Hasta 300.000 cuentas falsas de Twitter podrían estar manejando activistas del Gobierno de El Salvador para realizar ataques a la oposición e inundar las redes sociales con mensajes favorables a las posiciones del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el antiguo grupo guerrillero que dirige el país desde 2009.

Una investigación a partir de la documentación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante los tribunales salvadoreños ha permitido seguir la pista de una red de hackers y trolls mediáticos, que parece operar en coordinación con el alcalde de San Salvador, Nayid Bukele.

Varios colaboradores del alcalde en materia de comunicación han sido implicados en un caso que investiga la Justicia de El Salvador con motivo de los ciberataques contra los diarios «La Prensa Gráfica» y «El Día de Hoy» ocurridos el año pasado. Entre los implicados están Sofía Medina, que era directora de comunicación de la alcaldía, y Mayra Morán, de Blue Group, empresa que trabajó para la campaña electoral de 2015, que convirtió a Bukele en alcalde de la capital como candidato del FMLN. El propio Bukele protagonizó una manifestación ante la Fiscalía para protestar por las investigaciones. El más activo de los supuestos hackers de ese caso es José Carlos Navarro (conocido como Payaso Sin Gracia en las redes sociales), que es gerente de Bunker, sociedad perteneciente a Blue Group.

Pero la actividad estratégica de Navarro iría mucho más allá, pues tanto él como Ernesto Sanabria, también asesor privado de Bukele; Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia del Gobierno, y Erick Joel Rivera, jefe de comunicación del alcalde y que ahora podría estar usando el alter ego de Brozo (antes operado por Sanabria) habrían estado al frente de una media docena de células cuyo trabajo es operar hasta 300.000 cuentas falsas de Twitter. Esa información aparece en un informe realizado por investigadores salvadoreños, los cuales han trabajado teniendo en cuenta algunas de las pistas aportadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que a petición de los fiscales de El Salvador ha podido examinar ciertos rastros de movimientos en internet.

De acuerdo con ese informe, obtenido por ABC, el objetivo de la operación es inundar con información favorable las redes sociales y los medios digitales, desacreditar a los opositores, conducir los debates públicos hacia las metas pretendidas, cambiar las percepciones de la audiencia y contrarrestar informaciones negativas.

Los investigadores estiman que la red se estructura de la siguiente forma:

Vértices: Están en contacto con los líderes y determinan los mensajes que deben difundirse o las campañas que deben lanzarse contra opositores.

Satélites: Personas, alter egos o páginas web con influencia mediática que se suman a las campañas, bien por convicción ideológica o porque se ofrecen al mejor postor.

Bots activos: Son los encargados difundir masivamente los contenidos, utilizando mecanismos automáticos ideados para las redes sociales, conocidos como bots, a través de plataformas como Botize y Twitterfeed. Cada persona opera una cincuentena de cuentas de Twitter, que retuitean y marcan como favoritos los mensajes de unas pocas cuentas madre. En total llegan a manejar cerca de mil cuentas que, debido a su actividad, aparentan ser perfiles reales.

Bots Followers (dormidos): Pueden ser más de 300.000 cuentas, que normalmente no realizan ninguna actividad y sirven para abultar el número de seguidores de las cuentas que se crea conveniente.

Al parecer, las principales operaciones se habrían realizado desde media docena de localizaciones en San Salvador. Entre ellas, la propia sede de la alcaldía y la de la compañía Bunker. En cada uno de esos dos equipos trabajarían entre diez y quince personas, con un coste de operatividad de unos 30.000 dólares mensuales. Otro de los focos de los ataques estaría localizado cerca del Centro Islámico Chií de San Salvador, aunque no se ha podido determinar la conexión de este.

El modus operandi puede verse en varios casos. Aunque no reciente, uno especialmente revelador de la mecánica de estas operaciones ocurrió cuando la cuenta Brozo lanzó un tuit con un audio en el que un dirigente del opositor ARENA criticaba a un compañero de partido. En poco tiempo logró un gran eco gracias a la multitud de retuits que tuvo. El político negó que sus afirmaciones fueran tales, porque algunas frases estaban cortadas y otras sacadas de contexto, pero confirmó que era su voz. Una vez hubo esa «confirmación», se difundió un segundo y un tercer audio, con críticas a otras personas.

La red también habría servido para generar apoyo social para proyectos del FMLN, con la difusión, por ejemplo, de críticas contra el permiso de una planta de bebidas y contra compañías de fondos de pensiones, en las que luego el Gobierno se basaría para promover la Ley del Agua o intentar tener acceso a parte de los fondos de pensiones.

En algunas ocasiones, el movimiento se habría realizado en el extranjero para tener incidencia en procesos electorales de países como México, Venezuela, Honduras, Nicaragua y España. Los investigadores han detectado que en esas situaciones se aprovechan algunas de las mismas cuentas, manteniendo los mismos seguidores, pero borrando todos los mensajes previos.

La oposición ha criticado que para extender sus consignas el Gobierno esté utilizando las 240 Casas de Cultura que existen distribuidas por el país, especialmente las 150 que ofrecen cursos de capacitación en internet, pues en las clases se trabaja con comunicados del Gobierno. También señala que Vladimir Handal, a quien considera responsable de las comunicaciones digitales del FMLN, está ahora gestionando las seiscientas cámara de vigilancia que hace un año la alcaldía instaló en San Salvador.