Pero se señala que el gobierno de Mauricio Macri y los grandes medios afines a él usan el caso López para condenar y dar por muerto el proceso político encabezado por Néstor y Cristina Kirchner –espacio opositor donde reinan el desánimo y cierto grado de autocrítica– y para desviar la atención de las preocupaciones que impone el ajuste económico.

Se critica, así, el conflicto de interés resultante de las decisiones de funcionarios que favorecen a las corporaciones de las que provienen, y la falta de publicidad sobre el movimiento de las cuentas offshore del actual presidente. Analistas de distinto signo coinciden en que la corrupción en Argentina está muy lejos de tener un solo dueño.

“El de López no es un caso individual o aislado; responde a un funcionamiento estructural, lo que exige que el Estado se replantee cómo quiere regular y cómo quiere perseguir ciertos delitos”, dice a Proceso Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

“La corrupción suele verse como un problema de ciertos funcionarios faltos de ética o como una falta de transparencia que se solucionaría con mejores regulaciones”, agrega el especialista.

“Creemos que forma parte de un fenómeno más complejo, la criminalidad económica, donde no sólo son los clásicos delitos de funcionarios públicos, como las coimas, el enriquecimiento ilícito, la malversación del dinero público, sino también otros, muchas veces cometidos por corporaciones y grandes grupos económicos, como la evasión de impuestos, el lavado de dinero, la fuga de capitales”.

La criminalidad económica es gravosa para el desarrollo del país. Un estudio del propio CIPCE estima que Argentina perdió 13 mil millones de dólares por delitos económicos entre 1980 y 2007.

“López encarna un sistema, sin embargo, que lejos está de acotarse al kirchnerismo”, publicó La Nación el pasado 20 de junio.

“Así funciona la política y así se hacen los negocios con el Estado argentino desde hace décadas. Funciona con dinero negro, con ‘retornos’, ‘sobres’, ‘aportes’, ‘contribuciones’ y muchos otros eufemismos que definen la música con la que bailan aquellos que quieren bailar con el poder”, se lee.

José López es descrito desde diferentes ópticas como un engranaje más de un mecanismo estructural de corrupción. Un esquema que se asienta en penas muy bajas para este tipo de delitos, la ineficiencia y la falta de financiamiento de los organismos de control, la nula voluntad política para enfrentar el fenómeno, la fuerte injerencia de operadores políticos y de inteligencia sobre jueces y fiscales. La proclamada transparencia que el gobierno de Mauricio Macri dijo querer imponer no se ha traducido en medidas para combatir este esquema.

De este modo, la palabra corrupción designa sólo el distanciamiento que muchos ciudadanos sienten frente a la política. La degradación corroe a la clase política y estira la distancia con los ciudadanos. Abre paso a una peligrosa crisis de representatividad, que Argentina conoce de la crisis terminal de 2001, sintetizada en el reclamo “¡Que se vayan todos!”. Esta concepción sesgada del fenómeno –corrupción igual a funcionario corrupto– dispensa a los sectores económicos que se benefician de ella e invisibiliza las soluciones.

Populistas

Las fotos muestran a José López con casco y chaleco antibalas, rodeado de comandos de operaciones especiales que lo llevan a declarar como si fuera un jefe narco. Al gobierno de Macri el caso López le cayó del cielo. Los indicadores de imagen y de aprobación de su gestión han bajado 15 puntos porcentuales desde que asumió, hace seis meses. La imagen del corrupto encarcelado busca contrarrestar el malhumor social que provocan la inflación, los aumentos a las tarifas, los despidos, la pérdida del poder adquisitivo.

López inició su carrera en la administración pública en Santa Cruz, de la mano de Néstor Kirchner. Después, durante sus 12 años al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, cultivó un estrecho vínculo con constructoras argentinas y extranjeras.

La madrugada del pasado 14 de junio fue detenido en un monasterio, a 50 kilómetros de Buenos Aires. Llevaba consigo una suma cercana a los 9 millones de dólares. Se supone que escondía dinero en ese lugar. En su última declaración jurada, el exfuncionario había reconocido un patrimonio de 2 millones de pesos, unos 150 mil dólares.

“El lugar que ocupó López en el corazón del dispositivo político de la década abre un profundo interrogante acerca del modo de funcionamiento del aparato kirchnerista y su exacta calidad ética”, razonaba Página 12 el 19 de junio. “Por supuesto que, contra lo que pretende instalar el macrismo, el ciclo kirchnerista no se puede reducir a los casos de corrupción, ni sus políticas, en general positivas, eran una simple máscara para encubrir los latrocinios”.

Algunos consultores creen que el caso López enloda lo hecho por el krichnerismo y hiere de muerte su existencia futura. “Probablemente este caso precipite nuevas imputaciones con la firme probabilidad de que Cristina vaya presa”, dijo a Página 12 Eduardo Fidanza, de la consultora Poliarquía, el mismo 19 de junio.

“Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción”, sostuvo Cristina Kirchner en carta publicada en Facebook. Un reconocimiento implícito al acto de corrupción de su subalterno, pero también de la falta de controles que lo hicieron posible.

El caso López es un daño de importancia para una fuerza política como el kirchnerismo, que enarbola las banderas de un Estado regulador de la economía y protector de los sectores más desfavorecidos.

Pero no es ni el primero ni el más grave. El accidente ferroviario de la Estación Once, el 22 de febrero de 2012, con saldo de 51 muertos, dejó constancia de que la corrupción mata. Los gobiernos kirchneristas mantuvieron el sistema heredado de la privatización de los ferrocarriles en 1991. Los subsidios multimillonarios a los operadores privados de las diferentes líneas no se tradujeron ni por asomo en las inversiones necesarias. Buena parte desapareció en bolsillos y cuentas ocultas de políticos y empresarios.

“La corrupción de un partido de derecha no es más grave que la de uno de izquierda”, sostiene Carrara. “Pero en este último caso no sólo se genera un daño, sino que se le hace el juego a la derecha, entregándole este discurso de transparencia y achicamiento del Estado, un Estado que en definitiva no se vuelve más transparente, sino que pasa a permitir otro tipo de delitos”, refleja.

Neoliberales

El gobierno de Macri tiene en sus filas a 27 funcionarios que vienen de los grandes grupos económicos.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, acaba de ser imputado por un fiscal por el supuesto pago de sobreprecios en beneficio de su antigua empresa. Aranguren fue director ejecutivo de Shell Argentina entre 2003 y 2015. Desde que asumió el cargo, Shell ganó cinco de los nueve concursos para comprar cargamentos de gas líquido. Él mismo ha declarado que posee 16 millones de pesos en acciones de la Shell. Y aduce que sus decisiones como ministro –aunque impactan en su patrimonio– las toman sus subalternos.

La Ley de Ética Pública establece que un funcionario no puede tomar ninguna decisión que afecte a las empresas de las cuales es accionista. La Ley de Ministerios, por su parte, prohíbe a ministros, secretarios y subsecretarios realizar negocios o gestionar empresas con las cuales tengan interés directo. Aranguren no renunció a su cargo ni se ha desprendido de sus acciones.

“Son casos de conflicto de intereses muy patentes”, sostiene Carrara. El especialista se detiene en el caso de la Unidad de Información Financiera, principal organismo antilavado en Argentina. El nuevo gobierno designó en su dirección a los abogados Mariano Federici y María Talerico, ligados a la defensa y asesoramiento de personas y empresas que habían sido investigadas e incluso sancionadas por lavado de activos.

“Nuestro planteo, que puede replicarse en los demás casos, es que esto genera un riesgo grande, para el interés público, de que estos funcionarios no puedan hacer su trabajo lo mejor posible”, afirma Carrara. “Cualquier estudio básico de antropología y sociología muestra que los vínculos personales y las relaciones de influencia siguen existiendo. Por eso algunos países impiden que un funcionario controle a empresas para las que hasta ayer trabajaba”.

El actual gobierno no da muestras de ejercer la transparencia que prometió durante la campaña. La Oficina Anticorrupción actúa como apéndice del Poder Ejecutivo. El oficialismo impulsa una ley de blanqueo de activos argentinos ocultos en el extranjero: se estima que la cifra asciende a 400 mil millones de dólares.

La ley, que ya tiene media sanción en Diputados, preserva el secreto de los delitos tributarios cometidos y extiende esa protección a los contratistas de obra pública. Dos de los empresarios más fuertes del sector son Angelo Calcaterra, primo de Macri, y Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente.

Las revelaciones de los #PanamaPapers son una piedra en el zapato del gobierno. Así, el presidente argentino fue imputado ante la justicia el 7 de abril para esclarecer el movimiento de sus cuentas fantasma. El 27 de junio la justicia imputó también a Néstor Grindetti, exministro de Hacienda de Macri en la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, por presunto enriquecimiento ilícito al operar una empresa radicada en el país centroamericano.

Los unos y los otros

José López dejó al descubierto el sistema de recaudación que la política argentina usa para el enriquecimiento propio o para campañas electorales, y que los actores económicos desembolsan para poder acceder a sus negocios.

En Argentina jueces y fiscales suelen actuar sobre denuncias que aparecen en la prensa. En el caso de López se sospecha la probable acción de agentes de inteligencia que lo indujeron a mover el dinero. El lugar de detención también es sugestivo.

La relación entre el gobierno de Macri y el Vaticano es tensa. Una semana antes de la detención de López, el Papa había ordenado rechazar una millonaria donación del gobierno argentino a la fundación católica Scholas Occurrentes, alegando su temor de que sus colaboradores “comiencen a resbalar en el camino hacia la corrupción”.

“El caso López y otros similares apuntan a la destrucción de la política”, dijo el consultor Ricardo Rouvier a Página 12 en el artículo citado. “Se bordea peligrosamente el ánimo colectivo de aquella consigna de ‘¡que se vayan todos!’. Y la destrucción de la política sólo puede ser capitalizada por aquellas fuerzas políticas que reniegan del debate ideológico y la construcción popular”, expresó.

Carrara no cree que haya una corrupción de tipo “populista” y otra de corte “neoliberal”. “Lo que se ve en las últimas décadas es una cuestión constante y sistemática de ciertos delitos de acumulación ilegal de riqueza”, explica. “Es el entramado que tenemos que desarticular y ahí no importa cuál sea el partido político que esté gobernando o los grupos económicos que ganen más contratos. No nos parece más grave que el responsable sea un funcionario público que un banquero”.