El anuncio es formulado un mes después de la acusación que pesa sobre el dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño por haber aceptado sobornos en el escandaloso fraude a Petrobras.

“Las informaciones del Ministerio Público de Suiza relatan cuentas bancarias a nombre de Da Cunha y sus familiares. Las investigaciones allí se iniciaron en abril de este año y hubo bloqueo de valores”, continúa el escrito, que no informa de las cantidades de cuentas o de dinero en aquellas.

Con el envío de la información recolectada a la Fiscalía brasileña, las autoridades suizas renuncian a su jurisdicción sobre el caso, que pasa ahora a competencia del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, por tratarse de un político con fueros.

“Por ser brasileño nato, Eduardo da Cunha no puede ser extraditado a Suiza. El instituto de transferencia de proceso es un procedimiento de cooperación internacional en el que se asegura la continuidad de la investigación o proceso al verificar la jurisdicción más adecuada para la persecución penal”, explica el comunicado.

El jefe de la Cámara de Diputados es uno de los políticos más poderosos de Brasil y mantiene una guerra abierta con el Gobierno de la presidente Dilma Rousseff desde que la Justicia hizo público el testimonio de un acusado en el gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, que declaró haberle pagado un soborno.

La tensión recrudeció cuando, a finales de agosto, la Fiscalía brasileña lo acusó de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en las primeras denuncias a políticos protegidos por fueros.

El Ministerio Público dijo que Da Cunha recibió sobornos por al menos 5 millones de dólares para la construcción de dos navíos sonda de Petrobras, entre 2006 y 2012.

El escándalo, que le costó más de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal, ha marcado la convulsionada agenda de Brasil este año.

De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron una estructura delictiva para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre quienes formaban parte de la trama de corrupción.