Desde entonces mucha agua corrió bajo puente y con ella, aquella proclama de principios éticos irrenunciables quedó en aguas de borrajas. El usufructo del Estado demostró que las autoridades frenteamplistas no solo “meten la pata” (por ejemplo fundiendo a la monopólica petrolera estatal,) sino que también son muy capaces de “meter la mano en la lata”. Sin embargo, ninguno ha quedado “manco”.

Las primeras sospechas de cosas turbias surgieron en relación a los negocios realizados en el marco del Fondo Bolívar-Artigas, que fue una iniciativa del ex presidente venezolano Hugo Chávez. Se le ocurrió esa idea cuando supo que Tabaré Vázquez resultó electo presidente de nuestro país. A  través de él se canalizan desde entonces las exportaciones de Uruguay hacia Venezuela. En ese marco, Guido Antonini Wilson —el “hombre de la valija”— impulsó ciertos negocios entre Venezuela y Uruguay.

Entre los tantos negociados que despertaron suspicacias, está la empresa Unión Metalúrgica del Sur S.A. (Umissa), que exportaba casas prefabricadas a la nación caribeña. Durante esa época esa firma fue una de las más beneficiadas con las oportunidades comerciales surgidas a raíz del Fondo, lo cual es raro, dado que no estaba en condiciones de cumplir con lo pactado. En adición, es sospechoso que si se necesitaban en Venezuela esas casas con tanta urgencia, los kits hayan quedado arrumbados en galpones durante varios meses. La explicación dada fue, que no coincidían en el metraje ni con ciertas características técnicas.

Esas casas prefabricadas habían sido comercializadas en Uruguay. Pero durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se prohibió su venta en el país, debido a que presentaban ciertas características que eran nocivas para la salud. En consecuencia, la autorización para su importación fue resistida por el entonces ministro de Vivienda venezolano Julio Montes. Ergo, fue sustituido por Luis Figueroa. Cuando Chávez visita Uruguay en marzo de 2005, Figueroa impulsó la firma del convenio, que se realizó fuera de protocolo. Dirigentes frenteamplistas estuvieron relacionados con la poco exitosa experiencia de exportar a Venezuela casas prefabricadas por la empresa Umissa.

El director de Umissa era el argentino Alejandro Lagrenade. Su empresa y él personalmente estuvieron relacionados con Antonini Wilson. Ante la sospecha de que Umissa fuese una pantalla para el lavado de activos, Lagrenade fue investigado por la justicia penal uruguaya. Ante el juez reconoció que envió fondos millonarios en dólares a cuentas bancarias del Antonini. En un documento judicial se sostiene que compartieron una misma cuenta durante 15 meses, período durante el cual, realizaron 13 operaciones financieras por varios millones de dólares.

Durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con el Fondo Bolívar-Artigas. En este caso se trató de la intermediación de la empresa Aire Fresco, que es conducida por gente muy allegada al MPP, el sector político liderado por Mujica. También en ese caso hay aspectos sospechosos, incluso, que se la haya usado para financiar parte de la campaña electoral del MPP en el 2014.

A raíz de esos hechos de apariencia dudosa, la oposición pidió la creación de una comisión parlamentaria investigadora. Pero el partido de gobierno se negó a habilitarla: práctica habitual desde que accedió al gobierno.

Otro hecho turbio, fue la elección de la constructora brasileña OAS —implicada en el gigantesco escándalo de corrupción conocido como “lava jato”— para intervenir en la obra de la regasificadora en Uruguay. Este hecho ocurrió en el 2013 durante la presidencia de Mujica. Nuevamente hay aspectos oscuros en ese negocio. En consecuencia, la oposición volvió a pedir la habilitación de una comisión investigadora parlamentaria. El diputado opositor Pablo Abdala es quien la impulsa. En su fundamentación, señaló que durante la investigación judicial realizada en Brasil sobre el ex presidente Lula da Silva, fueron revelados mensajes del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro, referidos a la organización de una visita del exmandatario brasileño a Uruguay en 2014. Abdala afirmó que reiteradamente le han llegado informaciones de que Lula habría incidido para que se diese participación a OAS en la obra mencionada. "No está probado pero cuando lo plantée en el Parlamento nadie del gobierno nunca me desmintió, ni dijo que era un disparate. Es por lo menos llamativo"— expresó. Abdala alega que el proceso de selección de la constructora brasileña OAS "está lleno de irregularidades e ilicitudes”. Su oferta “no era la más conveniente, no lo era desde el punto de vista económico porque era la segunda más cara de cuatro y porque técnicamente hay informes de una consultora italiana que desaconsejó elegir a esta empresa y recomendó un nuevo llamado. Pese a eso, el gobierno decidió seguir adelante"— lo cual es más que llamativo.

A pesar de que el oficialismo también es reacio a habilitar esta investigación, parece que esta vez no tendrá suerte porque uno de sus diputados, Gonzalo Mujica (que no es pariente del Pepe), está molesto con la actitud del Frente Amplio. Expresó, que las presunciones expuestas por la oposición son suficientes para habilitar una investigadora. Subrayó que las acusaciones son demasiado serias como para no investigarlas. A su juicio, con el voto en contra a la investigadora "se quiere consagran nueva forma de impunidad para generales, cuando sus tenientes están enlodados en la opinión pública".

Su defensa de principios éticos le está costando ser víctima del bullying de sus ex camaradas y que incluso, el presidente Vázquez opinara que debería dejar su banca parlamentaria.
Uno no puede menos que preguntarse: ¿A dónde fue a parar la ética de la cual la izquierda tanto se vanagloriaba?