Si la administración Solís considera —acertadamente— que no vale la pena apoyar el proyecto de empleo público de la diputada Sandra Piszk porque no genera mayor ahorro al fisco, ¿por qué no propone una alternativa de mayor calado?

En la saga del expediente 19.506 hay varios hechos incontrovertibles. Primero, es cierto que la iniciativa tendría un impacto minúsculo sobre las finanzas estatales. Con tal de que su proyecto fuera el que se discutiera en comisión —y no otro más ambicioso presentado por diputados del PUSC, ML y ADC— Piszk aceptó que su colega del Frente Amplio, Patricia Mora, contribuyera en la redacción de un texto sustitutivo que —como era de esperarse— minó por completo su alcance. El objetivo de Piszk era que el PAC y el FA apoyaran esta nueva versión, pero al final ni Mora lo acuerpó. Según datos de la contralora general, la iniciativa generaría un ahorro de apenas 0,05% del PIB al año. El Ejecutivo dice que incluso esta cifra es optimista.

Segundo, si aun esta iniciativa pasada por agua no ha prosperado en la corriente legislativa es por la oposición acérrima de las fracciones gobiernistas (PAC y FA). Víctor Morales —el diputado más cercano al presidente— lo considera una afrenta para los “derechos adquiridos” de los empleados públicos y le exigió al Ejecutivo que lo desconvoque. Casa Presidencial diligentemente lo hizo.

Tercero, la administración Solís puede fácilmente subsanar el proyecto si en verdad la razón por la que lo está enterrando es su limitado impacto fiscal. El expediente se encuentra en comisión, por lo que puede enmendarse mediante otro texto substitutivo. El Ejecutivo también podría apoyar la iniciativa del PUSC-ML-ADC. Sin embargo, nada de eso está sobre el tapete en Zapote.

Cuarto, cuando ha tenido que escoger un bando, el PLN ha encontrado más conveniente hacer yunta con el PAC-FA que con sus supuestos compañeros de la alianza opositora. En la Comisión de Asuntos Sociales, el PLN-PAC-FA tienen una mayoría automática que sistemáticamente debilitó el proyecto original de Piszk —con su anuencia— y no prestó mayor atención al proyecto alternativo del PUSC-ML-ADC.

El gobierno no tiene interés alguno en poner coto al crecimiento insostenible de las remuneraciones en el sector público. Peor aún, hay gran número de diputados que también están en contra. Si los costarricenses quieren cambio, tendrán que pensar mejor el voto en el 2018.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 30 de enero de 2017.