Tres opositores de renombre y un ingente número de apoyos tanto nacionales como foráneos. Juan Manuel Santos cosechó un claro triunfo mediático y político con su apretón de manos con el jefe de las FARC y el anuncio de la firma final del proceso de paz en marzo del año que viene. Pero no logró despejar las incógnitas en torno al tamaño de los sapos que sus compatriotas tendrán que tragarse para que la banda terrorista más sanguinaria de la historia de Colombia acepte dejar las armas.

El Centro Democrático del ex Presidente y hoy senador Álvaro Uribe reiteró en un comunicado y diferentes declaraciones públicas que son indigeribles, puesto que supone que la cúpula subversiva no pisará la cárcel. "Bajo el manto de justicia transicional se está disfrazando la impunidad por crímenes de lesa humanidad, con el agravante de que el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema ha abierto la puerta para que el narcotráfico y el secuestro sean delitos conexos con el político", le dijo a este diario la senadora Paola Holguín.

"También es grave porque envía el mensaje de que el terrorismo es una herramienta para conseguir el poder y que la protección de los derechos humanos es sólo retórica", agregó.

En la misma línea se pronunció Alejandro Ordoñez, procurador general de la Nación y una voz que suele discrepar con el Gobierno. "Omitir la pena de prisión para los máximos responsables de la comisión de los más execrables crímenes contra la humanidad, así éstos reconozcan su realización, tendría la consecuencia de convertir el acuerdo en un acuerdo de impunidad, insostenible jurídica y políticamente", manifestó en rueda de prensa.

Lo paradójico es que ambos coincidieron con Human Rights Watch, una prestigiosa ONG con sede en Washington, que suele criticarlos. Su director para América, José Miguel Vivanco, advirtió que de no incluir penas que se cumplan en centros penitenciarios podría dar origen a una intervención de la Corte Penal Internacional.

El meollo de la discrepancia radica en la creación del tribunal 'ad hoc' que será el que decidirá las "sanciones", cuya composición y funcionamiento determinarán al alimón el gobierno y las FARC, y que no sólo juzgará a los guerrilleros sino a militares, empresarios, terratenientes, políticos y otros sectores que hayan tenido alguna participación en el conflicto armado.

El abogado de dicha organización criminal, el polémico letrado español Enrique Santiago, aseguró que en ningún caso escogerán a los magistrados sino que en las negociaciones de La Habana establecerán las exigencias para integrarlo. Y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que habrá una composición plural de mujeres, indígenas y otras minorías, así como expertos en Derechos Humanos.

Las opiniones de las voces oficiales son fiel reflejo del sentir de la calle y que mostraron las redes sociales: una honda división entre los que avizoran una luz de esperanza y los que repudian los pasos dados.