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08/06/2016 | Así se arregla Brasil

América Economía Staff

Hace tres años, Brasil era una potencia emergente. Creciendo con fuerza año tras año, había sacado de la extrema pobreza a 40 millones de sus habitantes. Hoy vive su peor recesión en varias décadas mientras se destapa en capítulos el mayor escándalo de corrupción política de su historia y ahora un repentino cambio de gobierno ha venido a complicar las cosas.

 

Hasta hace poco, el gobierno de centro izquierda del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2011) era admirado porque sellaba alianzas con grupos empresariales al tiempo que expandía masivos y exitosos programas de lucha contra la pobreza. Con visión y pragmatismo, Lula había logrado formar una coalición de gobierno con grupos políticos de derecha, centro e izquierda, encabezados por su Partido de los Trabajadores (PT).

Hoy, el mayor caso de sobornos y lavado de dinero de la historia de Brasil ha sacudido al PT hasta sus cimientos. Una larga investigación judicial reveló que grandes empresas de ingeniería brasileñas llevan más de diez años financiado las campañas electorales del PT y sus aliados a cambio de adjudicarse contratos en los proyectos de la petrolera estatal Petrobras. La operación empezó durante el gobierno de Lula, involucra a muchos dirigentes y legisladores de su partido y está comenzando a salpicar al mismísimo Lula.

Pero no ha manchado a la presidenta Rousseff. No hay indicios de que Dilma haya estado involucrada en el escándalo Petrobras. Sin embargo, el Poder Legislativo la ha suspendido y va camino de destituirla -la palabra oficial es impeachment- por una violación a las prácticas contables del presupuesto. Varios de los congresistas que están juzgando a Dilma para inhabilitarla por contabilidad creativa, enfrentan ellos mismos juicios relacionados con el caso Petrobras. Según Transparency Brasil, más de la mitad de los 594 senadores o diputados del país tienen problemas con la justicia, acusados de delitos que van de la evasión tributaria al asesinato.

Tras estallar el escándalo Petrobras, el aliado más grande del PT en la coalición gobernante, el PMDB, se pasó a la oposición. El segundo de Dilma en el gobierno, el vicepresidente Michel Temer, es del PMDB, de su ala conservadora. Y por norma constitucional, si el presidente está impedido de ejercer su cargo por viaje, enfermedad o impeachment, lo reemplaza el vicepresidente. Temer se ha convertido en presidente interino de Brasil mientras su jefa está suspendida. En principio su interinato durará lo que dure el proceso en el senado, que tiene un plazo máximo de 180 días para decidir.

Si entonces los senadores liberan de culpa a Dilma, ella vuelve a la presidencia. Si la inhabilitan -con dos tercios de los votos- la presidenta abandona el cargo y Temer se queda de interino dos años y medio, hasta fines de 2018.

Temer parece saber que Dilma no volverá a la presidencia porque casi de inmediato nombró gabinete y anunció un par de iniciativas sociales con olor a naftalina. Si Dilma es obligada a dimitir -lo que casi todos esperan-, el gobierno interino de Temer va a dar un golpe de timón a la derecha.

Más que golpe de timón es un golpe de estado, acusa Dilma. Pero no lo es y ella lo sabe. El golpe se hace de cara al gobierno, quitándole el poder; la conspiración es una mentira, una narrativa, una ficción implacable que lentamente se convierte en realidad. Los conspiradores no buscan quitarle el poder al presidente: inventan un cuento que tiene sentido y que va a lograr que el presidente se vaya porque no tiene otra opción.

La evidencia indica que el impeachment fue parte de una conspiración para sacarla del poder. La presidenta Rousseff tiene buenas razones para creer ha sido víctima de una maniobra en la que participaron miembros del Poder Legislativo, el PMDB y quizá hasta algunos dirigentes del PT. 

La evidencia a favor de una conspiración ha comenzado a acumularse. El senador Romero Jucá, flamante ministro de planeamiento del nuevo gobierno interino, tuvo que renunciar al cargo tras filtrarse una cinta, grabada aparentemente en marzo, en la que él habla a otro congresista de un pacto para cambiar el gobierno.
La conspiración podría tener el simple objetivo de sacar a Dilma del poder y luego culparla de todo: de la recesión, la corrupción, el escándalo Petrobras, de destruir el sueño de Brasil como potencia emergente que había construido Lula. Hacer de ella el gran chivo expiatorio de la crisis.

No costaba mucho hacerlo. La presidenta cometió errores graves y fue tan obstinada e ideologizada que no aprendió de ellos y los volvió a cometer. Una cosa es opinar que la energía es un derecho y debería ser gratis para todos. Otra es bajar las tarifas eléctricas en un año de sequía, sin pensar que el aumento en el consumo -más la sequía- podían vaciar las represas hidroeléctricas para el año siguiente.

La economía, donde cometió errores varios y de distinto calibre, es el área en la que más se la ha criticado. Desconfiaba de los empresarios y se le notaba, descreía de los mercados y varias veces los intervino donde y cuando no debía. Pero su única culpa grave fue aumentar el gasto fiscal, que ya estaba en déficit, a un exorbitante 10% del PIB. Y si bien no anticipó la recesión que empezó a asomarse en 2014, y tampoco la supo enfrentar cuando llegó en 2015, no se la puede culpar de haberla causado.

Dilma no tiene los talentos que necesita un jefe de estado. Es obstinada, desconfiada, rígida, le falta olfato para saber cuándo hay que intervenir y cuándo no. Su falta de flexibilidad le impidió hacer alianzas, su desconfianza no generó confianza en sus aliados ni entusiasmó a sus correligionarios. Y resultó ser un desastre como administradora.

En pocas palabras, la verdadera gran culpa de Dilma Rousseff es que hizo un mal gobierno. Y fue castigada por ello. El apoyo popular a su gestión bajó hasta llegar al 8% y, aunque en los últimos meses ha subido a más del 10%, es un nivel de popularidad tan bajo que le facilita mucho la tarea a conspiradores y a golpistas.

La falta de popularidad de Dilma se debe en alguna medida también, quizá en gran medida, a la corrupción que ha sido desenmascarada en los últimos años. La presidenta no es culpable de haber causado la recesión ni está involucrada en el escándalo Petrobras, que fue obra principalmente de algunos líderes del PT. Es muy posible que el caso, que se ha ido destapando lentamente durante más de un año, haya sido lo que más dañó a Dilma, quien no tuvo arte ni parte.

La otra culpa de Dilma -ella no la reconocería jamás- es no haber renunciado a la presidencia al darse cuenta de que perdía apoyo popular y que el congreso echaba a andar el engranaje para inhabilitarla. Su renuncia habría sido visto como un reconocimiento de culpa -su mala gestión como presidenta- y un gesto de sacrificio con altura de miras, que apaciguaría los ánimos y facilitaría la transición, cualquiera que ella fuese, Quedarse hasta ser destituida es porfiar en que no tiene culpa de nada y enrostrar a los congresistas que son conspiradores y golpistas. Su inhabilitación, su destitución, va a dividir políticamente a los brasileños durante mucho tiempo.

El proceso de impeachment y la abrupta irrupción del gobierno interino ha sacado de las primeras planas al escándalo Petrobras, dando un respiro de alivio a varios legisladores y dirigentes políticos. Pero echar tierra a un escándalo de esta envergadura no sería fácil incluso si se aliaran para hacerlo el poder ejecutivo, el legislativo y la clase empresarial, porque Brasil podrá estar en crisis pero no es Haití. Los tribunales son independientes y quieren hacer justicia. Hay libertad de prensa y la prensa quiere contar la verdad.

El otro objetivo de una conspiración sería político. La inhabilitación de Dilma saca al PT del poder y le traspasa la presidencia de Brasil al ala más conservadora del PMDB por un período de casi tres años sin necesidad de elecciones. Un golpe de suerte único ha dado a la derecha brasileña una oportunidad que no puede dejar pasar. Dos años y medio en los cuales podría forjar una coalición amplia de partidos de centroderecha y grupos empresariales capaz de convertirse en opción permanente de gobierno. Casi tres años en los que se podría derrotar a la recesión y equilibrar el gasto fiscal, modernizar la economía brasileña con políticas de mercado, bajando aranceles, achicando el tamaño del estado, privatizando empresas públicas, simplificando el régimen tributario, bajando los impuestos a las empresas, eliminando subsidios dañinos o ineficientes, flexibilizando el régimen laboral, desmantelando estructuras que tienen a las arcas fiscales eternamente en quiebra, como el sistema de pensiones del sector público que permite a muchos funcionarios de gobierno jubilar con sueldo completo a los 50 años de edad.

Y eso es lo que ha comenzado a hacer el gobierno interino de Temer con inusitada celeridad.Sus iniciativas esbozan un profundo programa de reformas cuyo contenido AméricaEconomía aprueba, pero que no puede apoyar por su origen. Nadie ha votado por el programa económico de Temer. Y él llegó a la presidencia interina como miembro de la coalición de gobierno del PT. Incluso más. Con la escasa popularidad que tiene Dilma, poco más de un 10%, tiene cinco veces más apoyo popular que Temer: en una encuesta reciente, apenas el 2% de los encuestados dijeron que votarían por él como presidente.

Si la centroderecha quiere ser alternativa de gobierno en 2018, debe promocionar su programa económico como lo que realmente es: el pasaporte para que Brasil de verdad sea la potencia emergente que quiere ser. Así tendría una posibilidad, remota pero posibilidad al fin, de conquistar el voto de los brasileños. No va a ser fácil, porque las reformas que el país requiere pasa por perjudicar a vrios grupos privilegiados, además de exigir otro apriete de cinturón a los pobres. Pero si el gobierno interino no respeta la democracia junto con mejorar la economía, estará construyendo sobre arenas movedizas.

Si lo que vende el PMDB incluye democracia además de crecimiento, AméricaEconomía lo compra. Hasta ahora, las medidas estrictamente económicas que ha anunciado Temer, las compra todas.

En su primera semana de gobierno, Temer eliminó 4.000 cargos en la administración pública. En la segunda, dijo que propondrá una enmienda constitucional para contener el gasto público y tomará medidas adicionales de reducción del déficit fiscal. El ministerio de Cultura desapareció y sus funciones pasaron a Educación, y hay una iniciativa en curso para privatizar aeropuertos, servicios públicos y correos.

AméricaEconomía aplaude estas medidas que buscan controlar el déficit presupuestario y muestran sensatez en la gestión fiscal. Las medidas ayudan además a que los mercados internacionales de capital recuperen la confianza en Brasil, cuya deuda pública ha sido degradada a la categoría de bonos basura.

Austeridad con rapidez es lo que necesita Brasil hoy. Pero ojo con el exceso de velocidad, como Temer al anunciar un primer gabinete integrado exclusivamente por hombres blancos, algunos de ellos claramente no calificados para sus cargos y al menos uno bajo investigación por el escándalo Petrobras. O bien el presidente interino no se detuvo a pensar lo que ese gabinete dice de él, o sí lo pensó y no le importó, lo cual dice algo peor de él.

Otras iniciativas anunciadas por Temer y su equipo son más perturbadoras que sensatas, más conservadoras que liberales, nostálgicas del orden social existente en Brasil antes de 1980. Una de ellas busca suavizar la definición de esclavitud, lo cual dificultaría a los trabajadores demandar a sus patrones por malos tratos o inadecuadas condiciones laborales. Otra intenta reducir la demarcación de tierras indígenas, con un impacto negativo directo en el patrimonio de las minorías étnicas.

El senado brasileño tiene poco menos de seis meses para decidir si inhabilita a Dilma Rousseff. Si lo hace, y todo indica que así será, la derecha gobernará el país durante dos años y medio sin haber ganado ni una sola elección y, si lo hace bien, podría convertirse en alternativa viable de gobierno para las elecciones presidenciales de 2018.

Si Dilma gana en el senado -posible pero muy improbable- vuelve a la presidencia en noviembre, los traidores del PMDB salen del gobierno y el PT tendría que reorganizarse y forjar una nueva coalición sin ellos, cosa que no le sería fácil.

Hay una tercera posibilidad que es la que favorece AméricaEconomía. Los tribunales tienen la facultad de llamar a elecciones generales en situaciones como ésta. Algo más que razonable en la presente coyuntura, con Dilma Rousseff cerca del 10% de apoyo y Temer en torno al 2%.

Con todo lo imprevisible y hasta fuera de control que pueda verse por momentos la realidad política brasileña, no hay golpe de estado ni amenaza de intervención militar. Pero la crisis ha tenido un costo político no menor. El impeachment a Dilma Rousseff y el súbito traspaso del poder al gobierno interino de Michel Temer han dañado la convivencia democrática primero, porque la conspiración es antidemocrática en su origen, y, segundo, porque ha dividido a los brasileños en dos bandos que seguirán siendo enemigos irreconciliables durante años, quizás décadas.

Y es irónico, o quizá triste, que quienes saben lo que hay que hacer para arreglar los problemas de Brasil no tengan la legitimidad democrática para hacerlo.

América Economía (Chile)

 



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