Las pensiones estaban condenadas a desplomarse por injustas, oligárquicas, discriminatorias “y por ser ineficazmente onerosas”, tanto para los que vivían de un sueldo como para el país. Al jubilarse, se discriminaba según actividad laboral y edad. Para que un obrero se acogiera a retiro se le exigían 65 años de edad; a un mercante 60, mientras que a empleados bancarios y periodistas 55. Es decir, según el Código Civil de entonces, los obreros, en cuyo trabajo predominaba la actividad física por sobre la intelectual, eran discriminados pues debían trabajar más años, recibiendo a cambio menores pensiones respecto de quienes ejercían otro tipo de labores.

Había diferencias en el mínimo de años de servicio exigidos para jubilar. En algunos casos, los empleados particulares requerían 35 años; mientras que para los empleados públicos bastaban 30. Había actividades privilegiadas como los “hípicos”, que podían jubilar a los 25 años; los bancarios con 23; los fotograbadores, impresores y periodistas con 20. A los parlamentarios solo le bastaban 15 años.

Existían diferencias en el cálculo de la pensión —la “renta computable”—. La jubilación de un obrero o empleado particular se calculaba de acuerdo al promedio de los últimos cinco años, para los empleados públicos variaba entre los tres, dos o un año, e incluso podía ser según el último sueldo.

Y solo un grupo pequeño participaba de las “perseguidoras” que les mantenían una jubilación acorde a la renta. Distinto a una mayoría cuyos ingresos no solo mermaban al momento de jubilarse, sino que se veían afectados por la inflación, que erosionó hasta en un 80% su poder adquisitivo.

Se denunció que la Seguridad Social había sido tomada “por muchos sectores como instrumento de lucro y capitalización, para dar a algunos privilegiados grandes premios al cabo de cierto número de años, reales o ficticios”, con el consiguiente empobrecimiento e incumplimiento de sus verdaderos fines. Uno, era la cobertura de enfermedades o muerte, que era desigual y pobre. Los subsidios por maternidad, cesantía o enfermedad eran deficientes y disparejos. Unos recibían subsidios similares a su sueldo y otros pagos escalonados y decrecientes mes a mes.

En caso de muerte, las Cajas exigían el cumplimiento de un determinado número de años de imposiciones por parte del afiliado para entregar una pensión a la familia, siendo los más pobres los más perjudicados, ya que “la viuda del obrero fallecido no tiene pensión si no ha cumplido 65 años; si tiene menos de esa edad solo recibe una ayuda por un año”.

Realidad trágica si consideramos que había muchos accidentes por la precaria seguridad laboral y en muchos casos una numerosa cantidad de niños que componían las familias. Con ello, la madre —ahora viuda— estaba imposibilitada de trabajar, condenándola a permanecer desamparada en el círculo de la pobreza del Chile de entonces.