Si  algo le faltaría a la desprolija investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman sería que el calendario electoral condicionara la difusión del dictamen de la fiscal Viviana Fein. Su simple sugerencia de que la presentación de su informe final se produciría después de octubre lleva a sospechar que el resultado de los comicios del 25 de ese mes podría influir en el dictamen o bien que éste podría, a juicio de la funcionaria, influir electoralmente.

Es cierto que la fiscal Fein no formuló ningún anuncio concreto sobre la fecha en que daría a conocer su opinión sobre el caso y que se limitó a responder una pregunta de un periodista acerca de si el dictamen se conocería sólo después de octubre, cuando expresó que "seguramente" sería así, dado que se tomaría "el tiempo que demande". Es verdad también que todo fiscal, sobre todo ante una causa judicial tan delicada, debe emitir su resolución cuando tenga "la certeza absoluta de lo que ocurrió", como ella expresó.

Sin embargo, es entendible que las sospechas y la indignación avancen en la ciudadanía frente a una investigación que, casi ocho meses después de la aparición del cadáver de Nisman, se sigue demorando y que es objeto, desde su inicio, de una fuerte contaminación política.

Días atrás, la fiscal Fein volvió a señalar que no se puede decir que Nisman se suicidó ni que lo asesinaron y que "no hay pruebas concluyentes y concretas", sembrando más dudas y pesimismo acerca de si alguna vez podremos saber cómo murió el fiscal de la causa por el atentado contra la AMIA que provocó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994.

Sí sabemos ahora que el resultado de un peritaje que la fiscal Fein pareció querer evitar durante demasiado tiempo ha tornado más lejana aún la hipótesis de un suicidio de Nisman. Este estudio, realizado recientemente en Salta, determinó que la pistola Bersa calibre 22 desde donde salió el disparo que mató al fiscal deja rastros de pólvora en la mano de quien oprime el gatillo.

Si efectivamente las manos de Nisman no tenían vestigios de pólvora, de acuerdo con la prueba de barrido electrónico que se le realizó a su cuerpo oportunamente, podría concluirse que existe una alta probabilidad de que no estemos frente a un suicidio, sino ante un asesinato. Desde la fiscalía a cargo de la investigación, no obstante, se intentó explicar que tal pericia no puede determinar lo ocurrido, porque las condiciones en que se produjo la muerte, en el baño de un departamento, eran irreproducibles.

Cabría, por supuesto, la alternativa de que los técnicos de la Policía Federal se hubieran equivocado al no registrar en el cadáver de Nisman rastros de los residuos del balazo, aunque se trata de una hipótesis poco probable.

En todo caso, las dudas en torno del caso y de los peritajes realizados aumentan cuando se advierte la comisión de errores elementales en los primeros momentos de la investigación.

La primera falla reside en la falta de cuidados para preservar la escena del crimen, que tan pronto como se descubrió el cadáver, fue invadida por un gran número de personas, entre ellas, el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Es menester aclarar que la escena del crimen no era sólo el baño, sino el resto de los ambientes del departamento donde vivía el fiscal. La ausencia de guantes o de protectores de calzado para no contaminar la escena fue otra irregularidad registrada por videos filtrados al periodismo.

Al mismo tiempo, ni la inexplicable actitud de los custodios de la Policía Federal que tenía Nisman, quienes no actuaron como correspondía cuando el fiscal no respondía a sus llamados desde la mañana del domingo 18 de enero, ni la posibilidad de una zona liberada en las horas en que se produjo la muerte del fiscal, ni el sugestivo hecho de que la puerta de servicio del departamento no tuviera colocada la traba de seguridad que Nisman solía utilizar, parecerían haber sido suficientemente considerados en la investigación.

La inhabilidad manifiesta de la fiscal a cargo del caso debería hacer que la jueza Fabiana Palmaghini lo retome.

Llama la atención que mientras el paso del tiempo va consumiendo la investigación sobre la extraña muerte del fiscal que se aprestaba a presentar ante el Congreso su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA, causas judiciales colaterales como la vinculada con cuentas bancarias de la familia Nisman en el extranjero, a cargo del cuestionado juez Rodolfo Canicoba Corral, avancen con inusitada velocidad. Mucho más aún sorprende que otro juez federal, Daniel Rafecas, se haya tomado apenas 13 días para evaluar los 961 CD y las 5000 horas de grabaciones telefónicas que contenía la denuncia del fiscal Nisman por el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, antes de desestimarla. Una medida que, también irresponsablemente, fue ratificada por dos de los miembros de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Como lamentablemente ocurre con muchas investigaciones policiales en la Argentina, las irregularidades en la primera etapa de los peritajes pueden llevar a que una importante causa judicial quede sumida para siempre en la incertidumbre, así como a relevantes demoras que muchas veces conducen a la impunidad. No es casual que estas situaciones se produzcan cuando las causas judiciales están teñidas por intereses políticos como en ésta, donde desde el gobierno se quiere mostrar que Nisman decidió volarse los sesos al persuadirse de que su denuncia había sido apresurada e inconsistente.

La causa sobre la muerte de Nisman no merece ese final.