Aun cuando la Justicia finamente decidiera que la presidenta Dilma Rousseff y su mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, no violaron ninguna ley, lo que a esta altura parece poco probable pero no debería descartarse, una parte sustancial de la sociedad brasileña continuaría considerándolos culpables de enriquecimiento ilícito, además de complicidad con un sinnúmero de políticos y empresarios venales. Tampoco sería una solución definitiva el eventual reemplazo del gobierno actual por otro de signo político distinto, como podría suceder en el caso de que prosperaran los intentos de impulsar el juicio político de Dilma, ya que los simpatizantes de la presidenta y Lula lo considerarían ilegítimo y procurarían destituirlo. Mientras tanto la economía, que está contrayéndose a una velocidad alarmante –en el 2015 el producto bruto de Brasil perdió el 3,8% de su valor y se prevé que el resultado del año corriente sea igualmente negativo–, seguirá golpeando a decenas de millones de personas que hasta hace poco se creían a salvo de la miseria y que, como es natural, tratarán de desahogarse participando de las manifestaciones a favor o en contra de la presidenta y su antecesor.

No sólo en Brasil sino también en casi todos los demás países latinoamericanos, el grueso de la ciudadanía está dispuesto a minimizar la importancia de la corrupción en los buenos tiempos por suponer que en cierto modo sus presuntos benefactores merecen recibir algo más que un sueldo no muy generoso y que, de todos modos, sería mejor no crear situaciones políticas que podrían tener consecuencias desafortunadas. Pero si la economía comienza a rodar cuesta abajo, muchos cambian de postura. En vez de pasar por alto la corrupción de sus gobernantes, tratándola como un tema menor, piden que la Justicia la investigue ya que en una democracia nadie debería estar por encima de la ley. He aquí una razón por la que en esta parte del mundo el impacto político de las crisis económicas suele ser tan fuerte que a pocos gobiernos les es dado manejarlas con pericia. Siempre tienen que tomar en cuenta lo peligroso que les sería perder el poder que les permite manipular la Justicia y por lo tanto temen tomar medidas ingratas porque saben que sus adversarios no vacilarán en aprovechar la oportunidad para atacarlos, acusándolos no sólo de ineficacia administrativa sino también de deshonestidad sistemática. Es lo que ha sucedido en Brasil. De no haber sido por el estado calamitoso de una economía que, antes de frenarse, optimistas tanto brasileños como norteamericanos y europeos esperaban ver expandiéndose a un ritmo muy rápido, las protestas callejeras multitudinarias que desde hace un par de años son frecuentes en las ciudades principales de nuestro vecino no hubieran adquirido las dimensiones imponentes que las caracterizan.

No cabe duda de que la voluntad generalizada de tolerar la corrupción cuando parece que la economía está funcionando bien ha contribuido mucho a frenar el desarrollo de los países de la región. Al instalarse la idea de que la ciudadanía haya optado por permitirles violar la ley, muchos integrantes de un nuevo gobierno privilegiarán sus propios intereses en desmedro de los del conjunto, lo que, además de incidir de manera sumamente negativa en su gestión, suministra a sus adversarios municiones que tarde o temprano utilizarán para perjudicarlos. 

El resultado inevitable de la costumbre difundida de gobernar por uno mismo, sin preocuparse por los demás, es la temida "judicialización de la política" que a menudo se ve acompañada por aberraciones como la campaña que han emprendido los partidarios de Dilma y Lula para convencer al mundo de que todos sus problemas se deben a una conspiración urdida por sus enemigos ideológicos. Puede que no se hayan equivocado por completo, pero sucede que los dos, con la colaboración entusiasta de muchos otros miembros de la clase política local y el empresariado, se las arreglaron para darles todo cuanto necesitarían para desprestigiarlos.