Para sorpresa de nadie, los dos disfrutan del apoyo anímico entusiasta de otros dirigentes populistas, como el venezolano Nicolás Maduro, el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, que saben muy bien que, tarde o temprano, ellos mismos podrían verse obligados a rendir cuentas ante la Justicia de sus países respectivos. Asumirán la misma actitud cuando nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, comience lo que a buen seguro será un periplo prolongado, tal vez vitalicio, por los tribunales. No es que los bolivarianos los crean inocentes, sino que entienden que, para defenderse, los acusados de enriquecerse a costa de sus compatriotas no tienen más alternativa que la de intentar movilizar a sus simpatizantes para que los fiscales, jueces y, desde luego, los gobernantes decidan que no sería de su interés tratarlos como si fueran personas comunes.

En América Latina son muchos los convencidos de que el antiimperialismo da fueros, ya que les permite tratar lo que en otras circunstancias sería un asunto jurídico como un capítulo más de la saga protagonizada por norteamericanos prepotentes y paladines de la independencia. Como Cristina que, al producirse a inicios de su gestión el episodio rocambolesco del valijero venezolano que traía al país 800.000 dólares "para la campaña", se afirmó víctima de una maniobra de la siniestra CIA norteamericana, los populistas aprovechan la noción, que está muy difundida en círculos supuestamente progresistas, de que todo cuanto perjudica a los resueltos a oponerse a la influencia estadounidense en la región tiene forzosamente que ser repudiado con la indignación correspondiente.

Las consecuencias de tal forma de pensar han sido perversas. Al hacer de la defensa de la corrupción un deber patriótico, como si fuera cuestión de una costumbre entrañable amenazada por puritanos foráneos que, para más señas, son hipócritas porque en sus propios países abundan los políticos venales, los líderes de la izquierda populista regional traicionan los principios que suelen reivindicar. Mientras que los socialistas de otros tiempos privilegiaban la honestidad personal, quienes se suponen sus sucesores la desprecian, con el resultado de que en la actualidad sociedades enteras se asemejan a bazares en que la política consiste en el intercambio de favores, en el "toma y daca" que, según el ministro del Interior Rogelio Frigerio, los peronistas se han propuesto jugar en el Congreso al condicionar sus votos a lo que el gobierno del presidente Mauricio Macri se sienta constreñido a ofrecerles. Asimismo, en países en que los líderes son considerados corruptos, también lo serán casi todos sus subordinados, desde los ministros más encumbrados hasta los concejales de municipios menores, porque nadie tendrá la autoridad moral suficiente como para persuadirlos a obrar de otra manera.

De haber conservado su vigencia los principios del pasado no muy lejano, los progresistas serían los más decididos a combatir la corrupción por suponerlo un vicio típicamente derechista y por lo tanto antipopular, pero en América Latina los roles así supuestos se han invertido. Sectores progresistas o izquierdistas aún influyentes se oponen por motivos indisimuladamente políticos a la investigación de delitos presuntamente cometidos por sus correligionarios, mientras que dirigentes de perfil considerado "derechista" quieren que todo quede en manos de la Justicia. A veces su voluntad de dar prioridad a la ética puede ocasionarles dificultades, ya que, como aprendieron los macristas en el transcurso de la campaña electoral, no se verán beneficiados por duda alguna si un candidato suyo, como sucedió con Fernando Niembro, se ve acusado de una conducta que, de haber sido cuestión de un kirchnerista, no hubiera llamado la atención de nadie, pero a cambio de tales desventajas han conseguido apoderarse de una causa auténticamente popular, una que les permitió triunfar tanto en la carrera presidencial como en la que se celebró en la provincia de Buenos Aires.