Ya es una tradición de verano en Venezuela. Cada agosto el gobierno de Nicolás Maduro anuncia un plan para combatir un problema cada vez más grave: el contrabando. En 2013 creó un grupo militar de elite. Un año después ordenó el cierre parcial de parte de la frontera con Colombia. También impuso sistemas de huellas dactilares a los supermercados para controlar las cantidades que compra cada persona y de ese modo neutralizar a los llamados “bachaqueros”, las personas que compran productos a precios regulados para revenderlos a un precio más alto.

Ahora el oficialismo ha asomado otra receta mágica: el escarnio público. Dos alcaldes chavistas decidieron castigar a los revendedores obligándolos a usar bragas color naranja con una etiqueta en la espalda que dice: “Soy bachaquero y quiero cambiar”. El castigo también consiste en hacer trabajo comunitario, como barrer calles, con ese uniforme casi fosforescente.

Por supuesto, la estrategia fracasará como han fracasado todas las anteriores. Y por una simple razón: la causa del bachaqueo no es moral ni cultural sino económica. Donde existan los poderosos incentivos que existen en Venezuela, pulularán bachaqueros. En cualquier país, en cualquier sociedad, en cualquier época.

¿Y cuáles son los incentivos? El sistema de controles de precio y de cambio que, además de haber provocado el boom de contrabando, ha diezmado el aparato productivo nacional y creado todo tipo de distorsiones económicas. Una persona puede comprar un producto a precio regulado y, por el grave problema de escasez, revenderlo a pocas cuadras a un precio mucho más alto. La caída del precio del petróleo ha exacerbado el problema porque ahora no hay dinero para suplir la alta demanda de productos con importaciones. Y, si el revendedor logra cruzar la frontera, el creciente diferencial cambiario entre el tipo de cambio oficial y el no oficial multiplica sus ganancias. El ingreso que genera la venta de un producto venezolano en Colombia se produce en divisas que pueden ser convertidas al tipo de cambio no oficial en Venezuela, lo cual hace irresistiblemente rentable la operación.

La magnitud del contrabando, que supera los 5.000 millones de dólares al año, ilustra el poder de estos incentivos. Toda clase de productos, desde ropa y carne a whisky y medicamentos, llegan ilícitamente a Colombia cada día. Un kilo de arroz puede venderse allá a un precio quince veces mayor que el precio regulado en Venezuela. ¿La pasta de diente? A un precio treinta veces mayor. El contrabando de gasolina es aún más rentable. Un galón de gasolina cuesta menos de un centavo de dólar en Venezuela. En Cúcuta puede ascender a los tres dólares, razón por la cual un 16% de la gasolina venezolana —¡100.000 barriles diarios!— se vende como contrabando.

Naturalmente, un negocio ilícito tan rentable acarrea la conformación de poderosas mafias, incluyendo institucionales. La policía en Cúcuta dice haber identificado a cinco redes sofisticadas que operan por esa zona, y transportan y distribuyen grandes cantidades de productos. Como ocurre con el narcotráfico, esas mafias se pelean entre ellas por el control del negocio y las rutas, y penetran con su dinero sucio la política y las instituciones. El jefe de una de estas mafias, capturado en Brasil hace un año, tenía unos 200 hombres armados bajo su nómina y estaba aliado con un gobernador colombiano cuyas campañas financiaba a cambio de contratos públicos y protección para su organización.

Las caravanas de la muerte, convoyes de camiones repletos de gasolina que cruzan la frontera a gran velocidad, son otra muestra del lado siniestro del contrabando. Si una autoridad intenta detenerlas, los camiones aceleran y no se paran hasta llegar a su destino. Los que piensan que a los revendedores se les puede inducir a abandonar su negocio con bragas anaranjadas no han vistos los vIdeos de estas bombas con ruedas —y no tienen la más mínima idea de la naturaleza y la magnitud del problema.

No todos utilizan métodos tan extremos. Muchos bachaqueros revenden modestas cantidades en sus barrios o mueven pequeños cargamentos a través de la frontera pagando sobornos a autoridades, guerrilleros, paramilitares, narcos u otros jugadores importantes de la zona, incluyendo contrabandistas más poderosos. En la frontera hay comunidades enteras que subsisten gracias al contrabando y salen a la calle a protestar cuando las autoridades confiscan mercancía, a veces movilizados por las mafias.

Lo peor es que la solución está al alcance de la mano. El gobierno venezolano controla las dos variables que causan el problema: los precios regulados y el tipo de cambio. Mientras estas variables no se ajusten a sus valores reales, seguirá habiendo bachaqueros. Y la economía venezolana seguirá siendo una de las más disfuncionales del mundo.

Alejandro Tarre es periodista venezolano. Twitter @alejandrotarre