Los defensores de Rousseff han echado mano de una serie de tecnicismos que suelen ser decisivos en esos casos y que pueden imposibilitar el proceso contra la mandataria. Tecnicismos que van desde la aplicación de cargos que corresponden a años fiscales diferentes hasta imputaciones que corresponderían a actos de su predecesor, Lula da Silva. La plana mayor de los abogados del PT está totalmente inmersa en el bloqueo jurídico del encausamiento de Rousseff en el Congreso brasileño.

En los últimos días, la batalla legal por el procesamiento ha dado un giro peligroso que tiene que ver con dos novedades. Por un lado, el reconocido jurista Helio Bicudo, fundador del PT, se ha sumado al equipo legislativo que quiere juzgar a Rousseff, mediante la elaboración de un expediente detallado y concentrado en las irregularidades de la mandataria durante el ejercicio fiscal de 2014. La oposición e, incluso, medios cercanos al PT y a la izquierda han sugerido que a Cunha le será más difícil descartar la nueva solicitud de juicio elaborada por Bicudo.

A este nuevo reto se suma, sin embargo, la presentación de una moción ante el Consejo de Ética del Congreso contra el propio líder parlamentario, Eduardo Cunha, firmada por 49 congresistas, en su mayoría del PT. La acusación contra Cunha implica al presidente del Congreso en la misma trama de corrupción de Petrobras que ha llevado a la cárcel a varios corporativos de esa empresa y de otros consorcios de construcción, además de a varios funcionarios de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

De presentarse la nueva demanda elaborada por Bicudo, siendo Cunha la máxima autoridad del Congreso, el juicio político contra Rousseff tendría alguna posibilidad de materializarse. Pero si dicha demanda coincide con alguna sanción contra Cunha, que podría favorecer a algún legislador del PT, aliado del gobierno, es muy probable que el procesamiento de la presidenta vuelva a revocarse. Los más importantes abogados y políticos, líderes partidistas y parlamentarios brasileños están, ahora mismo, enfrascados en una verdadera guerra jurídica a favor o en contra del juicio.

Aun en el caso poco probable de que el juicio político tenga lugar, no representa, ni mucho menos, el fin de la presidencia de Dilma Rousseff. En caso de celebrarse, la presidenta, a pesar de su enorme impopularidad, y el PT movilizarán sus apoyos políticos internos y, sobre todo, externos, que no son pocos. Ya lo están haciendo, tal vez en previsión de que el juicio se apruebe o como una cortina de humo más frente a la gravedad de la crisis.

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