Desde hace más de un año, Dilma se ha visto obligada a subordinar todo a sus esfuerzos por mantenerse en el cargo y ahora el resultado de la votación en la Cámara de Diputados la ha debilitado hasta tal punto que ya no está en condiciones de seguir tratando de gobernar un país que se encuentra inmerso en una gran crisis política, social y económica. ¿Lo estará su presunto sucesor, el vicepresidente actual Michel Temer? La verdad es que no hay muchos motivos para creerlo. 

Los partidarios de Dilma, encabezados por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo tratarán como un traidor. Asimismo, si bien una mayoría sustancial de los legisladores optó por sumarse al movimiento ya multitudinario que está reclamando la destitución de la presidenta, son muchos los brasileños que se inclinan por creerla víctima de una conspiración golpista contra un gobierno popular. Si bien quienes piensan de tal modo constituyen una minoría, no les faltan razones para cuestionar la sinceridad de los interesados en ver caer a Dilma. Por cierto, el que los parlamentarios no la hayan acusado de enriquecimiento ilícito o algo similar, sino de haber empleado créditos de bancos públicos para financiar planes sociales con fines electoralistas, una irregularidad que parece menor en comparación con las perpetradas por muchos otros dirigentes brasileños que han sido denunciados por participar del megaescándalo de corrupción protagonizado por Petrobras, la empresa estatal que durante años repartió dinero entre legisladores y funcionarios, hace más convincente el planteo de quienes atribuyen la ofensiva contra Dilma a cálculos netamente políticos.

Tendrán razón aquellos que insisten en que la presidenta debe su triunfo, por un margen muy estrecho, sobre su rival Aécio Neves en la segunda vuelta electoral en el 2014 a la contabilidad creativa que le permitió minimizar la gravedad de los problemas económicos de su país, pero sucede que en virtualmente todas las democracias los candidatos procuran manipular los números para que los ayuden. Lo hecho por Dilma en el 2014 no guarda comparación alguna con las falsedades estadísticas que fueron difundidas aquí por el oficialismo kirchnerista en el transcurso de la campaña electoral del año pasado, pero por motivos comprensibles los demás integrantes de la clase política brasileña no querían atacarla por los actos de corrupción que pudo haber cometido, ya que demasiados se han visto acusados de conducta decididamente peor y por lo tanto carecen de autoridad moral.

Así y todo, la mayoría de los brasileños parece haber llegado a la conclusión de que las dificultades sociales y económicas de su país están íntimamente vinculadas con la corrupción sistemática de la clase dirigente, tanto política como empresarial. Es por dicho motivo que millones de personas que se sienten defraudadas por sus gobernantes están reclamando una revolución ética que, suponen, serviría para que el sistema democrático por fin se ponga al servicio del pueblo. 

Aunque se trata de una aspiración colectiva muy digna, el cambio que han propuesto no podrá concretarse de un día para otro. Por el contrario, tal y como están las cosas, a Brasil le espera una etapa sumamente problemática que podría durar muchos años. A un eventual gobierno de Temer no le sería del todo fácil tomar las medidas económicas necesarias para que Brasil deje atrás la recesión profunda en que se ve atrapado –el año pasado el producto bruto interno se contrajo casi el 4% y se prevé que este año sea igualmente negativo–, pero a menos que logre hacerlo la ya apenas tolerable situación socioeconómica podría agravarse mucho. 

Por lo demás, no cabe duda alguna de que, hasta nuevo aviso, los defensores de Dilma y Lula, entre ellos muchos sindicalistas, procurarán desestabilizar a cualquier gobierno que califiquen de "derechista" por considerarlo ilegítimo y, para más señas, enemigo de los pobres que se vieron beneficiados por las reformas que se hicieron cuando Brasil disfrutaba del crecimiento que fue posibilitado por el boom de los commodities.