Es importante reconocer como un triunfo de la sociedad que, hoy en día, no haya político que no se sienta obligado a tomar postura frente a la corrupción y repudie el oscurantismo político que oculta información o se esconde cuando asigna contratos.

La aparición de leyes de transparencia y acceso a la información es un fenómeno posterior a la caída del Muro. Salvo honrosas excepciones, Suecia y Estados Unidos, ni los países con democracias consolidadas, y mucho menos aquellos cuya transición estaba iniciando, tenían leyes que obligaran a los gobiernos a entregar información a la ciudadanía.

Transitamos de la negación, del no hablar del elefante que está en la sala, pero del que no se dice ni pío, a hablar de él constantemente. Corremos dos riesgos. El primero, sentir que todos tenemos el derecho a ser corruptos porque un poco más de deshonestidad ¡ni se nota! Está sociológicamente comprobado que en las calles que están llenas de basura, es más fácil que tiremos un papel sin remordimiento alguno. Cuando se limpia el espacio público la autocontención es mayor.

Hoy todos los actores sociales están conscientes de que la corrupción ha hecho de la política y de la administración pública un basurero, pero nadie encuentra por dónde comenzar la limpieza.

El segundo riesgo es la apropiación del lenguaje para simular un cambio. El peligro está en vaciar las palabras de contenido, asignarles diversos significados hasta convertirlas en un  sinsentido.

Transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción son cuestiones distintas y, aunque parecen conectadas lógicamente, no existe la evidencia empírica que compruebe que mejores leyes de transparencia siempre resultan en una mayor integridad en la política y en el servicio público.

En la edición de octubre de la revista Este País, Eduardo Bohórquez, Irasema Guzmán y Germán Petersen, todos ellos de Transparencia Mexicana, demuestran con datos duros que las Leyes de Transparencia estatales calificadas como las mejores, según la métrica del  Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no se corresponden con los gobiernos menos corruptos.

En 2010 Transparencia Mexicana levantó la encuesta para construir el “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, esta es una encuesta que hogar por hogar mide la victimización real de la corrupción, no habla de percepción, sino de pagos efectivos que disminuyen el ingreso familiar, mordidas necesarias para engrasar el sistema.

El mismo año el CIDE hizo la comparación entre las 33 leyes de transparencia del país. Para sorpresa de muchos, no hay correspondencia entre buenas leyes e integridad en el servicio público. Baja California Sur tenía la peor ley de transparencia y la frecuencia más baja en corrupción en trámites y servicios. El Distrito Federal exactamente al revés.

¿Malas leyes o malas métricas? La respuesta es importante porque estamos en una renovación normativa en la que coinciden la obligada renovación de todas las leyes de transparencia con la construcción del marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción que, sólo en el ámbito federal, exigirá la creación o reforma de dos decenas de leyes.  

Es importante tener buenas leyes, con recursos presupuestales suficientes para poderlas transformar en políticas públicas, igualmente importante será definir los parámetros de medición del éxito o fracaso de éstas. Necesitamos medir más la realidad y menos la normatividad.

Construir un sistema de integridad significa empezar a barrer y trapear el espacio público, de tal forma que nadie se atreva a tirar otro papel porque se sabe vigilado, porque sabe que será castigado eficientemente por la justicia. La honestidad debe ser la costumbre; cumplir la ley, forma de actuar cotidiana de la mayoría. Pasar de las palabras a los hechos es un largo camino. ¡El movimiento se demuestra andando! 

Twitter: @MarvanMaria