Fue un primer paso. Con la salida del presidente Martelly, el 7 de febrero, y el traspaso del poder al Presidente de la Asamblea Nacional al tiempo que el Primer Ministro y su Gabinete permanecieron en funciones, se evitó lo peor. Sin embargo, es imperioso seguir trabajando hacia una salida democrática sustentable a la crisis política haitiana agudizada tras la suspensión de la segunda vuelta electoral del domingo 24 de enero.

Tras la solicitud del Presidente Michel Martelly, la OEA envió una misión que trabajo para que los propios haitianos encontrasen alternativas viables en esa dirección. La OEA asumió este papel en un contexto complejo, en un país que ha sufrido una paulatina erosión de la democracia, y en el que la labor de la comunidad internacional no ha sido la más eficiente. Así, se ha reproducido un sistema carente de garantías y de transparencia.

La falta de transparencia en elementos de la clase política, que genera dudas sobre enriquecimientos indebidos, se refleja también en la incapacidad de brindar certezas a la ciudadanía al amparo de una conspiración constante vestida de mensajes ajenos a la verdad y a la ética. Las reacciones iniciales sobre la misión de la OEA fueron un buen ejemplo de ello, sin pretender dejar por el camino las responsabilidades que el organismo tiene por errores del pasado.

Aun frente a todas estas dificultades, la misión encabezada por el Embajador Ronald Sanders de Antigua y Barbuda, actual Presidente del Consejo Permanente de la OEA, se realizó de forma imparcial. Propició un dialogo plural para que el pueblo haitiano se pueda expresar libre y legítimamente acerca de quienes deberán ser sus líderes.

En seguimiento al acuerdo firmado el 6 de febrero por el ex Presidente Martelly y los Presidentes de ambas Cámaras legislativas, se está avanzando en la conformación de un gobierno de transición representativo y plural con un Presidente de transición.

La selección de un primer ministro de consenso por parte del Presidente y aprobado por la Asamblea Nacional, debería poner en ejecución las recomendaciones de la comisión electoral que estableció el Presidente Martelly, la cual tuvo una composición plural de cinco miembros más un observador designado por el Ejecutivo.

La comisión concluyó que el proceso electoral debía ser mejorado y sugirió una serie de medidas inmediatas. Algunas fueron implementadas y otras fueron ignoradas y deberán ser tenidas en cuenta de cara a las próximas elecciones prevista para el 24 de abril.

La legitimidad y sustentabilidad de este gobierno de transición debe estar garantizada por la participación y el compromiso de todos los actores políticos y sociales relevantes de la sociedad haitiana. Es fundamental que los actores políticos generen instancias de diálogo. Sin un diálogo entre los haitianos no será posible construir un necesario acuerdo político de largo plazo,

Es bueno recordar que la OEA ha desplegado en Haití una misión de Observación Electoral (MOE) desde agosto de 2015. El 9 de agosto observó la primera vuelta de las elecciones legislativas. Seguidamente, el 25 de octubre de 2015 tuvieron lugar tres elecciones diferentes: la primera vuelta presidencial, la segunda vuelta para la mayoría de las elecciones legislativas y la primera vuelta de las elecciones municipales/locales.

La MOE/OEA emitió declaraciones preliminares sobre los procesos. Bajos niveles de participación electoral, crecientes niveles de tensión, polarización y violencia, y un excesivo retraso en dar a conocer los resultados oficiales, sumado a una presencia excesiva de representantes partidarios en los centros de votación, fueron algunos de los elementos que contribuyeron a erosionar la credibilidad del proceso electoral.

La renuncia sucesiva de varios de sus miembros, incluido su Presidente, es uno de los factores que socavó el papel del Consejo Electoral Provisional (CEP) como cuerpo imparcial y técnico con la capacidad de conducir y supervisar los procesos electorales en marcha.

Por nuestra parte, la Secretaría General de la OEA y su MOE adoptaron, en las pasadas elecciones, una posición neutral, profesional e imparcial. Nuestro compromiso con Haití y su pueblo seguirán, guiado por la protección de los derechos políticos y el fin último de contribuir al fortalecimiento del proceso electoral como el único origen legítimo del ejercicio democrático del poder.

La más absoluta garantía de derechos civiles y políticos es imprescindible en esta construcción. Aplastar las diferencias no resuelve los problemas políticos. Los costos sociales de esta operación son demasiado grandes y paralizan a los países en el pasado, negándoles la posibilidad de progresar.

Luis Almagro es Secretario General de la OEA