de $2,45 mientras que gran parte de sus insumos los pagan al valor de un dólar que se centra en torno a los $3,10.

Y por más que no se vea, un impuesto a la exportación tiene también un importante efecto colateral: Además de reducir la rentabilidad de la “oligarquía agro-ganadera” (como se empeña en calificarla el presidente), también imposibilita la producción en tierras marginales que no arrojen el mismo rendimiento de la pampa húmeda. Con este mecanismo, se condena indirectamente a más pobreza, marginación y atraso a la población rural, la cual podría beneficiarse con un trabajo dignamente conseguido, si simplemente el productor cobrara el precio pleno, que no es otro que el precio real, sin ningún tipo de beneficio adicional.

“El campo está ganando más plata que nunca” sentenció en su momento el ex ministro de economía (y ahora ferviente opositor) Roberto Lavagna; y presentó esta afirmación como un argumento inapelable y suficiente para descalificar los pedidos de eliminación de los impuestos a las exportaciones.

Desde el oficialismo se continúa afirmando que el agro ha sido uno de los principales beneficiados con la devaluación aunque no se considera que desde la misma viene soportando:

Derechos de exportación del 20 % a la producción primaria en general y 23,5% en oleaginosas.

Aumento del gasoil del 90% y escasez del mismo para levantar la cosecha y transportarla hasta mercados y puertos de destino

Aumento de las tarifas de transporte en un 40% en promedio

Dolarización de las deudas con los proveedores de insumos

Aumento de salarios por decreto

Aumento de los agroquímicos en dólares (Glifosato 23% )

Desdoblamiento del pago de los granos (90% y 10% a los 120 días)

Compra de los insumos pagando IVA 21% y venta de los productos recibiendo 10.5 % de IVA.

Baja en los precios internacionales de commodities.

Por dichos motivos y en función del siguiente recuadro, resulta necesario preguntarse:

¿Quién fue el mayor beneficiario de la devaluación? ¿El campo o el gobierno?