Si la experiencia empírica en el tema de control de armas sirve de referencia, lo que podemos esperar si se implementara tal medida sería una escalada aún mayor en la violencia que azota a Costa Rica. Veamos por qué.

Primero, resulta bastante lógico esperar que una “prohibición total” sea acatada únicamente por las personas respetuosas de la ley. Las armas continuarán en las calles pero esta vez en manos exclusivas de los criminales, quienes de todas formas no obedecen las leyes, mientras que los ciudadanos respetuosos de las mismas serán desarmados por sus propias autoridades. Segundo, los criminales son gente racional que ataca dadas ciertas circunstancias. Nunca atacarán a alguien que les pueda causar problemas, por eso buscan víctimas que estén “en desventaja” y un arma de fuego cumple precisamente la función de igualador entre el atacante y la víctima. Sin armas como mecanismo de defensa de las víctimas, los criminales harán “mesa gallega” en las calles.

La experiencia internacional respalda esta hipótesis. Si bien es cierto que Holanda y Canadá están entre los países con las leyes más severas en cuanto a control de armas, lo mismo puede decirse de Brasil y Rusia, sin que ello haya frenado las altísimas tasas de crimen de esas naciones. Por su parte, Suiza e Israel cuentan con uno de los niveles de tenencia de armas más altos en el mundo, pero al mismo tiempo estos países cuentan con bajos niveles de criminalidad. La mejor manera entonces de determinar si el control de armas funciona es medir su impacto antes y después de que la ley entre en vigencia.

¿Funcionaría una prohibición? En Gran Bretaña se hizo ilegal la tenencia de armas de fuego en 1997, sin embargo eso no evitó que la violencia armada aumentara un 40% desde entonces, de tal forma que hoy en día más súbditos británicos mueren a causa de armas de fuego que antes que el Parlamento prohibiera su tenencia. La policía de ese país indica que la violencia se ha “diseminado como un cáncer”, según reporta la revista Observer. Por las mismas fechas Australia también prohibió una amplia variedad de armas de fuego. No obstante, en los 4 años después de que la ley fuera aprobada los asaltos a mano armada aumentaron un 51%, los ataques violentos un 24% y los homicidios involuntarios en un 16%.

¿Y qué sucede cuando se les permite a los ciudadanos portar armas? En Estados Unidos, más de una treintena de estados han flexibilizado los requerimientos para andar armado y han experimentado en promedio reducciones del 4,4% en el crimen violento, 10% en los homicidios, 3% en las violaciones, y 5,7% en los asaltos agravados como lo han demostrado las investigaciones del economista John Lott del American Enterprise Institute.

El debate que ha provocado en otros países propuestas tendientes a limitar el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego ha generado una amplia literatura de investigación de la cual podemos sacar valiosas conclusiones. La más importante es que desarmar a la ciudadanía es contraproducente con el objetivo de reducir los índices de violencia de un país. Aparte de fomentar aún más la existencia de un mercado negro sin controles mínimos y de violar el derecho básico que tenemos a defender nuestra vida y familia con un arma de fuego, una prohibición como la propuesta por el señor González les facilitaría el trabajo a los criminales al reducir substancialmente la capacidad de defensa efectiva por parte de sus víctimas.

Juan Carlos Hidalgo es es director del Proyecto Latinoamericano del International Policy Network, una ONG en Londres que promueve las instituciones de una sociedad libre.