Alfredo Ayala se siente impune. Y numerosos hechos lo demuestran. Sus patoteadas para frenar allanamientos judiciales o inspecciones laborales sobre talleres textiles clandestinos, una operación contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un escrache a la Defensoría del Pueblo porteña y los ataques mafiosos a la organización que combate el trabajo esclavo y la trata de personas, La Alameda, son sólo algunos ejemplos de su accionar.

Ni siquiera la detención y el procesamiento de sus lugartenientes lo amedrentaron. Él sabía que todavía podía contar con una carta ganadora: el respaldo político. Y más si se trataba de un organismo de derechos humanos vinculado con el Gobierno nacional y que encabeza el influyente periodista Horacio Verbitsky.

Esa razón lo hace sentirse un intocable. Porque antes de obtener el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el hombre que opera a favor de los talleres textiles clandestinos del sudoeste porteño sumaba problemas: aislado tras su alianza en diciembre con Mauricio Macri durante la toma del Indoamericano, investigado por la Justicia y perseguido por servicios de inteligencia, estaba lejos de volver a contar con algún tipo de protección política de peso. Pero todo ello cambió el martes 26 de abril.

Ese día entró en la facultad donde se forman aquellos que deben velar por las leyes. En el salón verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el CELS, que preside el periodista Horacio Verbistky, le otorgó el privilegio de cerrar una charla sobre un informe que se titulaba “Argentina: Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una política migratoria basada en los Derechos Humanos”.

El documento había sido elaborado por el CELS junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos. A pesar de los antecedentes de Ayala, el CELS, a través de Diego Morales, lo presentó ante los concurrentes a la charla en Derecho como el presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol).

La crónica del boletín informativo N° 176 de la facultad dejó constancia de que Ayala “compartió” su experiencia. Aunque no aclaró que defiende los derechos de los talleristas, los capataces de los talleres textiles clandestinos que explotan y trafican costureros con impunidad, como lo demostró la Justicia federal en las causas “Salazar Nina” o “Zacarías Estrada Umini”.

El primer expediente tiene a varios de los talleristas procesados con confirmación de la Cámara de Apelaciones a la espera del juicio oral, mientras que por el segundo expediente está preso el mencionado Zacarías Estrada Umini, desde hace un año y medio, en la provincia de Salta, por trafico ilegal de siete adultos y un niño de cuatro años, todos bolivianos, para los talleres textiles que montó en el barrio Parque Avellaneda, más precisamente en Lacarra 932 y en Tandil 3981.

El modo inhumano de la producción textil esclavista llegó a los medios de comunicación el 30 de marzo de 2006. Ese día se incendió el taller textil ilegal de la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, donde murieron seis personas, entre ellos cinco menores de edad. Tras el incendio, Ayala se encargó de que las víctimas de la trata y de la esclavitud no declararan ante las autoridades.

Pero no pudo evitar que tras el revuelo nacional generado por las muertes se produjera una ola de inspecciones en los talleres clandestinos. Al quedar expuesta la maquinaria delictiva, el trabajo de los inspectores se nutrió de los datos que aportaron ciudadanos comunes que denunciaron a los capos del negocio ilícito.

Ante la avanzada estatal sobre los talleristas, éstos no retrocedieron sino que, por el contrario, pasaron a la ofensiva y apuntaron contra la base de la arremetida gubernamental: los denunciantes civiles. Cientos de personas que respondían a los capos de los talleres esclavistas se movilizaron el 5 de abril de 2006 con bombas molotov y atacaron la sede de La Alameda, una organización que combate tanto la explotación laboral como sexual, en la esquina de Lacarra y Directorio, y la casa de su referente, Gustavo Vera.

La destrucción del local fue impedida por la presencia de los agentes de la infantería policial, que habían sido solicitados por la Defensoría del Pueblo porteña a la Justicia federal para resguardar a los testigos que habían declarado contra los mafiosos.

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad también vivieron los aprietes de los talleristas encabezados por Ayala. Así lo recordó a Noticias Urbanas el ex subsecretario de Trabajo porteño Ariel Lieutier: “El 30 de marzo de 2007 recibimos la denuncia de un taller esclavo que funcionaba dentro del ex centro clandestino de detención Automotores Orletti. Se realizó la inspección y comprobamos lo denunciado. Clausuramos el lugar y al otro día quedamos en desarmar el taller. Ese compromiso lo asumió el tallerista y dueño del inmueble. Al día siguiente, cuando se efectivizaba el desarme, la gente de Ayala organizó una marcha hasta el taller con el argumento de que las máquinas las iban a llevar a la sede de La Alameda. Se juntaron 300 personas que no querían dejar salir las máquinas y no dejaron a los funcionarios de la Subsecretaría ingresar al taller de Orletti. El clima era de mucha tensión, ya que habían apretado al abogado de la Subsecretaría de Trabajo. Junto a Ayala había otros dirigentes de sectores más moderados, con quienes negociamos varias horas, hasta que se desmovilizaron y se logró desarmar el taller”.

El ex funcionario porteño agregó otro incidente cometido por la gente de Ayala, en este caso, una obstrucción a un allanamiento de la Justicia federal. “No fuimos los damnificados directos, ya que en esa oportunidad nos convocó la Justicia a un allanamiento simultáneo en 14 talleres. Estando en la calle Portela 1251, los efectivos de Gendarmería Nacional no pudieron secuestrar las maquinarias como ordenó el juez Norberto Oyarbide. Los testigos del allanamiento terminaron siendo resguardados por la gendarmería porque la patota de Ayala los quería linchar, otra vez, con el argumento de que las máquinas se irían a La Alameda, algo que era totalmente falso.”

La manera impune de actuar de Ayala es demasiado sospechosa. Los dichos del ex funcionario del Gobierno de la Ciudad a este medio demuestran que no podría accionar de esa manera si no contara con respaldos importantes. Y es acá donde aparecen las relaciones pesadas y de alto valor político.

A su probada cercanía con el CELS que lidera Horacio Verbitsky, un hombre muy cercano al centro del poder kirchnerista, se suma una inexplicable inacción de la Policía Federal en contra del tallerista varias veces denunciado. Otra vez los hechos despiertan demasiadas suspicacias, dejando mal parada a la Federal y vinculándola a Ayala.

ZONAS LIBERADAS

Los primeros días de junio de 2008, la Jefatura de la Policía Federal, que por entonces dirigía el comisario general Néstor Valleca, tembló. Varios diputados nacionales de distintos bloques denunciaron el funcionamiento ilegal de por lo menos cinco prostíbulos, en donde además se vendían drogas, lo que era probado por las imágenes de una cámara oculta, en los alrededores del departamento de la Federal, ubicado en la avenida Belgrano, la cercanía en las cuadras pegadas al edificio de la institución dejaba sin excusas serias a los líderes azules.

La gravedad del descubrimiento era tan incontrastable que Valleca y los suyos no podían argumentar que desconocían que esos locales funcionaban en la zona. Y eso daba como resultado una explicación incuestionable. Un nutrido grupo de legisladores y diputados nacionales de diversos partidos políticos, entre los que se encontraban kirchneristas, macristas, de la Coalición Cívica y la UCR, sostuvieron en una denuncia penal que para que los prostíbulos funcionaran al lado de la policía debían contar con la protección de la fuerza y la obligatoria coima a sus miembros.

La repercusión de la noticia produjo un nutrido escrache en la Central de la Federal, del cual participaron integrantes de La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), donde se realizó una clausura simbólica de los prostíbulos. Pero como si se tratara de una macabra casualidad, mientras se producía el escrache a la Policía, en Parque Avellaneda, la esquina de Lacarra y Directorio, sede de La Alameda, se transformaba en una zona liberada, que permitía el destrozo del local. Esa llamativa coincidencia sumaba un dato que parecía guionado de antemano y que relaciona directamente a Ayala con lo sucedido en la sede de esta ONG.

Durante la mañana de ese día, el tallerista fue detenido por “federicos” (quienes en el pasado no solían molestarlo pese a sus actividades ilegales), en un operativo en un taller textil de Parque Avellaneda, debido a que Ayala había intentado frenar el allanamiento. Sin embargo, el encierro duró muy poco. En horas de la tarde, fue liberado por el comisario a cargo de la seccional 40, Sergio Maldonado, ante la presencia de 200 hombres del tallerista. La Policía se encargó de calentar los ánimos de los seguidores de Ayala al asegurar que la detención de su jefe se debía a las denuncias realizadas por La Alameda, un dato nada inocente de los azules, ya que sabían muy bien lo que desencadenaría esa noticia en los mafiosos: el ataque al indefenso local de la ONG, ante la presencia pasiva en el lugar del subcomisario Fabián López.

AYALA CONTRA LA DEFENSORÍA

A los pocos días del accionar contra La Alameda, la propia defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, sería atacada por Ayala y los talleristas que lidera. El grupo se manifestó en la puerta de la Defensoría de la Ciudad, sobre la calle Venezuela al 800, ubicada a sólo una cuadra del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside Verbitsky. Allí reclamaron contra las denuncias judiciales por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que viene realizando ese organismo. Después de ese apriete, la defensora del Pueblo presentó una denuncia penal contra Ayala, por “integrar una organización dedicada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el terror”, según el abogado de la Defensoría, Mario Ganora, quien recurrió al Código Penal para imputar a Ayala de lesiones calificadas, atentado a la autoridad e incitación pública a la violencia colectiva contra personas o instituciones.

AYALA CONTRA LA ALAMEDA

La avanzada de los talleristas referenciados en Ayala llegaría al ataque corporal y el linchamiento en plena calle del presidente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, quien resultó con siete puntos en la cabeza, entre otros militantes heridos. Eso ocurrió el 10 de julio de 2009 cuando en el marco de una inspección de la Subsecretaría de Trabajo se liberaba una familia de un taller textil a cargo de Zacarías Estrada Umini, tiempo después detenido en la provincia de Salta.

AYALA CONTRA LAS MADRES

Pero ese año, 2009, Ayala no descansó en sus operativos de corte mafioso con protección policial. El miércoles 15 de diciembre la Asociación Madres de Plaza de Mayo sería la atacada. Mientras realizaba una radio abierta en respaldo a la Presidenta, una marcha con un féretro llegaba al sector donde estaban las Madres. Habían arribado acompañados por una cámara de C5N y por Raúl Castells. No aprovecharon el resto de la plaza, buscaron adrede provocar a Hebe de Bonafini.

Ella salió a increpar a Ayala, a quien desconocía, y quedó registrada ante la cámara del noticiero como una discriminadora de la colectividad boliviana. Al otro día salieron afiches sin firma contra las Madres. “La Plaza es de Perón” decía el lema del afiche.

Es público el enfrentamiento de Hebe con el titular del CELS. Bonafini, tras el atentado a las Torres Gemelas, había acusado a Horacio Verbistky de ser “un sirviente de Estados Unidos”, y precisó que “recibe un sueldo de la Fundación Ford”. La vicepresidenta de Madres, Mercedes Meroño, confirmaría que no acusaron a Verbistky por ser judío sino “por ser agente norteamericano”.

Guillermo Mamani, editor del medio gráfico más conocido de la colectividad boliviana, Renacer, señaló a este medio que es “bastante contradictorio que una persona con los antecedentes de Alfredo Ayala y que sólo representa a los talleristas termine en la Facultad de Derecho en la UBA. Él negó que haya esclavitud y utiliza métodos patoteriles. Es muy peligroso que se abran esos espacios a estas personas cuando deberían estar del otro lado del mostrador, respondiendo a la Justicia. Es lamentable. Ayudan a fomentar la violencia de Ayala y apoyan a alguien que está contra el gobierno de Evo Morales, mientras que su mano derecha, Reynaldo Apaza, se jacta abiertamente de estar con Macri, y en el conflicto del Parque Indoamericano, Ayala compartió la visión de criminalizar a la gente que estaba allí”, aseguró el editor del portal http://www.renacerbol.com.ar.

RECUADRO

DIEGO MORALES, DEL CELS: “NO PODEMOS ESTAR CHEQUEANDO”

La justificación del miembro del CELS que invitó a Ayala a participar de la charla en la Facultad de Derecho es insólita. Sin inmutarse, Diego Morales, al ser consultado por NU, se defendió diciendo que desde el organismo que integra no pueden estar evaluando los antecedentes o chequeando los currículum de las personas que invitan a las charlas. Y ese supuesto descuido llama todavía más la atención si se toman en cuenta las propias palabras de Morales, quien se presenta como un experto en la cuestión de los inmigrantes, agregando que desde hace 15 años se dedica al tema.

Morales coordinó el programa Derechos Sociales del CELS y durante tres años trabajó en la Defensoría del Pueblo porteña con relación a los migrantes. “Es mi especialidad”, aseguró a este semanario. Si es un experto, no puede desconocer entonces a una figura pública como el líder de la mafia de los talleres clandestinos. Encima, su oficina en el CELS queda en la misma manzana que la Defensoría del Pueblo escrachada por Ayala. “No sabíamos, nos sorprendió mucho. Ahora sí estamos leyendo los expedientes, estamos indagando los antecedentes de este señor. Igual nosotros cuando definimos hacer una presentación tampoco podemos evaluar, no podemos estar chequeando”, justificó Morales.

Lilian Camacho es quien recomendó al denunciado dirigente de los talleristas. Camacho se presenta como periodista y su espacio son las radios clandestinas, como Constelación, a través de las que cooptan costureros para los talleres esclavos o se organizan ataques parainstitucionales.

“Camacho es una dirigente de la comunidad, superseria, la conozco desde los 90. Ella conoce muy bien el tema”, se defendió el experto en migrantes del CELS y cerró diciendo que “la defensa de migrantes frente al Estado es nuestra especialidad”.

Una defensa un tanto particular, por cierto.