El Presupuesto establece para el gasto una definición taxativa y precisa de los montos que se asignan a los distintos ítems y por agregar estos montos se llega al total del gasto aceptado y aprobado. Por el lado de los recursos, los presupuestos públicos son una estimación, una proyección aproximada. De manera que lo realmente importante de un Presupuesto es el poder que esa ley tiene para definir y poner límites a los gastos y efectuar su distribución. Esta distribución es una decisión importante de política pública en general.

El Presupuesto en teoría contempla la división de poderes. Es el Poder Ejecutivo el que lo elabora y lo presenta como proyecto de ley al Parlamento; pero es el Parlamento el que lo acepta y lo sanciona. Y el Parlamento tiene todas las atribuciones para modificar el proyecto que envía el Ejecutivo. Se entiende que luego de sancionada esta ley sólo puede ser modificada por otra ley y esto marca claramente el rol de los distintos poderes. En definitiva, es el Poder Legislativo el que tiene la atribución de definir el Presupuesto de un país. En particular esto se aplica en la República Argentina.
Acá surge una cuestión que la planteó Gabriel Salvia. Si esto no se cumple, ya sea porque en la propia ley está estipulado que hay espacios para que así suceda, o sea porque esto sucede de facto. Entonces el Presupuesto deja de tener esa característica de constituir una definición taxativa de cómo gasta un gobierno, sancionada por el Poder Legislativo.
Y ahora, cuando aterrizamos en la Argentina vemos, en primer lugar, que tenemos una muy mala historia de cumplimiento de la Ley de Presupuesto. En épocas de inflación, porque el Presupuesto quedaba desvirtuado en los hechos al tener que superarse las partidas aprobadas y no haber tiempo material ni para controlar la ejecución del Presupuesto, ni para reformarlo. Generalmente, esas partidas se superaban de hecho y a veces se convalidaban con una modificación de la Ley de Presupuesto hacia finales del ejercicio, y a veces no.

En los años de estabilidad, y hemos vivido últimamente años de relativa estabilidad en comparación con la que tuvimos décadas atrás, tampoco se han cumplido en general los presupuestos y esto resultó de hecho en la práctica sin que sucediera nada extraordinario para aquellos que fueron responsables del incumplimiento. O como ha sucedido en el ejercicio que estamos viviendo, a través del arbitrio de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y esto no se refiere sólo al Presupuesto de la Nación, sino a las atribuciones que en general tiene el Poder Legislativo que están desvirtuadas por la introducción de esta figura. Figura que ha recogido la Constitución de 1994, pero que ha sido empleada abusivamente y el gobierno que más ha abusado de la figura ha sido este gobierno que tenemos hoy en la República Argentina.

Y en el caso particular del Presupuesto ha habido modificaciones, que no son meras modificaciones de asignaciones de partidas, por cierto, sino son incrementos de gasto y del gasto agregado del Presupuesto. La última implicó un crecimiento de 4.200 millones de gastos asignados a distintos requerimientos. En los considerandos de ese decreto de Necesidad y Urgencia simplemente se enumeran las necesidades planteadas por distintos órganos de la Administración Nacional y se las convalida con decreto de Necesidad y Urgencia cuyo articulado dice “auméntase la partida…, auméntase la dotación de personal de tal lugar…, etc., etc.”

Esta situación adquiere mayor gravedad en el Proyecto de Ley del Presupuesto para el año 2005. Como decía Gabriel Salvia, hay allí la incorporación atípica y distinta de otras cláusulas que pueden tener algún parecido en leyes anteriores de Presupuesto; en este caso hay una delegación al Jefe de Gabinete que le permite básicamente hacer lo que él quiera: reasignar partidas o incrementarlas, sin tener que atravesar nuevamente por la aprobación parlamentaria. Lo que es más grave, en el artículo 11 del Proyecto de Ley del Presupuesto se exime al Jefe de Gabinete, después de haberle dado estas atribuciones, de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Concretamente dice que se lo exime de cumplir con el artículo 15 de esa ley, y leo el artículo 15 para que ustedes se den clara idea de lo que esto significa. El artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal dice: “el Poder Ejecutivo Nacional, los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del estado, siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”. Esto quiere decir justamente lo que antes yo les transmitía. Se pueden aprobar mayores gastos sin que esté asegurado el financiamiento que es lo que pide el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal no fue una exigencia del FMI. El FMI pedía una reforma al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y el Gobierno respondió con una Ley de Responsabilidad Fiscal con la idea de sustituir aquella exigencia. De todas maneras, en teoría una Ley de Responsabilidad Fiscal es un avance. A la Ley de Responsabilidad Fiscal que sancionó nuestro Poder Legislativo le falta algo esencial que es la penalidad para el funcionario que no la cumpla. Esto sí lo tiene por ejemplo la Ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil que ha funcionado muy bien, no lo tiene ni esta Ley de Responsabilidad Fiscal ni la Ley de Responsabilidad Fiscal que se sancionó en el año 1999 en Argentina. Si ustedes recuerdan, era una ley que establecía una meta decreciente del déficit y además establecía parámetros y formas de evolución del gasto, muy parecidas a las que establece la ley vigente. Aquella ley no se cumplió. El primer año en que el déficit debía reducirse en relación al Producto Bruto no se cumplió, se buscó una explicación que se refería a la oportunidad de la vigencia de esa meta. El segundo año no se cumplió, nunca pasó nada, nunca se penalizó a nadie, nunca hubo una protesta por parte del Parlamento y esa ley ha dejado de tener vigencia y ha sido sustituida por otra que muy probablemente no se cumpla. De hecho la primera ley de Presupuesto que sale después de la Ley de Responsabilidad Fiscal explícitamente dice que no se va a cumplir.

Esto me parece que es un hecho que tengo que señalar y que va a caracterizar a esta Ley de Presupuesto y la va a dejar registrada en la historia. Lo notable es que si bien ha habido algunos legisladores que han señalado y han protestado por esto y también algunos dirigentes políticos, esta ley de Presupuesto va a salir con este artículo y va a salir porque hay una corriente de aceptación de los dictados de un Ejecutivo que ha mostrado muy poco respeto por las instituciones y por reglas que buscan que las instituciones tengan vigencia.

Así como digo esto quiero decirles que la elaboración y la técnica de presentación del Presupuesto ha mejorado notablemente, lo digo como ex Secretario de Hacienda. Creo que los instrumentos de la tecnología hoy han hecho posible que uno tenga un mensaje de la Ley de Presupuesto que da un conjunto de información que antes no nos ocupábamos de dar. O sea, información sobre lo ocurrido es abundante, también la presentación sobre las hipótesis y el marco macroeconómico diría que está bien elaborado y acá también agrego en tren de destacar hechos positivos, que las variables proyectadas lo han sido en forma razonable.

El Presupuesto hace una hipótesis de crecimiento del PBI del 4 por ciento promedio año 2005 versus promedio año 2004. Es razonable, apunta más o menos a lo que los analistas están pronosticando. Una inflación basada en precios implícitos en el Producto Bruto de 7,8 por ciento. Acá yo me atrevería a decir que es conservador pero dicho esto, yo siempre sostuve la tesis de que los Presupuesto deberían hacerse sin hipótesis de inflación, para darle más rigidez y seriedad de manera que una crítica se compensa con esa otra reflexión. Si lo tuviéramos que incorporar como pronóstico diría, el índice de precios combinados para mayorista-minorista, hoy para los últimos doce meses a partir del último mes publicado ya está por encima de 7,8 y con tendencia creciente y tenemos por delante ajustes de tarifas, ajustes salariales, tenemos por delante una situación de menor flexibilidad en la capacidad de producción versus un aumento en la demanda porque la utilización de la capacidad instalada ya es alta de manera que es muy probable que la respuesta de las empresas sea más bien por el lado de precios que por el lado de cantidades y yo diría como pronóstico razonable: vamos a tener un año 2005 con una inflación de dos dígitos, por donde uno la agarre, mayoristas o minoristas.

En el Presupuesto se hace una hipótesis del tipo de cambio y se dice que va a crecer menos que la inflación. El tipo de cambio nominal va a crecer un 5,5 por ciento contra una inflación del 7,8, es decir que se sigue postulando una caída del tipo de cambio real continuando la tendencia que hemos observado a partir de mediados del año 2002. Esto me parece que también es consistente aunque como vamos a ver inmediatamente es escasamente consistente con otras hipótesis incorporadas en el Presupuesto que mirando esta caída del tipo de cambio real suenan como muy fuertes y difíciles de cumplir.

Este Presupuesto es muy generoso en cuestiones que no debiera serlo. Por ejemplo, el tratamiento de las deudas ya existentes de las provincias. Se postula una suerte de jubileo de las provincias endeudadas y esto tiene mucha importancia. En la Argentina esto ha sido una regla. Las provincias que han hecho mala letra y han tomado endeudamiento siempre han visto resuelto su problema a través de la Nación, con los hechos consumados, con el caos en la provincia porque se dejaron de pagar salarios por tres meses, en algunos casos ha motivado una intervención. Pero en el 100 por 100 de lo casos ha motivado un salvataje y tuvimos salvatajes nosotros en el año 2002 y 2003 cuando la Nación acuerda con las provincias absorber la deuda, básicamente en muchos casos traducida en emisión de bonos que se utilizaban como dinero dentro de los límites de las provincias y con una reestructuración, una refinanciación de esa deuda al largo plazo en condiciones muy cómodas. Y ahora el Presupuesto también delega en el Poder Ejecutivo, le da atribuciones para cancelar, transformar, reestructurar la deuda y para quienes conocemos este terreno esto se puede traducir en un paga Dios. En realidad quien paga son los contribuyentes finalmente.

Y nuevamente se premia al que hizo las cosas mal y esto parece ser una constante en nuestra filosofía de gobierno. La ley de Responsabilidad Fiscal no incluye penalidades para los que no cumplen. La experiencia de incumplimiento de la Ley de Presupuesto muestra que nada pasó. Las provincias que hacen mala letra, los gobernadores que hacen mala letra son los premiados y entonces el sistema de premios y castigos funciona exactamente al revés. Cualquier gobernador que se precie, lo mejor que puede hacer hoy es gastar más y endeudarse.

¿Hay una Ley de Responsabilidad Fiscal que fija pautas de endeudamiento con las provincias? Sí, la hay, pero no hay penalidades para el que no la cumple. Entonces estamos frente a hechos que no están siendo modificados ni por la legislación general ni por la legislación específica incorporada a esta ley de Presupuesto que marca exactamente el rumbo de siempre, el viejo truco. De manera que por ahí, estamos discutiendo una Ley de Presupuesto que no tiene sentido que le dediquemos ni siquiera diez minutos porque es puramente académica esta discusión si esto es letra muerta y uno sospecha que habiendo aplicado estos criterios de perdones y jubileos y atribuciones delegadas y eliminación de las restricciones que tienen otras leyes, la filosofía que transmite este proyecto es justamente de que esto es letra muerta y se hará lo que se pueda o lo que sea políticamente conveniente.

Por ejemplo hay un artículo 29 que suspende la formación del fondo anticíclico que se había creado por una ley anterior y que respondía a un criterio de buena gestión y ordenamiento de la gestión fiscal. Entonces hay una ley que es una ley reciente que crea un fondo anti-cíclico y hay una Ley de Presupuesto que dice que se suspende su aplicación. Otra más.
Los que estamos en estos temas protestamos. El partido político al cual yo pertenezco ha hecho una protesta seria y sigue insistiendo en eso. Pero veamos otros contenidos del Presupuesto.

El Presupuesto nos habla de un superávit primario, antes del pago de intereses, de 3 puntos del PBI, incluyendo los fondos fiduciarios es 3,2 puntos del PBI. Además estima que las provincias van a generar en su conjunto un superávit primario de 1,8 ó 1,6 puntos del PBI de manera que estaríamos para todo el sector público, Gobierno Nacional y Gobiernos provinciales en 4 puntos del PBI que es básicamente lo que pedía el Fondo Monetario y lo que permitiría llegar a un acuerdo con los acreedores que pueda ser pagado. Claro, esto es para el año que viene.

Pero analicemos un poco este resultado numérico. Yo voy a ir a las cosas gruesas, no voy a detenerme en muchos detalles que también sería bueno hacerlo. En este Presupuesto vuelve a reflejar el aprovechamiento fiscal de la devaluación del año 2002. ¿Qué significa aprovechar fiscalmente una devaluación? Una macrodevaluación como la que tuvimos en que el tipo de cambio pasó de 1 a 3 implica un cambio sustancial en los precios relativos internos. Inmediatamente los sectores que exportan tienen un espacio notable porque sus precios se multiplican en pesos por tres. El gobierno lo que hace es poner de inmediato impuestos a las exportaciones, que tienen un doble efecto, primero lograr recursos fiscales, que es el efecto que voy a analizar ahora. Segundo, impedir que los precios de los productos que se exportan, se multipliquen por tres. De manera de que esas retenciones, así se las llama, morigeran el impacto inflacionario y esto es importante cuando las exportaciones son básicamente alimentos porque van directamente a la canasta familiar e impiden que la devaluación se transmita rápidamente al índice de costo de vida.

Esto naturalmente se hizo y se logró un recurso fiscal importante. De qué otra forma se aprovecha la devaluación. Pues no convalidando esta devaluación que tienen importancia en el gasto presupuestario. Los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones. Este gobierno que es un gobierno peronista, se entiende que lucha por los derechos de los trabajadores y por los que menos tienen, es junto con el gobierno que lo antecedió, también del mismo signo político, en la historia argentina es el que ha producido una regresión, en un corto plazo más acentuada del ingreso de los que tienen ingresos fijos, asalariados y jubilados.

El índice de precios minoristas desde la devaluación hasta ahora, subió más de un 50 por ciento. El índice de precios mayoristas subió un 130 por ciento. La canasta de medicamentos subió un 150 por ciento y la canasta de alimentos un 85 por ciento. Esto quiere decir que aquel asalariado al cual no se le movió su salario en pesos, hoy puede consumir la mitad en términos aproximados de lo que consumía antes de la devaluación.

Y hay muchos asalariados en el sector público a los cuales no se les subió un solo peso y los jubilados. Los aumentos que se dieron fueron aumentos uniformes o en el mínimo. En general en el sector público no hubo aumento uniforme sino en el mínimo. Este es un criterio que tiene un sentido de ayudar a los que menos tienen pero es un criterio injusto porque el que tiene un salario más alto que otro es porque hizo los méritos y tiene las capacidades o el que tiene una jubilación más alta que otro es porque en su vida aportó más que otro. Pero hoy resulta que un jubilado que recibe arriba de los 400 pesos mensuales no ha tenido ningún aumento. O sea que recibe los mismos 400 pesos que recibía hace 10 años y esto es una cuestión que es notable. Por mucho menos que esto Norma Plá lo hizo llorar a Cavallo y ocupaban todos los jueves frente a Tribunales, la Plaza Lavalle, y ahora yo le he preguntado a muchos analistas y sería interesante hacer un debate de por qué los jubilados como tales, no como parte de otro grupo como los piqueteros, de protesta social, los jubilados por sí mismos no han hecho un escándalo por su propia situación y los empleados públicos tampoco.

Pero ahora vuelvo al Presupuesto. El que no hayan hecho un escándalo no significa que la situación no esté. Y yo dije que para el año que viene ya el Presupuesto hace una hipótesis de inflación del 7,8 por ciento y si la tomamos como tal habría un deterioro adicional porque en este Presupuesto no hay un solo peso de aumento para nadie. O sea nominalmente se van a mantener las jubilaciones y los salarios como están. Entonces a fin del año que viene lo que yo estoy diciendo va a estar aún más agravado.

¿Es posible mantener esta situación? ¿Políticamente le va a ser posible al gobierno de Kirchner sostenerla? No lo sé, pero si no fuera posible y razonablemente se aspirara a que los jubilados, lo mismo que los empleados públicos, recuperaran el poder adquisitivo que tenían a fin del año 2001, eso implicaría un aumento promedio, el aumento es distinto porque dije que las categorías más bajas tuvieron aumento, un aumento promedio del orden del 25 por ciento y la masa de remuneraciones y jubilaciones que está en la Ley de Presupuesto para el año que viene es de 32.500 millones. De manera que un aumento para recuperar el poder adquisitivo significaría un aumento adicional de 8.000 millones de pesos, que representanun 1,6 por ciento del PBI. Registremos esta cifra.

Pero registremos otra que es más relevante. El sector público nacional, la Administración Nacional, tiene aproximadamente 290.000 empleados públicos aunque es responsable de la mayor parte de los jubilados. El conjunto de los gobiernos provinciales tiene alrededor de 2 millones de empleados públicos y también tiene jubilados, en general los jubilados del propio estado. Si el retraso salarial en las provincias se recuperara, sólo se recuperara, el gasto total que tienen las provincias es equivalente al que tiene la Nación como suma de remuneraciones y jubilaciones pero más orientado a salarios, implicaría otro punto y medio del Producto. De manera que la recuperación del nivel real de salarios y jubilaciones implicaría 3,1 puntos del PBI y ahora comparen esta cifra con la del superávit primario. Quiere decir que gran parte del superávit primario uno podría decir que está logrado por la compresión de salarios y jubilaciones. Pero hay algo más por el lado de los recursos.

Ya hablé del aprovechamiento fiscal de la devaluación con las retenciones. Están las retenciones y está el impuesto al cheque. Ambos son los calificados como impuestos distorsivos. Distorsivos aunque se han mantenido por un tiempo largo y eventualmente pudieran mantenerse todavía, y esto depende de la fortaleza política del gobierno para resistir las presiones por su eliminación. De la decisión de sostener un impuesto distorsivo como es el impuesto al cheque que desalienta la utilización del sistema bancario y por lo tanto afecta la disponibilidad del crédito y afecta el crecimiento y la inversión. Las retenciones, más el impuesto al cheque aportan en conjunto, en este proyecto de Presupuesto para el año que viene, 20.257 millones de pesos. Eso es 4,25 por ciento del PBI.

Nuevamente acá tenemos otra situación atípica. Si se tuvieran que reducir las retenciones y ustedes ya han comenzado a escuchar a sectores que lo piden, y que lo van a pedir con más intensidad por la circunstancia de que los precios internacionales de muchos de estos sectores se han derrumbado o se han caído. A excepción del petróleo el resto de las commodities ha tenido, sobre todo las agrícolas, una caída de precios y porque la devaluación se va metiendo entre los costos de producción de estos sectores, aumenta el transporte, aumentan los seguros y los productores se ven enfrentados a una reducción de los márgenes. De manera que, y la experiencia histórica lo muestra, en algún momento esas retenciones que aparecen después de una macro-devaluación empiezan a tener que comprimirse y acá tenemos 4,25 por ciento del PBI que es más que el superávit primario postulado acá.

No digo que esto tenga que desaparecer en un año, pero sin duda alguna estos recursos van a tener que empezar a resignarse si no se quiere empezar a repercutir seriamente en sectores y afectar la exportación. Agrego ahora que a pesar de haber devaluado el 200 por ciento, la Argentina no logró incrementar la cantidad de sus exportaciones; aumentaron en valor porque hubo aumento de precios pero no logró aumentar la cantidad, menos aún de las manufacturas de origen industrial.

Otro tema, como el de los jubilados, es para analizarlo psicológicamente. ¿Qué pasa con nuestra industria que no ha tomado ventaja, por el lado de las exportaciones, por la devaluación? Obviamente sí la tomó por el lado de la sustitución de importaciones.

Si se eliminaran estos dos impuestos habría que sustituirlos por otro, pero esto no está dicho en el Presupuesto, no hay una sola palabra de la sustitución de estos impuestos por otros. Lo cual es algo muy discutible, ya tendría que estar planteado.

En rigor de verdad tendría que haber un planteo de reforma tributaria que se exprese ya en esta ley de Presupuesto. Este gobierno lleva ya un año y medio; este Presupuesto es el segundo que presenta y no hay una propuesta de reforma tributaria. Tenemos acá el caso de los impuestos distorsivos como un tema necesario de reforma pero hay otras cuestiones.

En materia de recursos, incluso hay una propuesta muy conservadora, solamente se incrementa todo lo demás, IVA, Ganancias, internos, en función del aumento de los precios del 7,8 por ciento y del aumento del PBI del 4 por ciento. O sea que las proyecciones de recursos muestran crecimientos del 10 al 13 por ciento nominal que reflejan exclusivamente el nivel de actividad y de los precios. Esto quiere decir que tampoco hay una hipótesis de reducción de la evasión, porque la evasión es importante.

Entonces es un Presupuesto que no postula ningún tipo de reforma tributaria, hace lo de la avestruz con los impuestos distorsivos y además no tiene ninguna aspiración positiva sobre el control de la evasión. Yo creo que esto es realmente una falencia importantísima porque sin duda alguna tendría que haber algo de eso. No hay imaginación ni aspiraciones de una buena gestión en materia de recursos impositivos, pero lo que sí hayes un supuesto muy duro.

Si sumamos 4,25 que eran ingresos de recursos que tienen que eliminarse en algún momento con el 3,1 por ciento que es la compresión de salarios y jubilaciones, eso da 7,3 por ciento. Acá no hay nada estructural, todo es un manejo de un aprovechamiento fiscal de la devaluación y de compresión de salarios y jubilaciones. No hay ninguna reforma, no aparece ninguna propuesta de reforma del Estado, reforma administrativa.

Si como sucedió siempre, los precios relativos vuelven a su nivel, esto es como tener un resorte estirado y otro comprimido: el brazo se va cansando y en algún momento esos resortes toman su posición original. Cuando eso suceda estamos frente a una situación fiscal que es la histórica y aún algo más agravada porque yo estoy hablando de superávit de déficit primario. Encima de eso hay que pagar los intereses y menos de 3 puntos del producto no vamos a pagar entre la deuda performing que es la que no se defaulteó y la que se va a reestructurar. Así que digamos que el horizonte no está claro y esto es lo quequienes analizamos el sector público vemos, y lo que ve el Fondo Monetario. Uno dice, “Rodrigo Rato es un gritón, está presionando”, es una palabra muy usada; insisten con esto de las reformas estructurales, pero yo creo que nos están diciendo la verdad porque la ven. No se puede vivir mucho tiempo con los resortes estirados o comprimidos. Lo que hay que hacer es modificar la estructura. El resorte hay que acortarlo o agregarle del lado que uno lo vea, del gasto o de los recursos, pero para que la situación luego no exija una fuerza política o un tratamiento social tan inequitativo como el que tenemos en este Presupuesto.

Por cierto que quiero agregar que el Presupuesto incluye una partida de los llamados planes sociales que fueron a subsanar una situación gravísima de desempleo que en algo se ha morigerado. Por ese lado uno diría bueno, ¿pueden reducirse? Acá no hay ninguna hipótesis de incrementar esos planes sociales. No se olviden que los piqueteros siempre están pidiendo incrementarlos. ¿Políticamente es posible reducirlos? No lo sé, lo veo complicado, de todas maneras esa suma no alcanza a compensar estos defectos o excesos que yo he señalado, apenas aportarían, o significarían bastante menos que un punto del Producto y yo estoy hablando de desfasajes eventuales si las cosas vuelven a los precios originales, 7 puntos del producto.

Bueno esto me lleva al tema de las reformas estructurales que no están ni mencionadas acá. Este es un Presupuesto hecho por proyección de lo existente, no hay un concepto base 0. El concepto base 0 en un Presupuesto es discutir todo lo que el Presupuesto postula en materia de gastos como si no existiera la historia y el diseño base 0 dentro de un proceso de reforma administrativa todavía es más que eso, es lo que nosotros hicimos como trabajo ya hace casi más de diez años en FIEL que lo hemos actualizado, lo que postulamos en Recrear y lo que me tocaba a mí hacer cuando en esas dos semanas de gestión de Ricardo López Murphy como Ministro de Economía lo acompañé como Secretario para la Modernización del Estado.

Diseño base 0 es tomar la Constitución, las leyes, definir las funciones del Estado, establecer de esas funciones cuáles son asignables al sector privado, cuáles son tercerizables y diseñar un aparato administrativo que siga reglas de eficiencia en términos de informática, reglas laborales de eficiencia, que incorpore premios y castigos y que entonces se diseñe para cumplir eficientemente con todas esas funciones que el Estado tiene que cumplir. No mirando lo que hay sino diseñándolo de nuevo que es la forma de llevar una reforma a fondo.

Bueno, de esto no se habla. Ya hace años que dejó de hablarse. La última vez que se habló fue cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Economía, que me costó muchos disgustos y también se habló de esto en la última semana de la campaña presidencial cuando tomaron este tema para asustar a todos los empleados públicos, a los científicos, a los estudiantes, con nuestras propuestas de reforma. Pero lo cierto es que si no hay una reforma, y esto es un capítulo de la reforma, la reforma administrativa que es de puro sentido común, esto tiene poca duración. La duración que tendrá toda la capacidad que tenga el gobierno para mantener los resortes estirados o comprimidos, pero sin dudas que hace falta ir en profundidad en esto y no se hace.

Tampoco hay mención, tal vez esta ley no debiera hacerla, pero me refiero a otro proyecto que está totalmente paralizado: a la modificación del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Y esto tiene que ver con algo que les dije hoy, y que es la inexistencia de premios y castigos a nivel provincial, más bien la situación inversa: se premia a los que hacen las cosas mal y se castiga a los que hacen las cosas bien.

La propuesta, el Proyecto de Ley que presentó el Ejecutivo de modificación del Régimen de Coparticipación Federal no resuelve el gran defecto que tiene el régimen vigente que es la falta de correspondencia fiscal. Actualmente la Nación tiene la principal responsabilidad de recaudar, transfiere a las provincias, de acuerdo a un mecanismo de coeficientes que tiene un componente redistributivo importante y las provincias solamente recaudan una fracción de lo que gastan. En promedio es un 40 por ciento, pero el grueso de las provincias está entre el 15 y el 10, o entre el 20 y el 10; solamente las grandes recaudan una cifra más importante. Bueno, esto hace que los gobernadores tengan el beneficio político de gastar más y no el costo político de ponerle impuestos a sus ciudadanos y a lo largo de 60 años en vigencia de estos regímenes, esto ha desembocado en un crecimiento del gasto provincial, en una baja calidad del gasto provincial, ineficiencias que no se corrigen y no hay incentivos para hacerlo y no se dicta
una ley de Responsabilidad Fiscal que fije penalidades de manera que la ley va a ser inocua aunque establece algunas reglas macro-fiscales para las provincias.

Pero lo cierto es que esta es otra de las reformas que se piden. Tiene que ver con la distribución de los recursos que recauda la Nación, tiene que ver con la eficiencia del gasto provincial, la pide el Fondo y el gobierno responde con un proyecto que no modifica este tema. Lo único que hace el proyecto que está en el Parlamento es incorporar un nuevo fondo que va a ser manejado discrecionalmente por la Nación para fines sociales que hoy tienen las provincias pero sigue vigente el régimen actual. Yo dije está paralizado, ojalá siga paralizado porque si se dicta esta ley de nada sirve.

Hay propuestas de modificaciones profundas que apuntan a aumentar la correspondencia fiscal o a hacer una correspondencia fiscal plena, Nación-conjunto de provincias, manteniendo un mecanismo de redistribución horizontal entre provincias. Hay un trabajo de Jorge Ávila para el Consejo Empresario Argentino, hay propuestas que ha hecho FIEL y que ha hecho nuestro partido que apuntan hacia ese objetivo y que van en el sentido de las reformas que hacen falta.

Esto no está presente, de manera que volvemos a tener una ley de Presupuesto para el año 2005 que está muy lindamente presentada, lo dije al principio, presentada en fecha, con hipótesis macroeconómicas respetables, pero que no tiene el contenido que uno espera que debería tener la Ley de Presupuesto de un gobierno transformador. Este es un gobierno que patea los problemas para adelante, así lo ha venido haciendo, y el problema fiscal de acuerdo a esta ley lo sigue pateando para adelante.