El dispendio escandaloso, el uso político de las instituciones y la corrupción despachan en la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.
Documentos recabados a través de la plataforma
Méxicoleaks y testimonios evidencian que la cabeza del Inmujeres, Lorena Cruz
Sánchez, ha despedido a 73 funcionarios que no le resultaban cómodos, ha
gastado dinero público a raudales, usado parte del erario para costear gastos
de amigas, e incluso bloqueó una iniciativa que pudo haber salvado la vida de
mujeres mexiquenses.
Abusos laborales, despilfarro de recursos públicos,
favoritismo, entrega amañada de contratos y nulo compromiso con la igualdad de
género marcan la gestión de Lorena Cruz Sánchez al frente del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), según se desprende de documentos oficiales
recibidos a través de la plataforma Méxicoleaks.
Una muestra: en noviembre de 2014 y agosto de 2015
Cruz Sánchez otorgó dos contratos por un monto de 833 mil 620 pesos para
“servicios de asesoría y acompañamiento”. La beneficiaria de dichos contratos
fue Martha Vianey Luque Inzunza, cirujana dentista por la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM). Eso sí, tiene el mérito de ser suplente de la
senadora María Elena Barrera Tapia, electa en 2012 por el distrito de Toluca
bajo la bandera del PVEM.
Cara le ha salido al Inmujeres la política laboral de
su presidenta, quien ha hecho su carrera política al amparo del exgobernador
mexiquense Arturo Montiel y del actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto.
En los tres años que lleva al frente de la instancia
encargada de promover la igualdad de género en el país, Cruz Sánchez ha
despedido a 73 “puestos de mando” con un costo para el erario de más de 32
millones de pesos, equivalente a 10% de sus gastos de operación durante 2015.
Despidos “por acuerdo mutuo”
Los documentos filtrados a través de Méxicoleaks
establecen que entre 2013 y 2015 fueron liquidados “por acuerdo mutuo” cinco
directores generales, cuatro directores generales adjuntos, 19 directores de
área, 32 subdirectores de área, 10 jefes de departamento y tres enlaces; entre
ellos, personas que apoyaron la denuncia laboral de una trabajadora contra
Norma Angélica Contreras Félix, quien hasta julio pasado era directora general
adjunta de Asuntos Internacionales.
Los montos de las liquidaciones variaron de 92 mil 674
pesos a 1 millón 112 mil pesos y sumaron un total de 32 millones 973 mil pesos,
ya que varias de las personas despedidas llevaban laborando en el Inmujeres más
de una década.
Los despidos fueron resultado de hostigamientos,
abusos y humillaciones sistemáticos por parte de la presidenta y su círculo
cercano de colaboradoras, explica a Proceso una extrabajadora del Inmujeres que
aceptó hablar a condición de que su nombre no apareciera, pues a raíz de su
liquidación –el año pasado– consiguió otro puesto en la administración federal.
El 10 de febrero de 2015 Nora Alejandra Hernández
Pineda, trabajadora de Inmujeres, presentó una denuncia contra Contreras ante
el Comité de Actuación para dar Atención Administrativa de Prevención y
Atención a Acoso Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual del Instituto. En la
denuncia –de la que Proceso tiene copia–, Hernández Pineda señala que fue
“víctima y testigo a su vez de actitudes de discriminación y violencia hacia mi
persona y a otras personas, situación que antes en el área jamás se había
presentado, jamás, bajo ninguna autoridad”.
Y enumera los abusos: “maltrato verbal”, “menosprecio”
a su trabajo, “amenazas directas” de despido y otros actos “absolutamente
violatorios a todas las normas que el instituto conoce y promueve”.
En la denuncia aparece una lista de seis personas que
fueron corridas por la funcionaria, así como de otra que renunció al área de
Asuntos Internacionales.
Por su parte, la extrabajadora relató a este semanario
que ocho personas se presentaron como testigos ante el comité y abundaron en el
sentido de la quejosa. El órgano sancionó a Contreras con cinco días de
suspensión y abrió cinco nuevos procesos a raíz de los testimonios recabados,
por lo que Contreras tuvo que salir del Inmujeres.
Pero pocos meses después de este caso, Naina López,
asesora jurídica del instituto y quien había apoyado a la quejosa; Rafael
Padilla, director de Recursos Humanos y quien presidió el comité; Minerva
Melgoza, directora de Cultura Institucional, y Minerva del Riego, directora de
área de Asuntos Internacionales y quien también había aportado su testimonio,
fueron removidos de sus cargos.
Dinero para lucimiento
Los documentos obtenidos a través de Méxicoleaks
detallan las erogaciones del Inmujeres durante el 59 Periodo de Sesiones sobre
la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede la ONU en Nueva York
en marzo de 2015.
Los integrantes de la comitiva mexicana recibieron del
Inmujeres un promedio de 360 dólares diarios para alimentación y hospedaje en
el hotel ONE Millenium, a una cuadra y media de la sede de la ONU. Pero Cruz
Sánchez y su “asesora” Santa Alma Luz Calderón Salgado –quien fue funcionaria
en el Estado de México durante 30 años– recibieron 630 dólares diarios, cada
una, por los mismos conceptos.
Según la extrabajadora entrevistada, la diferencia se
debe a que Cruz prefirió hospedarse en el hotel Sofitel, en la avenida
Lexington, donde además de a su “asesora” también alojó a su hija y a sus
padres, cuyas habitaciones fueron pagadas con recursos del Inmujeres. Durante
la estancia en Estados Unidos, abundó la mujer, Calderón Salgado –quien no
tenía acreditación para asistir a las conferencias– cuidó a la hija de Cruz.
Feminista dudosa
El 17 de enero de 2013, la oficina de Enrique Peña
Nieto emitió un comunicado en el que oficializó el nombramiento de Cruz a la
cabeza del Inmujeres. El anuncio provocó reacciones indignadas entre las
organizaciones feministas, las cuales denunciaron un proceso de designación
amañado que desembocó en un “dedazo” presidencial.
Titular de una licenciatura en administración de
empresas por la UAEM, Cruz inició su carrera política en el gobierno mexiquense
de Arturo Montiel como directora general del DIF estatal, instancia presidida
por Maude Versini, entonces esposa del mandatario.
Cuando en 2006 Peña Nieto asumió como gobernador en
ese estado, trasladó a Cruz a la Secretaría de Desarrollo Social estatal y en
2007 la puso a la cabeza del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
En esta instancia Cruz operó para impedir a toda costa
–incluso con mentiras– que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG)
en el Estado de México, pues hacerlo afectaría la imagen del candidato Peña
Nieto y dificultaría sus planes para llegar a Los Pinos, según documentó el
periodista Humberto Padgett en un reportaje publicado en agosto de 2015 por el
portal Sinembargo.
El 11 de enero de 2011 se reunieron los representantes
de las dependencias que integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el fin de determinar
si se formaría un comité de expertos que, a su vez, decidiría declarar o no la
AVG en la entidad, tal como lo pedían organizaciones defensoras de derechos
humanos.
Durante la sesión, Lorena Cruz dejó a Martha María del
Carmen Hernández Álvarez –su asesora jurídica– la tarea de bloquear la
propuesta. Ella declaró que la solicitud de las organizaciones buscaba llevar
“a primera plana a una persona que lo único que tiene de mal es el hecho de que
sea carismático o que lo ven como un enemigo a vencer”, en referencia a Peña
Nieto.
Cruz respaldó el discurso de Hernández, al reiterar
que “la época en que nosotros estamos es año electoral”.
Según Padgett, Hernández presentó a la audiencia
cifras amañadas –no cuadraban con las bases de datos oficiales de la Secretaría
de Salud y utilizaban una metodología engañosa– y, durante su exposición, no
pronunció una sola vez la palabra “feminicidio”.
La propuesta de formar un comité de expertos fue
rechazada con 20 votos en contra, entre los cuales figuraban todas las
directoras de institutos de la mujer de estados priistas y Lorena Cruz.
La académica y feminista Alicia Elena Pérez Duarte fue
una de las voces más críticas contra el nombramiento de Cruz, debido al
desempeño de ésta como “encubridora de la violencia contra las mujeres” en el
Estado de México y por su “completa incapacidad de entender de los derechos
humanos de las mujeres”.
Tres años más tarde, la exfiscal de delitos contra
mujeres de la Procuraduría General de la República lamenta, en entrevista con
Proceso, que “Lorena Cruz llegó a correr a personas que tenían trabajando ahí
desde el Programa Nacional de las Mujeres (1995-2000), sin ponerse a evaluar quiénes
eran”, mientras que “a personas con inhabilidad comprobada las dejó”.
Pérez subraya que el Inmujeres “dejó de tener una
posición de liderazgo en la política pública” de igualdad de género, citando
como ejemplos la desarticulación de estrategias de prevención.
En materia de violencia de género, México presenta
cifras alarmantes: un feminicidio ocurre cada tres horas y 20 minutos en el
país –con una tasa de impunidad de 98.4%–, una violación sexual es perpetrada
cada nueve minutos –las víctimas denuncian solamente una décima parte de
ellas–, y una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente durante su
adolescencia.
Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, seis de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia de
género durante 2012, cuatro de cada 10 fueron agredidas por su pareja, y 15% de
las mujeres reportaron que sufrieron alguna agresión pública.
El pasado 22 de septiembre, el relator especial de las
Naciones Unidas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW), Zou Xiaoqiao, determinó que México incumplió con cinco
recomendaciones que el comité emitió en 2012.
Entre ellas, el comité señaló las inconsistencias de
la política de género en materia de desaparición forzada, observó que los protocolos
para emitir las alertas Ámber y Alba bloquean la búsqueda inmediata de mujeres
desaparecidas y denunció que el Estado no armonizó las leyes en materia de
aborto legal.