En un sistema parlamentario el jefe de gobierno puede ser destituido por el Congreso por razones estrictamente políticas. Por ejemplo, porque la mayoría de congresistas lo considera un mal gobernante. Un sistema presidencial no concede al Congreso esa prerrogativa, y el jefe de gobierno sólo puede ser destituido por las razones establecidas en la Constitución. Dilma Rousseff no fue destituida por hacer una mala gestión de gobierno, sino por firmar decretos que, a criterio de una mayoría calificada del Congreso, constituían delitos contra la ley presupuestaria (lo que, según la Constitución brasileña, calificaría como un delito de responsabilidad). Esos decretos en lo esencial permitían al gobierno federal tomar crédito de la banca pública sin autorización del Congreso.

No recuerdo ningún caso en el que un presidente fuera destituido por causas comparables. Cuando se menciona que los gobiernos del PSDB (partido que respaldó la destitución de Rousseff) realizaron prácticas similares, la principal respuesta es que el gobierno del PT las llevó a cabo en proporciones sin precedentes. Según parece, entonces, la diferencia entre un delito y una práctica engañosa pero habitual sería una cuestión de grado, sin que quede claro el umbral que debería transponer para pasar de una condición a la otra. En el caso de los Estados Unidos, algunas de las prácticas de Barack Obama para sortear la negativa del Congreso a aprobar el presupuesto o el límite de endeudamiento del gobierno federal fueron comparables a aquellas de las que se acusó a Rousseff, sin que a nadie se le ocurriese sugerir por ello someterlo a juicio político. Y al momento de iniciarse el proceso de juicio político en su contra, Rousseff no estaba siendo investigada o procesada por acusaciones de corrupción u otros delitos, lo cual, según Transparencia Brasil, sí ocurría con 60% de los parlamentarios en ambas cámaras del Congreso. ¿Cuál sería su motivación? Según una grabación del ex ministro Romero Jucá, "tenemos que cambiar el gobierno para frenar esta sangría", añadiendo que las investigaciones por corrupción "no pueden estar en manos del juez Moro".  

En el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acaba de amenazar en forma pública con levantar por decreto la inmunidad de todos los congresistas. Ello pese a que (como es habitual) las normas establecen que la inmunidad parlamentaria se levanta a congresistas específicos (y no al Congreso en su conjunto), por delitos debidamente tipificados y contando con la autorización de una mayoría calificada de congresistas. 

Una de las razones esgrimidas para levantar la inmunidad parlamentaria fue la juramentación de tres congresistas por el Estado de Amazonas cuya elección, según el gobierno, habría sido irregular. El mismo gobierno que, cuando Henrique Capriles denunció irregularidades en la elección presidencial de 2013, alegó que eso era imposible, dado que el sistema electrónico de votación era auditado antes, durante y después de la elección. Por eso la acusación es por compra de votos, siendo inverosímil que algo así haya podido ocurrir en proporciones significativas en un contexto en el cual el oficialismo controla el Consejo Nacional Electoral, el poder judicial, las fuerzas de seguridad del Estado, y un partido con capacidad de movilización a nivel nacional.