Durante los últimos años del kirchnerismo, mientras la economía mostraba aún señales de vitalidad, la necesidad de frenar los delitos contra la administración del Estado era planteada sólo por un sector de la dirigencia política, aquel que se identificaba con las demandas de una agenda republicana. Esta demanda no aparecía, sin embargo, en las urnas. El 54% de Cristina Kirchner en 2011 fue el claro ejemplo de esto. 

Desde el poder central, el kirchnerismo no tuvo grandes problemas en correr del centro de la escena denuncias judiciales y planteos legislativos. En la Justicia se frenó el avance de todas las causas -con complicidad de los magistrados- y en el Congreso se obturó cualquier debate en torno a leyes anti-corrupción.

De hecho, lo único que avanzó en el parlamento fueron leyes para aumentar el control político sobre los tribunales, como la llamada “democratización de la Justicia”, que parcialmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. 

Hoy, en la agenda pública la corrupción es un tema sensible. Por ello el macrismo y sus aliados se apuraron a sancionar dos leyes en la Cámara de Diputados cuando estalló el caso López. Son las del “arrepentido” y de “extinción de dominio”. 

Pero el apuro de los diputados de Cambiemos y sus socios del massismo los llevó a cometer algunas “desprolijidades”. Al menos así lo entienden en el Senado, donde ambas iniciativas serán tratadas en agosto -luego del receso invernal- con muchísima paciencia. 

El plan es escuchar a jueces, fiscales, abogados y ONG para hacerles varias correcciones, algunas de ellas centrales. “La técnica legislativa deja mucho que desear, tienen visos serios de inconstitucionalidad”, explicó un senador avezado en temas jurídicos. 

Esta decisión de avanzar a paso lento genera roces entre diputados y senadores. Desde el Frente Renovador, espacio que impulsó la ley de “extinción de dominio” que le permitirá a la Justicia apoderarse de los bienes vinculados con delitos complejos -entre ellos la corrupción-, se salió a denunciar una “bicicleta penal” en el Senado. Incluso Sergio Massa le pidió al hombre que tiene la llave del Senado, Miguel Pichetto, que no frene su iniciativa.   

Es justamente esta propuesta la que más ruido genera entre los senadores, incluso los de Cambiemos, ya que propone que la extinción de dominio la realice un juez del fuero civil con cierta autonomía del proceso penal. “La plata sigue a los delincuentes y esta norma sirve para romper ese vínculo y desalentar la industria del crimen”, defiende Graciela Camaño la ley que firmó con Massa. 

Pero es tan audaz la norma, genera tantas dudas, que en Diputados se le hicieron cambios a última hora para disponer que al menos haya una imputación del juez penal sobre una persona antes de habilitar a que la justicia civil se quede con sus bienes (supuestamente) mal habidos. 

Por derecha -donde se defiende la propiedad privada- y por izquierda -donde se defiende la presunción de inocencia- se critica esta norma.

Por eso hoy no hay certezas sobre su aprobación. “Si sale, volverá a Diputados”, confío un senador radical consultado. 

Este engorroso avance en leyes anticorrupción es de todas formas esperanzador. Entre 2010 y 2014, el radicalismo impulsó -vía Julio Cobos y Ernesto Sanz- la propuesta de la “Conadep” de la corrupción que ni siquiera se debatió en un Congreso dominado por el “cristinismo”. Eran, sin dudas, otros tiempos.