Dos años han transcurrido ya de todo aquello pero Ahmed Salama recuerda las doce horas que deambuló por el infierno como si hubieran sucedido ayer. Durante las seis semanas previas residió en Rabea al Adauiya, la plaza que reunió a decenas de miles de partidarios del derrocado presidente Mohamed Mursi. La protesta expiró aquel 14 de agosto de 2013 transfigurada por las fuerzas de seguridad egipcias en la mayor masacre de la historia reciente del país árabe.

"Eran las seis y media de la mañana cuando escuché el ruido de las primeras balas. Yo estaba encargado de guardar uno de los accesos a la acampada pero solo disponía de piedras y bastones de madera. En cuestión de minutos vi caer a varios amigos bajo la lluvia de disparos. No se podía respirar. El gas lacrimógeno era demasiado fuerte", relata a EL MUNDO uno de los contados supervivientes que ha esquivado la cárcel y se atreve a narrar el salvaje desalojo que -según los diferentes recuentos divulgados desde entonces- se cobró entre 700 y 1.000 vidas.

730 días después de aquella jornada aciaga, el baño de sangre vive instalado plácidamente en la impunidad. "No hemos podido presentar demandas judiciales para esclarecer los crímenes", replica escuetamente Abdel Maqsud, abogado de los ahora proscritos Hermanos Musulmanes. "Las autoridades egipcias no han llevado ante la justicia a ningún cargo del Gobierno ni responsable de las fuerzas de seguridad por la masacre de Rabea", confirma a este diario la organización Human Rights Watch (HRW).

Los manifestantes, culpables

El régimen creó un comité para investigar los altercados que publicó su informe final a finales del pasado año. El documento culpa a los manifestantes y sus cabecillas de haber iniciado la violencia. Ni siquiera exonera a la multitud que participaba de manera pacífica en las protestas porque "permanecieron junto a los hombres armados; aceptaron ser usados como escudos humanos en los tiroteos contra la policía e ignoraron las llamadas a abandonar el lugar antes y después del desalojo".

Algunos miembros del comité, sin embargo, han mostrado ciertas reservas a las conclusiones. "Se supone que se debía establecer un pasillo para que los manifestantes pudieran abandonar la plaza de un modo seguro pero hasta las tres y media de la tarde esa vía no existió. Los agentes de seguridad recibieron provocaciones de personas armadas dentro de las acampadas pero deberían haber recurrido a la munición como último recurso", indica la activista de derechos humanos y miembro del comité Ragia Omran. En un extenso informe divulgado hace un año, HRW denunció que el uso de armas de fuego por un reducido grupo de manifestantes "no justifica los ataques letales groseramente desproporcionados y premeditados contra manifestantes en su mayoría pacíficos".

El balance de víctimas también sugiere este extremo. De acuerdo con el comité gubernamental, 693 civiles murieron en las sentadas de Rabea y Al Nahda en El Cairo frente a tan solo una decena de policías. HRW, en cambio, documentó 817 y revisó los nombres de otros 246 posibles fallecidos.

"No es cierto que tuviéramos armas. Empleamos tubos de agua, estacas y piedras. Lo que sí vi fue a niños y mujeres que agonizaban entre balas y gases lacrimógenos", cuenta el veinteañero Husein Fuda, que participa aún en las hoy residuales protestas callejeras de los islamistas. "Continúo en la lucha porque las revoluciones siempre recorrieron un largo camino hasta la victoria. No habrá justicia mientras quienes ordenaron la masacre sigan en el poder", agrega el joven.

En lugar de arrojar luz sobre el capítulo más sangriento de la fallida transición, las autoridades han tratado de borrar el rastro de la tragedia. La plaza de Rabea y la mezquita y edificios anejos -incendiados al final de aquella jornada- han sido reformados. Un monolito en honor a la policía y el ejército ha sido erigido en el centro de la rotonda. El remozado ha alcanzado incluso al nombre del cruce de caminos, rebautizado como "mártir Hisham Barakat", en recuerdo del fiscal general asesinado en junio. Una desmemoria que ha contado con la complicidad de Occidente.

"Washington y Europa han vuelto a trabajar con un gobierno que, en vez de investigar, celebra la peor matanza de la Historia moderna cometida en un solo día", lamenta Joe Stork, subdirector para Oriente Próximo de HRW. "El consejo de derechos humanos de la ONU, que no ha abordado aún el alarmante deterioro de los derechos humanos en Egipto, es uno de los pocos caminos que quedan para que se rindan cuentas de esta brutal masacre", añade. Ahmed, acostumbrado a vivir con el temor de un arresto, no ha olvidado el zumbido de los helicópteros y las balas de los francotiradores. "Aquel día el gran perdedor fue Egipto", murmura.

@fcarrionmolina