El gigantesco consorcio brasileño Odebrecht ha actuado “como un cártel” en su país de origen y en otros de América y Europa. México no es la excepción, pero aquí el gobierno federal –al contrario que en otras latitudes– no sólo la consiente con contratos multimillonarios, sino que le ofrece la posibilidad de realizar negocios con toda opacidad y una trinchera desde la cual hacerse fuerte mientras enfrenta investigaciones en otros sitios. Y las baterías del emporio sudamericano están enfocadas en Pemex.

Marcelo Odebrecht, heredero de una de las trasnacionales de la energía y la construcción más grandes de América Latina, está preso. Enfrenta en Brasil una serie de procesos por el presunto pago de sobornos para obtener contratos, algo que ya motivó la apertura de investigaciones en otros seis países. No es el caso de México, donde su empresa se consolida en el sector energético con opacidad y gracias a grandes beneficios concedidos por el gobierno.

Con presencia en el país desde 2005, cuando se le asignó la reconfiguración de una refinería, el despegue de la empresa en México se inició en 2011. Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) subastó el proyecto denominado Etileno XXI, en Nanchital, municipio colindante con Coatzacoalcos, en Veracruz, para que construyera y operara un megadesarrollo petroquímico a través de la subsidiaria Braskem, en sociedad con la mexicana Idesa.

Previsto para inaugurarse este mes, Etileno XXI ha sido publicitado como la mayor obra en su tipo de América Latina. Su proveedor será PGPB, que le suministrará gas etano para la producción de etileno, polietileno, polipropileno y otros derivados, con precios y contraprestaciones que permanecen ocultos.

El proyecto de Nanchital no es el único en el que Odebrecht participa. Otra obra opaca, considerada la inversión más grande del sector energético mexicano en décadas, es el gasoducto Los Ramones, que para la construcción de su segunda fase, contrató a la mencionada empresa brasileña en asociación con la mexicana Arendal y la argentina Techint. Ninguna plataforma de transparencia tiene registro sobre el contrato. Sólo por comunicados se sabe que la obra –de 450 kilómetros de longitud– fue asignada por 935 millones de dólares (15 mil 573 millones de pesos).

Meses antes de conseguir dicha asignación, Marcelo Odebrecht visitó México y fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos. El 1 de octubre de 2013, tras una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto, la Presidencia de la República emitió un comunicado anunciando que la gigantesca compañía sudamericana invertiría 8 mil 100 millones de dólares (134 mil 907 millones de pesos) en el país durante los siguientes cinco años, es decir, en el resto de la administración peñanietista.

A mediados de 2014, el escándalo de los sobornos golpeó la imagen del consorcio y llevó a procesos judiciales tanto a la empresa como a su dueño, en Brasil, mientras que los gobiernos de Perú, Ecuador, Panamá, Portugal, Italia y Suiza abrieron investigaciones y auditorías sobre sus contratos, luego de que el magnate Odebrecht fuera detenido y encarcelado el pasado 19 de junio.

Fue justo el periodo del escándalo y la prisión, durante el cual la firma brasileña incrementó sus contratos en México hasta superar los 35 mil millones de pesos sin que ninguna instancia haya transparentado al menos los datos relativos a sus contratos en el sector petrolero.

“Como un cártel”

Al iniciar 2014, la procuraduría general brasileña indagaba a cuatro organizaciones de cambistas que tenían operaciones en los lavados de autos de la ciudad de Curitiba. De ahí que la investigación se conociera como Lava Jato (Lavacoches). Uno de esos cambistas, Alberto Youssef, cuyo teléfono estaba intervenido, le regaló una camioneta Land Rover a Paulo Roberto Costa, un funcionario de Petroleo Brasileiro (Petrobras, empresa pública).

Al notar que el caso podía implicar una red de corrupción internacional a gran escala, el procurador Rodrigo Janot mandó integrar un equipo especial que, por acuerdos de cooperación con Suiza, logró identificar que Costa tenía alrededor de 28 millones de dólares obtenidos de manera inexplicable. Fue entonces cuando se acogió a un programa de “delación premiada” (Proceso 2024).

En agosto de 2014 la información aportada por Costa permitió establecer que grandes constructoras, entre ellas Odebrecht, participaban de un sistema corrupto que implicaba a funcionarios de Petrobras y a tres grandes partidos políticos. Las revelaciones sirvieron para detectar que los constructores se organizaron “como un cártel” que en reuniones privadas decidía el reparto de contratos y los sobornos a funcionarios, que iban de 1% a 5% de los montos contratados.

La investigación siguió adelante con detenidos que se acogieron al mismo programa de delación y, hasta agosto pasado, había al menos 128 personas incriminadas. Con numerosos pedidos de cooperación internacional, los investigadores consiguieron probar en noviembre de 2014 que 32 millones de euros, congelados en Mónaco, se habían triangulado ahí, pasando de Panamá a Suiza, y que quien alimentaba esa cuenta era la empresa de Marcelo Odebrecht, quien siete meses después cayó preso.

El escándalo de corrupción no sólo puso en entredicho el legado del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, sino que, en la vorágine, el gobierno de Dilma Rousseff se tambalea. Por primera vez, los magnates brasileños de la construcción, cuyas empresas son conocidas como “las cinco hermanas”, enfrentan al embate de la justicia.

La periodista Anne Vigna, en un -artículo a propósito del escándalo Petrobras, describió la importancia de la organización Odebrecht en Brasil: “Hablarle a un brasileño del Grupo Odebrecht es como hablarle a un mexicano del Grupo Carso: no pasa un día sin que una parte de su dinero no termine en manos de alguna de sus empresas” (Proceso 1956).

Devastados los negocios de Emilio Odebrecht –brasileño de origen alemán– después de la Segunda Guerra Mundial, su hijo Norberto decidió crear la constructora que llevaría su apellido, en Salvador de Bahía de Todos los Santos, Brasil. Con cierta audacia desarrolló su organización, pero sería a partir de 1964, con el inicio de la dictadura militar que subsistió hasta 1985, que Odebrecht adquiriría grandes negocios.

Como todas las “Cinco hermanas”, Odebrecht participó del desarrollo de la infraestructura de Brasil, para después internacionalizarse. En su página en internet, el corporativo presume estar presente en 21 países, “con negocios diversificados y estructura descentralizada actúa en los sectores de ingeniería y construcción, industria y en el desarrollo y la operación de proyectos de infraestructura y energía”, además de transporte, poseer instituciones financieras y ser fabricante de radares y misiles, pues tiene una división armamentística.

Los escándalos de Odebrecht no sólo se refieren a corrupción para la obtención de contratos, sino que está envuelta en acusaciones por trabajo esclavo y tráfico de personas por sus operaciones en Angola.

Socios de escándalo

En los diferentes países que opera, Odebrecht busca asociarse con empresas locales, y México no es la excepción. Para el proyecto Etileno XXI, la subsidiaria Brasken se asoció con la mexicana Idesa. Con Ica Fluor está asociada para las obras de reconfiguración de la refinería de Tula, Hidalgo; y la brasileña se unió con la argentina Techint y Arendal para el gasoducto Los Ramones.

Ica y Arendal son consorcios mexicanos de larga trayectoria en la edificación de obra pública. En el sexenio de Peña Nieto ambas se han visto beneficiadas con grandes contratos, no exentos de señalamientos. Ica, por ejemplo, se vio implicada en las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro.

También era una de las empresas mayoritarias del consorcio que construiría el acueducto Monterrey VI, compartiendo la asignación a partes iguales con Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la llamada “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica Rivera.

La historia del proyecto Monterrey VI aún no termina y, apenas el jueves 3, un grupo de legisladores locales documentó que había sobrecobros millonarios y pagos indebidos por los estudios previos a la obra, hoy cancelada.

Por su parte, Techint, empresa trasnacional que tiene prácticamente los mismos giros que Odebrecht –y también se originó durante una dictadura, la argentina–, se ha visto implicada en diferentes escándalos de corrupción. En 2006, los ministros de Economía y de Energía en Perú fueron destituidos por corrupción con Techint. Actualmente está salpicada por el escándalo Petrobras.

En México las cosas no llegaron a investigación, a pesar de que Techint, a través de su subsidiaria Ternium, adquirió Hylsa en 2006 a Grupo Alfa, beneficiando al hermano del exsecretario de Economía, Fernando Elizondo Barragán, y en 2007 adquirió IMSA, con beneficio directo para el también exsecretario Fernando Canales Clariond, en ambos casos sin que hubiera transcurrido un año desde que dejaron el cargo, como indica la ley (Proceso 1600)

La expansión

En la reunión de Marcelo Odebrecht con Peña Nieto, el brasileño difundió su intención de expandirse por México. De acuerdo con Presidencia de la República, el hombre de negocios expuso:

“(A Peña Nieto le) informó que a través de sus empresas ese grupo pretende invertir en nuestro país en los sectores petroquímica, saneamiento y energía hidráulica renovable, producción de etanol, azúcar y energía renovable de biomasa, y en concesiones carreteras, un monto aproximado de 8 mil 100 millones de dólares.”

Cinco meses después, cuando el escándalo crecía en Brasil y la organización Odebrecht aparecía como una de las principales implicadas, los negocios en México empezaron a concretarse.

Entonces, como ahora, la opacidad con que se maneja Etileno XXI impide saber a qué se comprometió PGPB, aunque oficialmente sólo le corresponde el suministro de gas etano a la asociación Braskem-Idesa, propietaria del complejo.

Después de varias negativas a solicitudes de acceso a la información, PGPB aceptó publicar una versión pública del contrato suscrito en febrero de 2010. Con el argumento de que al darlo a conocer se afectaría la estabilidad financiera por tratarse de negociaciones en proceso, censuró el precio de venta del etano y las fórmulas para determinarlo, así como diferentes contraprestaciones y las sanciones en caso de incumplimiento.

Por un informe a la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a 2012, se sabe que PGPB comprometió para Etileno XXI una serie de obras en ductos, plantas fraccionadoras, endulzadoras y criogénicas que hasta entonces no se habían realizado. Concluido el proyecto y a unos días de su inauguración, en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) sólo aparecen dos contratos de obras relacionadas.

Según un contrato, para enviar el gas PGPB rehabilitó líneas de diferentes diámetros en el corredor de tuberías del complejo procesador Cactus, por un monto de 5 millones de pesos con una constructora desconocida. En otro contrato, con Ica Fluor, gastó 232.2 millones de pesos en acondicionar e integrar dos plantas criogénicas para recuperar etano y suministrarlo a Etileno XXI, cuando empiece a operar.

La opacidad también está presente en el contrato para la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Norte. En la ya mencionada asociación con Techint y Arendal, Pemex no ha colocado en el POT ni en el portal de compras gubernamentales Compranet, al menos, los datos generales del contrato. El monto de 935 millones de dólares sólo se conoció por un comunicado de la organización Odebrecht en junio de 2014.

En el POT sólo fue posible identificar que PGPB contrató a Odebrecht para acondicionamiento del sitio y “aprovechamiento de residuales” en la refinería de Tula, Hidalgo, por mil 436 millones de pesos el 15 de febrero de 2014, a los que se añadieron 358 millones de pesos el 20 de noviembre siguiente.

El pasado 16 de noviembre, Pemex firmó con las empresas ICA Flour y -Odebrecht los contratos para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. La inversión del proyecto será de mil 200 millones de dólares y la obra estará lista para el segundo trimestre de 2018.

Un año antes, el 6 de noviembre de 2014, Obedrecht-Ica Flour firmaron por 84 millones de dólares un acuerdo para el tratamiento de residuales en Salamanca.

El pasado 27 de octubre, José Luis Grajeda, director de negocios de Odebrecht, sostuvo una reunión con periodistas mexicanos. De acuerdo con la nota publicada ese día por el diario El Economista, el directivo informó que la participación de la empresa en proyectos anclados con el gobierno se incrementará, pues pretenden participar en los gasoductos previstos en el llamado Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía.

No es todo. En la última edición de su publicación Odebrecht Informa, disponible para consulta en la sección de publicaciones de la página corporativa de la empresa, Miguel Peres, uno de sus ejecutivos, abordó su nueva expectativa de negocios:

“En México, tenemos oportunidades en concesiones municipales de agua y saneamiento, y, en el segmento de Utilities, estamos con empresas como (la estatal del sector de petróleo y gas) Pemex y Braskem.”