En el marco de las normas holandesas, los puntos de vista del Partido Demócrata Cristiano, CDA, para la lucha contra el terrorismo musulmán, van demasiado lejos. No obstante, el CDA, principal partido de la coalición de gobierno, cuenta con un amplio apoyo en el Parlamento.

El debate se ha concentrado, sobre todo, en la pregunta acerca de si las medidas propuestas son suficientes y no en los argumentos de algunos pequeños partidos de la oposición que opinan que los derechos civiles en los Países Bajos se verán menoscabados con estas nuevas medidas.

El motivo directo del debate y de las medidas propuestas fue el asesinato del cineasta Theo van Gogh, en noviembre del año pasado. El principal sospechoso del asesinato es un musulmán radical, holandés de origen marroquí. Después del asesinato fueron detenidos otros musulmanes holandeses que, según la justicia holandesa, son cómplices del supuesto asesino de Van Gogh y forman con él una red criminal.

Inmediatamente después del crimen de Van Gogh, la sociedad holandesa, conmocionada por el acontecimiento, exigía medidas gubernamentales. Muchos opinaban que la muerte de Van Gogh era parte de una situación general, en la que se incluían los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004 y el anterior asesinato del político holandés Pim Fortuyn.

Todos estos acontecimientos dieron lugar a toda una serie de debates políticos y desembocaron en medidas mayormente teóricas. Ahora el Gabinete liderado por el democristiano Jan Peter Balkenende hace nuevas propuestas, que abarcan la ampliación de los servicios involucrados en la lucha antiterrorista  y una serie de medidas para prevenir atentados terroristas. La pena de cárcel para actos terroristas ya fue aumentada.

Como era de esperar, la propuesta de medidas preventivas ha despertado resistencias. Por ejemplo la prohibición para personas sospechosas de aparecer en la cercanía de lugares estratégicos como el aeropuerto; o la obligación para estos "individuos sospechosos" (según palabras del ministro del Interior) de presentarse con regularidad en la comisaría. Parte de la sociedad holandesa se opone también a la penalización de la aprobación verbal de actos de terrorismo. Las organizaciones de Derechos Humanos opinan que las medidas propuestas limitan la libertad de expresión.

En la sociedad la crítica es bastante amplia, pero esta inquietud no se refleja  con claridad en el Parlamento. Curiosamente, Boris Dittrich, líder del más pequeño partido de la coalición gubernamental, los liberales D66, se ha hecho eco de los holandeses que opinan que las medidas del Gabinete pondrían en peligro el Estado de derecho holandés, dañando la valiosa tradición de libertad para todos los que se encuentran en el país.

Esta intervención de Dittrich ha causado irritación entre las fuerzas de la coalición gubernamental, pero el Gobierno no tiene nada que temer, porque probablemente recibirá el apoyo del mayor partido de la oposición, el socialdemócrata PvdA. Ahora bien, las medidas propuestas tendrán que convertirse primero en leyes, y seguidamente el Parlamento discutirá nuevamente su cumplimiento. No sería esta la primera vez que Holanda se ve enfrentada a la decisión de tomar medidas restrictivas y termina encontrando un camino intermedio.

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