Las alarmas por el deterioro de los derechos humanos en México suenan fuera y fuerte desde hace ya algunos años. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena México por graves violaciones a derechos humanos en el caso Rosendo Radilla de desaparición forzada de los años 70 en Guerrero. La presión fue tal que llevó en 2011 a la reforma constitucional en DH, que, a su vez, abrió la puerta para que se intensificar la observación de crímenes de lesa humanidad como ése y otros, por ejemplo la tortura. En estos años, las estadísticas oficiales acumulan más de 24 mil personas desaparecidas y denuncias de violaciones a derechos humanos contra agentes policiacos y militares, que desde 2006 están en las calles en el combate al crimen. La ilegalidad y la pérdida de convivencia democrática que esos datos reflejan, difícilmente pasan desapercibidos a la comunidad internacional más tratándose de un miembro de la OCDE, socio del Tratado de Libre Comercio y ahora parte del TPP con las economías más fuertes del mundo.

El litigio de estas visitas se ha centrado en el diagnóstico de la problemática, su dimensión y, en consecuencia, el alcance del tratamiento. La evaluación de la CIDH es severa al determinar el carácter de la enfermedad como una “crisis grave de derechos humanos”. Por su lado, el alto comisionado destacó la impunidad del crimen, recomendó fortalecer procuradurías y planteó la necesidad de un cronograma para regresar a los militares a los cuarteles.

En los últimos tiempos han aumentado los señalamientos hacia los militares por violaciones a derechos humanos en casos como Ayotzinapa o Tlatlaya. El gobierno de Calderón dio tareas de seguridad pública al Ejército sin el marco legal adecuado, lo que preocupa por su situación vulnerable. La comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible. Algunos informes como el de la comisión de tortura de la ONU han dado lugar a una áspera confrontación con el organismo internacional.

Pero tras episodios como la descalificación del informe del relator especial de tortura, Juan Méndez, el gobierno mexicano ha dado muestras de cambio de actitud y apertura para recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  sobre Ayotzinapa. Ahora ante los cuestionamientos se limitó a discrepar con el diagnóstico de la CIDH y defender que el caso Iguala y otros que involucran a militares no reflejan la situación del país en derechos humanos. En cambio, resultó muy llamativa, por inusual, la entrada al debate del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para fijar postura sobre la exclusividad de la jurisdicción nacional para investigar y juzgar a los militares.

El ascenso de la voz del Ejército en su propia defensa por acusaciones de violaciones a los derechos humanos, tuvo el efecto de debilitar la presencia del gobierno en el debate y abrir espacio a la polarización de aquellos con los organismos internacionales. En el marco de la visita, la atención se desplazó hacia la interlocución con la cúpula militar, que salió a rechazar por ejemplo, la creación de una fiscalía internacional contra la impunidad, como la de Guatemala ¿Qué significado tiene la irrupción del Ejército en el debate? ¿Cuáles son sus implicaciones políticas y el papel de las Fuerzas Armadas en la descolorida democracia mexicana?.