“El Brasil de hoy se puede comparar a una película de terror sin fin”. Así resumió el pasado martes el diario británico Financial Times la crisis política y económica del país, que cada vez más se hace sentir en la calle. El paro alcanzó en junio el 6,9% en seis grandes ciudades de Brasil cuando, hace un año, estaba en un 4,8%, según los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgados este jueves. La cifra de este año es, además, la peor desde junio de 2010: el 7%.

Al mismo tiempo, la presidenta Dilma Rousseff (PT) se hunde en las encuestas: solo el 7,7% de los ciudadanos aprueba su Gobierno, según un estudio de la Confederación Nacional del Transporte (CNT/MDA) publicado el pasado martes; en cambio, el 70,9% considera que su gestión es “mala” o “muy mala”. Es la peor valoración obtenida por un presidente en funciones, superando al expresidente Fernando Henrique Cardoso quien, en septiembre de 1999, contaba tan solo con un respaldo del 8%.

Mientras, la economía se tambalea. El FMI prevé una caída del PIB de un 1,5% este año y el Banco Central brasileño prevé una inflación anual del 8,89% a pesar de haber subido los tipos de interés al 13,75%. El Ejecutivo lucha para poner en marcha un prometido ajuste fiscal que tenía previsto ahorrar a las arcas del Estado 66.300 millones de reales (más de 20.000 millones de dólares) a fin de recuperar la confianza de los inversores y consumidores. Pero esta semana admitió que este objetivo es imposible de cumplir y anunció recortes adicionales en el presupuesto de 2015.

La economía brasileña creció poco en los últimos años. En 2014, incluso, retrocedió un 0,1%. La crisis no había afectado, sin embargo, al empleo. Y eso, entre otras cosas, favoreció la reelección de Rousseff en octubre del año pasado. El pasado 9 de julio, el mismo IBGE divulgó, sin embargo, que el 8,1% de la población activa de Brasil se encontraba en paro en marzo, abril y mayo. El año pasado, esa cifra estaba en el 7%. Otro dato: en la misma encuesta hecha pública esta semana sobre la popularidad de la presidenta Rousseff, el 69,9% de los entrevistados conoce a alguien que perdió su trabajo en los últimos seis meses.

Y todo esto ocurre mientras el Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía Federal avanzan en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción que carcome a Petrobras, que perdió 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2012 por la trama de sobornos y lavado de dinero, según sus propios cálculos. El escándalo ha salpicado sobre todo a miembros de la coalición de partidos que componen la alianza parlamentaria de Rousseff. La semana pasada, un representante de una empresa japonesa en Brasil, acusado a su vez de corrupción, aseguró que el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, recibió cinco millones de dólares para ayudarle en un contrato. Cunha, a su vez, anunció, de manera personal, que rompía su alianza con el Gobierno y prometió una serie de medidas y debates en el Parlamento. Estas medidas perjudicarán a un Gobierno cada vez más debilitado por la economía, las alianzas políticas que se cuartean y la corrupción que no deja de aflorar.