El Gobierno de Mauricio Macri ha mostrado este miércoles que puede cumplir con sus promesas (o por lo menos algunas de ellas). Uno de sus objetivos fue el de insertar a Argentina otra vez en el mundo y una de las formas para hacerlo es recuperar la confianza externa. Difícil con un país que no le paga a sus acreedores. Para revertir esta situación, el gobierno argentino llevó al Congreso un programa de acuerdo con los llamados «fondos buitre», que ha logrado este miércoles un arrollador apoyo ya que el partido del presidente, Cambiemos, con 89 legisladores y siendo minoría, se impuso con un apoyo opositor superior al esperado por 165 votos contra 86 tras un debate de casi 20 horas.

El proyecto de Macri prevé otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda hasta por 12.000 millones de dólares en los mercados internacionales (la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996).

Si bien aún queda la aprobación en el Senado, de conseguirse, el proyecto supondría un gran paso hacia la salida del país del default (cesación de pagos)t, una vez que se le pague a los llamados «holdout», (apodados «fondos buitres» por los kirchneristas). Ahora bien, ¿qué son y por qué tantos quebraderos de cabeza le han traído los «buitres» al país? Son fondos de inversión que compran títulos de deuda que están en cesación de pagos. El objetivo es, mediante la especulación financiera, comprar estos fondos a empresas o estados al borde de la quiebra, a un 20% o al 30% de su valor nominal para luego presionar por el pago del 100% del valor.

El país entró en default en diciembre de 2001 por unos 100.000 millones de dólares con la famosa y terrible crisis económica de aquel año. Con esta deuda se llegó a dos reestructuraciones: una en 2005 y otra en 2010 que consistía en pagar menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores. Esta condición fue aceptada por un 93 por ciento de los bonistas. ¿Pero qué pasó con el 7% restante? «No aceptaron las condiciones y son los que han ido a juicio. Lo ganaron con un arma muy poderosa, que son los contratos de deuda, cuya letra dice que para poder cambiar las condiciones, para poder hacer un reestructuración de la deuda pública, se requería un 100% de acuerdo y Argentina en realidad consiguió un 93%», explica el economista José Luis Espert.

Por si esto fuera poco, a principios de 2005 y a instancias del gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso sancionó la Ley Cerrojo que violó los términos y condiciones de los bonos, es decir, la cláusula «pari passu» que viene a decir algo así como que para un mismo bono no se puede establecer dos categorías diferentes de acreedores: los que cobran del parte del deudor (los que aceptaron los canjes en el caso de Argentina) y los que no (los que no lo aceptaron y litigaron).

La demanda de los que no estaban dispuestos a aceptar estas condiciones se hizo ante los tribunales de Nueva York y cuentan con una sentencia firmada por el juez Thomas Griesa que falló a favor del pago total.

«En la última década, el “relato” de los K, dijo que ese 93% representaba el 100% desconociendo ese 7% disconforme, por lo que era evidente se iba a entrar en litigio», explica Espert. Pero aparte de violar los contratos, el país sanciona una ley en 2014, durante el gobierno kirchnerista, la llamada ley de pago soberano que cambia la jurisdicción de los bonos, es decir, el domicilio de pago era Nueva York y lo cambian a Buenos Aires poder poder eludir el fallo de Griesa.

Por lo tanto, hay dos instrumentos legales que perjudican a la Argentina. Primero, pierde el juicio en Nueva York al violar los contratos firmados en los años 90 haciendo las reestructuraciones de 2005 y 2010 a través de la ley cerrojo y desconociendo para que hacer un canje exitoso se requería, según los contratos firmados, el 100%, y luego, entra en desacato con la ley de pago soberano.

Ahora el macrismo viene un otra lógica: «Quiere salir del default, derogar la ley de pago soberano y la ley cerrojo y pagar lo que corresponde a los holdouts. Una vez que ocurran esos tres eventos, Argentina podrá retomar los pagos». Pero la condición para ello es que Griesa levante las medidas cautelares que condicionan a la Argentina para que si quiere pagarle a los que aceptaron también lo haga a los que no. En este sentido, también hay que tener en cuenta que la causa ahora no está en el juzgado de Griesa, sino en la Cámara de Apelaciones ya que todos los holdouts, tanto los que acordaron como los que no, han apelado. Argentina ha pedido y la Cámara aceptó un fallo pronto (como muy tarde el 4 de abril) sobre esas apelaciones. «Es muy probable que la Cámara falle a favor de Argentina y cuando el caso vuelva a Griesa, este levante las cautelares», señala Espert.

Salir del deshonor financiero

Pero los pasos parecen darse. Ahora, es el turno del Senado. «Lo más probable es que Argentina derogue las leyes y que eso ocurra la semana que viene. Antes de fines de marzo las dos leyes estarán derogadas», especula Espert. Ojalá así sea puesto que al país le queda poco tiempo. El mediador entre el país y los acreedores, Daniel A. Pollack advirtió de que el acuerdo para saldar la deuda expira el 14 de abril si no se ha realizado el pago, que será, aclaró, «en efectivo y en dólares».

¿Qué supone el pago a los holdouts para la Argentina? «Ahora mismo tenemos la peor calificación del club de París, por estar en default estamos sufriendo serias consecuencias como recesión, inflación, no hay acceso al crédito. En definitiva, cuando emites deuda hay que pagarla y debemos salir del deshonor financiero». Aunque sea mucho dinero, Espert aclara que no se pagará todo del “tirón”: «Esta emisión se hará en 10 años promedio. Son 10.000 millones teniendo en cuenta que tenemos un PIB anual de 400.000 millones.

La pregunta es qué pasará una vez que tengamos ese crédito. «¿Qué haremos? ¿Lo de siempre? ¿Gasto público por encima de la recaudación de impuestos y emisión de deuda hasta que otra vez lleguemos al default? Hay que evitar los círculos viciosos que vivimos en los 70 y 90».