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24/04/2016 | ¿Aguanta Argentina un ''Mani pulite''?

Gustavo Sierra

Avanzan decenas de causas judiciales por robo al Estado. La sociedad reclama transparencia. ¿Estamos preparados para un proceso como el ocurrido en Italia? ¿Están preparados los jueces y fiscales? Los antecedentes y las propuestas.

 

Cuarenta millones de argentinos con las manos arriba. Enfrente, un grupo de protegidos del poder cometiendo el delito. Y poco después los podemos ver riéndose de todos mientras cuentan los millones que se llevaron. La indignación es tan grande que las encuestas lo marcan claramente: la corrupción es una preocupación tan importante como la inflación y la falta de trabajo. 

Ante esto, algunos jueces que durmieron durante años sobre los expedientes o se sentían demasiado vulnerables ante las presiones del gobierno se despertaron de golpe y comenzaron un “Mani pulite a la bartola” como lo definió Jorge Fernández Díaz. Un proceso de investigación de la corrupción enquistada en el Estado sin una dirección exacta ni liderazgo. “No contamos con un aparato judicial capaz de llevar adelante la cantidad y complejidad de las investigaciones, pero no se trata de decidir hacerlo o no, porque tal vez suceda de todos modos”, dice el politólogo Marcos Novaro. Y el profesor de la universidad de Lisboa, Andrés Malamud, va aún más allá: “Si la lucha contra la corrupción llega a tener éxito en Argentina es porque no se parece a “Mani pulite”, que fue un fracaso en términos institucionales, sino que se realiza con jueces corruptos y políticos alternantes”.

El “Mani pulite” (Manos limpias) de Italia tuvo un liderazgo en el fiscal Antonio Di Pietro que en 1992 comenzó a investigar la financiación de los partidos políticos y el enriquecimiento de sus líderes a través de un entramado conocido como “tangentopoli” (tangente es soborno en italiano). Aquí, el kirchnerismo sumó 2.160 causas de corrupción hasta el momento y el macrismo, como gobierno de Buenos Aires, tiene 214. Hay varios jueces y fiscales que tienen en sus manos decenas de causas entremezcladas. Muchas son denuncias sin mayores avales y otras tienen pruebas contundentes como para acortar notablemente los tiempos judiciales pero siguen procesos que pueden llevar 15 años antes de la sentencia. “Acá no hay un partido de los buenos y otro de los malos. La corrupción no es de un solo sector. Corta transversalmente a la clase política y al empresariado, porque para que haya corrupción tiene que haber dos actores, el que da y el que recibe”, comenta Graciela Ocaña, legisladora porteña e impulsora de algunas de las principales causas. Y Margarita Stolbizer, otra de las incansables denunciantes, cree que “no se trata de un cuestionamiento general sobre el financiamiento de la política, ojala fuera así. Pero las causas judiciales que están avanzando tienen más que ver con un sistema de prebendas personales, coimas y delitos cometidos para enriquecimiento personal”.

Y en todos estos procesos -ocurre en Brasil en este momento-, se juega la carta política. Todos intentan ocultar detrás de una intencionalidad ideológica el hecho de la supuesta persecución por el robo. También se escudan en el laberinto de la financiación de la política. Entonces, los jueces aparecen como escuderos de uno u otro partido o sector. “Los jueces no pueden ser héroes como Batman o Superman. Fueron perseguidos y amenazados durante años por el kirchnerismo y ahora encontraron el clima que necesitaban para actuar. Escucharon el clamor de la sociedad que vio esas imágenes del latrocinio asqueroso de los ladrones contando los billetes y dijo basta. También el mensaje del presidente de la Corte Suprema que los instó a seguir adelante”, explica Ricardo Recondo, el presidente de la Asociación de Magistrados. En cambio, para la jueza María Laura Garrigós, de la Cámara Nacional de Casación e integrante de la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”, “la mayoría de las causas están politizadas y mediatizadas. Son procesos que se dan cada vez que termina un gobierno. Y las estadísticas marcan que los jueces que las llevan adelante, después ascendieron en el escalafón judicial”.

Desde Nueva York, donde asiste a la cumbre de Naciones Unidas sobre el narcotráfico, Margarita Stolbizer apunta a que la lucha contra la corrupción no es sólo un asunto de los jueces. “Tiene que haber una sociedad comprometida, con dirigentes sindicales, empresarios, legisladores, todos mostrando total transparencia. Para avanzar en la institucionalización de un sistema político donde la honestidad sea la marca, la generalidad, es necesario tener una sociedad comprometida en una cultura de valores humanos y morales de manera permanente”. La jueza Garrigós coincide en que “es el sistema político el que debe crear los mecanismo de limpieza interna y no transferir esa responsabilidad a los jueces”. Y Graciela Ocaña cree que hay que actuar en la raíz, en el momento en que el poderoso intenta ocultar su delito sin esperar “el mejor momento político para hacerlo”: “hay que desterrar las presiones políticas a la justicia y viceversa. Muchas veces no se denuncian los ‘aprietes’ porque esa persona también está comprometida en algo”.

Todo esto nos lleva al momento en que comienzan a “destaparse las ollas” pero no se ven los resultados. La volátil opinión pública se decepciona y aparece el hartazgo sin distinción, el “que se vayan todos”. Novaro cree que hay que pasar ese proceso para ver si la transparencia finalmente se instala en el sistema político. “Una república y una economía capitalista funcionan mejor cuando hay reglas transparentes e iguales para todos, pero claro que en la transición hay más conflictos y costos que si se dejara todo como está, porque un sistema opaco puede ser poco eficiente e injusto, pero también estable y permitir cierto crecimiento y distribución, finalmente el derrame corrupto existe, algo llega también a sectores bajos y excluidos aunque sea en la forma de dádivas muy menores, empleo público o planes, etc. Entonces el problema es la transición, el momento en que ya no funcionan las reglas opacas de la corrupción pero todavía no funcionan las transparentes de la república”. Su colega, Malamud, cree que hay que realizar este proceso “paso a paso y con la cabeza en vez de con las tripas y tropezándose con pasos más largos que las piernas. Y eso puede llevar más tiempo de lo que la ansiedad de la sociedad puede soportar”.

Por sobre todo, lo que los argentinos parecen estar reclamando es que de una vez por todas los que se enriquecieron ilegalmente a costa del Estado devuelvan lo robado. Reclaman una ley muy clara y precisa de extinción de dominio: mientras se realiza el proceso por corrupción o narcotráfico se embargan los bienes y apenas queda firme una sentencia se rematan y el dinero regresa a las arcas del Estado para una función específica. “Para todo esto se necesita una policía de investigaciones complejas, inteligencia criminal, contadores expertos que sigan la ruta del dinero”, apunta Graciela Ocaña. Y Recondo reclama un sistema más eficiente para la elección de los jueces. “Aquí no hay nadie que le enseñe a uno a ser juez”, dice. “Es algo que se aprende con los años en la carrera judicial. Necesitamos gente idónea, sin prejuicios, con sentido común, que estudie y se capacite permanentemente”.

El “Mani pulite” italiano fue, de acuerdo a todos los analistas, un éxito judicial momentáneo y un fracaso desde el punto de vista institucional (ver nota pág. 40). Trajo una gran inestabilidad política y el poder terminó en manos del magnate de los medios Silvio Berlusconi. Pero, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo en Brasil, fue la justicia la que lo llevó adelante y no la propia clase política donde los acusadores son tan cuestionados como los acusados. “Las condiciones originales del proceso de Mani Pulite fueron la corrupción extendida, la justicia independiente y un sistema político sin alternancia. 


En Argentina sólo se da lo primero”, apunta Malamud. “Acá hay dos planos, uno de fondo que tiene que ver con la reforma del sistema y el otro es que la presidenta que se fue tiene que rendir cuentas. Uno y otro proceso tienen que caminar en forma paralela”, comenta Stolbizer. “Con la corrupción kirchnerista crujió el sistema y esa es una consecuencia muy positiva. No va a continuar como estaba. Ahora no tiene más remedio que cambiar”, agrega, optimista, Ocaña.

Cuando se llega al punto de entender qué es lo que hay que hacer para evitar la corrupción institucionalizada, todos los entrevistados coinciden en que se necesita trabajar sobre la financiación de la política. “Sin imponer límites muy concretos a las campañas y el dinero que se utiliza en ellas no podremos sacarnos de encima la corrupción”, asegura Ocaña. “Reformar la justicia y las fuerzas de seguridad es el primer paso. Por ejemplo la iniciativa que permite a jueces y fiscales seleccionar los casos a investigar, según su relevancia, viabilidad y oportunidad. Claro que hay que controlar bien cómo se hace eso para evitar la discrecionalidad judicial, pero hoy se pierde muchísimo tiempo con causas que no van a ir a ningún lado”, comenta Novaro. “En cuanto a las policías es muy oportuno el cambio de administración de la Federal, esperemos que sirva para que se limpie y se cree una fuerza federal de investigaciones, pero eso necesita mucho dinero y justo se acabó la plata”, agrega. 


La jueza Garrigós cree que “es más importante aún terminar con la corrupción privada porque allí perdemos mucho más dinero que con la pública. Y, por sobre todo, evitar la concentración de poder”. Y Graciela Ocaña tiene una iniciativa muy interesante que podría ayudar a descubrir los fondos ocultos. “Hay que recompensar al que tiene conocimiento del robo y quiere denunciarlo. Estamos proponiendo que se le dé hasta un 3% del total de lo recuperado. Si un contador, por ejemplo, no quiere quedar pegado al delito de quien lo contrató, hace la denuncia y es recompensado. Así se hace en otros lugares del mundo y es muy eficiente como herramienta”. Stolbizer apunta a la responsabilidad de los políticos que deben abandonar su “espíritu de cuerpo corporativo” para alcanzar una concepción más amplia y democrática dejando que a cualquiera de ellos que esté involucrado en un caso de corrupción le caiga el peso de la ley y con la urgencia. “Si el peronismo verifica que Cristina Fernández de Kirchner va presa, porque es indubitable que ha cometido delitos, seguramente no tendrá otro camino que aceptar esa situación. Con ella o con cualquier otro dirigente. Y no poner trabas al proceso. En una República no hay nada más importante que la ley y que sea aplicada con igualdad”.

El humor social es volátil pero parecería que los argentinos decidieron que ya no van a aceptar estos niveles de corrupción de sus líderes. El sistema judicial y político tendrá que acompañar esta voluntad si quiere tener una perspectiva de futuro.

Clarin (Argentina)

 



 
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