La deuda total del Estado libre asociado a Estados Unidos asciende a 72.000 millones dólares (62.400 millones de euros)
Puerto Rico no ha entrado en quiebra porque no puede legalmente, pero es como si lo estuviera. Después de meses de agonía fiscal, el Estado libre asociado (no incorporado) a Estados Unidos ha protagonizado el mayor impago de su historia, al declarar una moratoria y no hacer frente a gran parte de los
422 millones de dólares (366 millones de euros) de
deuda que vencían ayer. El
gobernador, Alejandro García Padilla, pasará a la historia de Puerto Rico como el primero que declara formalmente la imposibilidad del país de hacer frente a sus obligaciones financieras, resultado de la grave crisis económica que arrastra durante los últimos diez años. En medio de acusaciones a Estados Unidos de dejar a la isla a la deriva, García Padilla difundió un mensaje a los portorriqueños en el que justificó su decisión «para poder hacer frente a las necesidades sociales y sanitarias y paliar una crisis humanitaria cada día más profunda».
En su mensaje, la máxima autoridad de Puerto Rico calificó su decisión de «difícil y dolorosa», y argumentó que ante la falta de liquidez, «he tenido que elegir entre las necesidades de nuestros acreedores y los servicios a nuestra gente, y las necesidades básicas están por encima de todo». La decisión del gobernador supone en la práctica dejar de abonar los intereses correspondientes a los titulares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la extensión financiera del Gobierno de la isla.
Limbo legal
Instalada en una prolongada crisis económica desde el año 2006, Puerto Rico exige desde hace tiempo a Estados Unidos que le facilite las herramientas legales para poder hacer frente al impago, incluida la posibilidad de poder declararse en quiebra (default). La negociación política entre las autoridades de la isla y representantes del Congreso, que avanza con mucha lentitud, en pleno proceso electoral estadounidense, está encaminada a que la isla pueda acogerse a esta posibilidad, la misma que decidió hace unos años la ciudad de Detroit. En la actualidad, Puerto Rico se halla en una suerte de limbo legal, ya que no puede acogerse al llamado Código de Bancarrotas de Estados Unidos, como cualquier administración de otro territorio del país.
La posibilidad de un rescate financiero choca con la negativa del Gobierno de la isla, que hasta ahora se han negado a que Puerto Rico pase a ser controlada por una junta de gestión, como plantean las autoridades norteamericanas. «No queremos un rescate y ser fiscalizados por funcionarios federales, sino la posibilidad de reestructurar la deuda de manera ordenada, y, si acaso, una asistencia que ayude a equilibrar el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal».
Fondos buitre
La deuda total de Puerto Rico asciende hoy a 72.000 millones dólares (62.400 millones de euros), la gran parte de ellas con bancos y los llamados fondos buitre, vinculados a corporaciones que invirtieron en la isla al calor de los incentivos fiscales de que disfrutó hasta el año 2006. La dimensión de las obligaciones fiscales es tal que un tercio del presupuesto anual de la isla queda literalmente absorbido por los intereses en hacer frente a esa deuda.
A medida que el Estado libre asociado se fue endeudando los últimos diez años de crisis, el entramado de la deuda se ha ido diversificando y volviéndose más complejo, hasta convertirse en una verdadera madeja fiscal. La isla cuenta hoy con dos tipos de bonos: aquellos considerados por los inversionistas como protegidos por la Constitución y aquellos que no lo están, y cuyo cobro está mucho más en cuestión.
