Hasta hace poco productor secundario de marihuana y hachís, Kenia se ha convertido en un centro de distribución de cocaína, según diplomáticos estadounidenses y británicos y de las Naciones Unidas. Narcotraficantes de Sudamérica aprovechan los extensos vínculos aéreos de Nairobi con Europa y Asia y gastan fortunas para reducir al mínimo la interferencia del gobierno, afirman.

"Las bandas internacionales de narcotráfico han hecho incursiones en Kenia y podrían beneficiarse de un ambiente de corrupción oficial que les permite operar prácticamente con impunidad", dice el informe del Departamento de Estado en el 2006 sobre estrategia para el control de los narcóticos.

Las versiones sobre el tráfico de cocaína en Kenia son un dolor de cabeza más para un país ya involucrado en la guerra antiterrorista estadounidense, que se esfuerza por cumplir con los principios de la democracia reformista que eligió cuando votó hace cuatro años por la plataforma contra la corrupción del presidente Mwai Kibaki.

Esos informes sobre el negocio floreciente de la cocaína subrayan el grado en que la corrupción y complicidad oficiales persisten durante el gobierno de Kibaki.

El llamado de atención sobrevino en diciembre del 2004. La policía de Kenia, actuando en reacción a una pista desde Holanda, allanó un lujoso edificio de viviendas en Malindi, ciudad marina, y un depósito en Nairobi. El allanamiento produjo una requisa récord para el Africa: 1,1 toneladas de cocaína, en parte oculta en una lancha de velocidad.

Los investigadores descubrieron que los traficantes sudamericanos habían entrado en Kenia debido a que la vigilancia se había tornado más estricta en España, que en el pasado fue importante punto de tránsito al resto de Europa, precisó Carsten Hyttel, representante para el Africa en la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito.

Un ex prominente fiscal keniano dice que fue despedido por investigar demasiado el tráfico de cocaína en el 2004. Philip Murgor sostiene que policías corruptos o ineptos protegían a los traficantes. Su denuncia confirma las preocupaciones manifestadas por diplomáticos occidentales y expertos de la ONU sobre la corrupción en el gobierno de Kibaki.

Las denuncias contribuyen a hacer ver el gobierno de Kibaki cada vez más como el régimen corrupto de 24 años de su predecesor Daniel arap Moi. El régimen de Moi no reprimió el narcotráfico de heroína, marihuana y hachís. Kenia tiene vuelos frecuentes a Pakistán e India, lo que la hace conveniente para los portadores de heroína.

Pero las únicas drogas incautadas en grandes cantidades en el pasado eran marihuana y hachís.

En una serie de allanamientos este año, varios auxiliares de vuelo de Kenya Airways fueron arrestados en el aeropuerto Heathrow de Londres con cargas de cocaína.

Antes no se encontraba cocaína en vuelos procedentes de Kenia. Actualmente se halla en "algunos, lo que evidentemente nos preocupa", dijo Mark Norton, vocero de la embajada británica, a la AP en junio.

George Kiragu, un keniano que cumple una condena de cinco años en Holanda por contrabando de cocaína, dice ser víctima de una maniobra de encubrimiento de la corrupción. Se resiste a ser extraditado a su país aduciendo que su vida correría peligro.

"Las autoridades kenianas saben quién es culpable... A mí me usan como un chivo expiatiorio. Si pudiéramos conseguir más información, quedaría en evidencia que están protegiendo a alguien", dijo Kiragu en una audiencia de extradición.

Funcionarios del país africano, incluyendo el comisionado de policía Mohamemd Hussain Ali y Joseph Kamau, director del Departamento de Investigaciones en lo Penal --que supervisa a los detectives en la lucha contra los narcóticos-- no respondió reiterados pedidos de comentarios sobre denuncias de corrupción en el allanamiento del 2004.

Los detalles del caso revelan la magnitud de las operaciones de narcotráfico.

La policía keniana fue alertada sobre el embarque por sus contrapartes europeos, que habían descubierto 295 kilogramos de cocaína en un contenedor despachado desde Kenia a la ciudad holandesa de Zevenbergen el 7 de diciembre del 2004. Cinco hombres, entre ellos Kiragu, fueron condenados y sentenciados a penas de hasta cinco años.

Una semana después del descubrimiento de Zevernbergern, la policía de Kenia, en base a información suministrada por la policía holandesa, hizo su incautación récord y arrestó a ocho personas. Hubo otros siete arrestos posteriores y se llevaron a cabo dos juicios, pero sólo un acusado fue condenado.

Rose Ougo, el magistrado que oyó el primer caso, absolvió a todos los siete acusados, y a su vez acusó a la policía y la fiscalía de un trabajo ineficiente.

Murgor, que había sido criticado por su manejo de casos notorios, sostiene que fue despedido como director de la fiscalía pública en mayo del 2005 porque presionó por una "investigación transparente".

Agregó que la absolución confirmó su denuncia de que ha habido "un encubrimiento por parte del gobierno, y en particular de la policía, para proteger a los capos del tráfico de cocaína en y a través de Kenia".

El corresponsal Toby Sterling, de la AP, contribuyó a este informe desde Amsterdam