No sólo es cuestión de enviar así una advertencia contundente a narcotraficantes y otros contrabandistas que tanto abundan en distintas partes del mundo, sino también de reducir el riesgo de que haya más ataques terroristas, como aquel que en septiembre del 2001 causó la muerte de aproximadamente 3.000 personas al impactar aviones secuestrados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington.

Con todo, si bien según las pautas internacionales no debería motivar muchas polémicas la decisión del presidente Mauricio Macri de autorizar el derribo de aviones no identificados en el marco de la Emergencia Nacional en Seguridad que acababa de decretar, la oposición kirchnerista no vaciló un solo segundo en acusarlo de querer introducir "la pena de muerte sin juicio previo", lo que en opinión de los más exaltados es una señal de que está preparándose para instalar una dictadura totalitaria. De estar en lo cierto quienes opinan así, buena parte de América Latina está en manos de dictadores despiadados, ya que los demás países de la región, entre ellos Venezuela, Bolivia y Brasil, tienen leyes de derribo parecidas a la propuesta por los macristas y también por el excandidato presidencial Sergio Massa. 

Asimismo, como ha subrayado el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, en nueve ocasiones el gobierno kirchnerista aplicó un protocolo similar para proteger a dignatarios visitantes, como el norteamericano George W. Bush y el venezolano Hugo Chávez.

Sea como fuere, no es cuestión de ordenar a la Fuerza Aérea derribar enseguida todo avión que por algún motivo entre en el territorio nacional sin pedir permiso. Para evitar malentendidos, las reglas internacionales en este ámbito son bastante severas, razón por la cual es poco frecuente que se produzcan tragedias atribuibles a la ignorancia o al fracaso de los intentos de comunicarse con el piloto de un avión extraviado. Con todo, en el caso de nuestro país, existe la posibilidad de que se produzcan accidentes lamentables debido al atraso tecnológico de la Fuerza Aérea, que no cuenta con un sistema adecuado de radares –sólo tiene algunos radares portátiles– o muchos aviones que estarían en condiciones de interceptar eventuales intrusos. En otras palabras, el argumento principal en contra de la ley de derribo tiene menos que ver con el respeto por los derechos humanos de presuntos narcotraficantes o terroristas, como dan a entender los kirchneristas y sus aliados circunstanciales, que con la debilidad realmente extraordinaria de quienes deberían desempeñar un papel clave en la lucha contra el flagelo de la droga que tantas muertes está provocando.

El gobierno macrista, con el apoyo de una parte de la oposición, está resuelto a librar una guerra sin cuartel contra los narcotraficantes que se instalaron en el país en los años últimos. Para derrotarlos, tendría que enfrentar una multitud de intereses creados, ya que no es ningún secreto que los narcos cuenten con la colaboración de por lo menos algunos policías, políticos y magistrados. Si bien en principio son legítimos los reparos de quienes se afirman preocupados por la voluntad oficial de avalar una ley de derribo, parecería que en la mayoría de los casos ha pesado mucho más la hostilidad hacia un gobierno supuestamente "neoliberal" que el temor a que esté por iniciarse otro período signado por el abuso sistemático de los derechos humanos. 

De todos modos, la reacción airada de una parte de la oposición frente a la decisión oficial de dar prioridad a la lucha contra los cárteles de la droga ha servido para llamar la atención a la incapacidad de las autoridades del país de impedir que las fronteras sigan siendo tan porosas que cualquiera podría entrar o salir sin demasiados problemas. Así, pues, además de preocuparse por los vuelos clandestinos, el gobierno tendrá que reforzar las defensas terrestres, algo que no le será fácil si se resigna a que la Gendarmería continúe actuando como una especie de reserva policial empleada para ayudar a mantener el orden en el conurbano bonaerense y otros lugares alejados de las fronteras nacionales por las cuales entran cantidades, a veces industriales, de drogas prohibidas.