La reforma de la Constitución que el electorado italiano votará en el referéndumde este domingo ya fue aprobada por el Senado el 20 de enero por 180 votos a favor, 112 en contra, y una abstención. Y por la Cámara de los Diputados tres meses más tarde, el 12 de abril, también por mayoría: 361 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

Si la reforma debe someterse ahora a las urnas es porque la propia Carta Magna establece que los electores deben ratificar cualquier modificación del texto constitucional que no haya sido aprobada por dos tercios de los componentes de cada una de las cámaras parlamentarias. Cosa que no sucedió. Lo que sorprende ahora es que, en la campaña para el referéndum, toda la oposición en bloque ha rechazado la reforma, aunque meses atrás le dio luz verde en la Cámara de los Diputados.

La campaña se ha caracterizado por las declaraciones y las contra declaraciones, y se ha llegado a tal punto de confusión que el experto en Derecho Constitucional Francesco Palermo opina que "aunque la gente vote sí o no, lo hará por motivos equivocados".

La reforma pretende modificar 47 de los 139 artículos de la Constitución ¿Pero cuáles son los principales cambios que introduce?

Fin del bicameralismo perfecto

Italia es el único país de Europa que cuenta con el denominado sistema de bicameralismo perfecto. Es decir, Cámara de Diputados y Senado tienen los mismos poderes y funciones: las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras, que también pueden otorgar o denegar la confianza al Gobierno.

El experto Francesco Palermo explica que dicho bicameralismo perfecto tenía sentido cuando se redactó la Constitución en 1948. "Las fuerzas políticas que escribieron la Constitución eran muy diversas, y aún tenían miedo las unas de las otras", expone. "Por eso se consideró a bien que el Gobierno tuviera que tener la confianza de dos cámaras que, en un inicio, disponían de mayorías diversas y duración distinta", añade el entendido en Derecho Constitucional.

Pero después el Gobierno democristiano modificó la ley electoral del Senado, haciendo que se escogiera cada cinco años -y no cada seis-, convirtiéndolo en una pura réplica de la Cámara de Diputados y perdiendo su sentido inicial.

Con la reforma constitucional que se pretende aprobar ahora, el Senado reduce sus poderes. Ya no podrá otorgar o denegar la confianza al Gobierno, y tendrá competencias legislativas en ámbitos limitados.

Menos senadores

La reforma también prevé la reducción de escaños del Senado de 315 a 100, que ya no serán elegidos por sufragio universal, sino ocupados por consejeros regionales (74), alcaldes (21) o nombrados por el presidente de la República (5). Esto unido al hecho de que la nueva ley electoral -aprobada en mayo de 2015 con el nombre de Italicum- establece que la lista que supere el 40% de los votos se quede con el 55% de los 630 escaños de la Cámara de los Diputados para así facilitar la gobernabilidad, ha hecho que quienes se oponen a la reforma constitucional denuncien que su aprobación llevará a una "deriva autoritaria".

Los nuevos senadores no cobrarán un sueldo del Senado, sino el que les corresponda por sus cargos regionales o municipales, pero sí tendrán derecho a inmunidad parlamentaria. Además, no permanecerán en el cargo durante toda la legislatura, sino el tiempo que duren sus respectivos cargos en la administración regional o local.

Las regiones pierden competencias

Las regiones pierden autonomía a favor del Gobierno central con la reforma constitucional. Para ello, se pretende modificar el denominado Título V de la segunda parte de la Carta Magna.

En la actualidad las competencias de las regiones incluyen la sanidad, la planificación urbanística del territorio, el turismo, la energía o la gestión de residuos. Con la reforma, el Estado se hará cargo de buena parte de estas funciones.

"En realidad, muchas regiones no han hecho casi nada, a pesar de disponer de competencias", aclara Palermo. "Con la reforma, se da una receta igual para todos. Es decir, para evitar los problemas de algunas regiones que no son capaces de administrar, se pretende que el Estado lo haga todo. Pero el Estado es tal vez más eficiente que algunas regiones, pero menos que otras. Hay una gran diferencia entre el norte y el sur", añade. De ahí surge la polémica.

Referéndums y leyes de iniciativa popular

La actual Constitución prevé la posibilidad de convocar referendos para anular leyes ya aprobadas, pero para que resulten válidos, es necesario que participen el 50% más una de las personas que tienen derecho a voto. En consecuencia, a menudo se utiliza la abstención como instrumento para boicotear la consulta.

Con la reforma, dicha participación mínima necesaria se calculará en base al número de electores de las últimas elecciones celebradas en el país, si la cantidad de firmas recogidas para solicitar la convocatoria del referéndum supera las 800.000.

La modificación constitucional también contempla que el Parlamento esté obligado a discutir las leyes de iniciativa popular. Hasta ahora no lo estaba. Pero, con la reforma, dichas iniciativas deberán contar con 150.000 firmas de apoyo, y no con las 50.000 actuales.