Apareció a la hora prevista, siete y media de la mañana, listo para subir al taxi que lo llevaría al trabajo. El hombre que lo esperaba se acercó a él con el rostro descubierto, apretó tres veces el gatillo y corrió hacia la esquina para abordar la moto lineal que lo llevaría a la clandestinidad. Quienes escucharon los disparos creyeron que se trataba de un accidente, pero cuando salieron a la calle encontraron a Juan Manuel Collazos Valderrama (27), supervisor de planeamiento en APM Terminals, tendido sobre el pavimento con tres balas en el cuerpo. Poco después, en la clínica Stella Maris, la víctima falleció.

El homicidio cometido el miércoles 15 por sicarios en Pueblo Libre se suma a los otros tres asesinatos perpetrados contra trabajadores del primer puerto este 2015. Desde el 2014 hasta la fecha la Policía ha registrado más de 20 atentados.

Una fuente del entorno de Collazos contó a CARETAS que ingresó a trabajar en APM Terminals en el 2011. Como supervisor de planeamiento se encargaba de elaborar con una computadora la distribución de los contenedores en un plano de acuerdo al espacio disponible en los buques.

“Dentro de su trabajo no estaba ver en físico los contenedores o caminar por los patios para ver la carga. Su trabajo ha sido administrativo, de oficina. Solo en ocasiones excepcionales bajaba para hablar con los capitanes del buque para explicar detalles sobre los planos”, explica.

Obtuvo reconocimientos de la empresa y recientemente fue recomendado para ascender como jefe de operaciones y se preparaba para estudiar una maestría en agosto. “El puesto de supervisor está dos escalafones debajo de los directores de la empresa. Tenía personal a su cargo y puestos jerárquicamente inferiores”, agrega.

Hasta hoy, los asesinatos eran recurrentes entre estibadores y no en cargos de mayor nivel. APM Terminals lamentó el homicidio y se comprometió a colaborar con las pesquisas policiales, que tendrán en las cámaras de seguridad de la zona la llave para dar con la identidad de los homicidas.

En mayo, el sindicato de estibadores se declaró en huelga y amenazó al personal administrativo de APM con coronas fúnebres. Se oponían a que el nombramiento de los estibadores esté a cargo de un software implementado por la empresa y no del gremio. La medida permitía controlar a los estibadores vinculados al narcotráfico.

Según la misma fuente, Collazos no participó en las negociaciones para frenar la huelga. Tampoco recibió amenazas. “Si hubiera tenido temor habría renunciado. Tal vez con su forma correcta de actuar entorpeció a otros que actuaban mal”, explica.

La PNP maneja la hipótesis de que Collazos habría denunciado ante las autoridades portuarias a las mafias de la droga. El miércoles 8 la DIRANDRO incautó en el muelle norte, operado por APM, 190 kilos de droga en un contenedor que iba a ser enviado a España. Un paquete enviado a Europa puede costar US$ 50 mil.

El puerto chalaco es una de las principales puertas de salida de la cocaína en el país. O si no que lo diga Gerald Oropeza, cuyo socio, Luis Espinoza Oroche (a) Cachito, capturado en mayo, era el amo y señor de los envíos de coca en el Callao. Diariamente salen 5,500 contenedores, pero la Policía solo puede fiscalizar el 30% y tiene dificultades para entrar al puerto.

Las facultades otorgadas al Ejecutivo, según el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, apuntan a que la Policía tenga más facilidades para intervenir los envíos de droga. “También caben otras normas, como es el caso de la ley de estibadores. No es posible que en el caso de APM Terminals 665 estibadores pongan en jaque todas las exportaciones del país”, declaró en junio.