El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido imputado por el juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza tras ser investigado por un presunto caso de espionaje ilegal de la que habría sido víctima una exnotaria eclesiástica de esta diócesis que, a su vez, ha sido denunciada por el arzobispado por supuestas irregularidades documentales y económicas, y por lanzar injurias a través de anónimos.

El enrevesado caso se remonta tiempo atrás y, a su vez, está vinculado con la etapa final del antecesor de Jiménez al frente del arzobispado de Zaragoza, José Ureña, quien en noviembre de 2014 fue apartado del cargo desde el Vaticano tras detectar una inusual indemnización que pagó a un joven diácono al que abonó más de 100.000 euros para pactar su conformidad tras indicarle que no iba a ser ordenado sacerdote. Aunque el relevo de Ureña fue presentado como una renuncia personal, posteriormente trascendió que en realidad había sido forzado por el Vaticano.

En el seno del arzobispado surgieron tensiones y enfrentamientos internos. Un grupo -del que formaba parte la exnotaria- se mostró crítica con la gestión de Ureña. Al parecer, corrieron mensajes por Whatsapp apuntando a la existencia de graves irregularidades económicas y a oscuras tramas en la cúpula del arzobispado.

Tiempo después, y ya con Jiménez como arzobispo de Zaragoza, la exnotaria denunció haber sido víctima de un espionaje ilegal de sus comunicaciones. Según ha desvelado El Periódico de Aragón, eso motivó la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía, que ha acabado en el juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, el que ahora ha decidido llamar a declarar al arzobispo como imputado en la causa.

La exnotaria, María del Carmen Amador, trabajaba en el tribunal interdiocesano de Zaragoza. La investigación apunta la sospecha de que Vicente Jiménez pudo haber ordenado la intervención ilegal de las comunicaciones por Whatsapp y por correo electrónico de la exnotaria, comunicaciones que mantuvo, entre otros, con el entonces juez del tribunal interdiocesano, Antonio Mas, y con varios periodistas.

Se hizo mediante un volcado del disco duro del ordenador que tenía en su trabajo la exnotaria. Asimismo, se apunta a que la información obtenida con este espionaje habría sido utilizada por el arzobispado para incorporarla como prueba a una investigación abierta por la Signatura Apostólica contra la exnotaria y dos sacerdotes de esta diócesis aragonesa.