El temor a que disidentes de la guerrilla de las FARC se unan a las bandas del narcotráfico que campan por la región puede ser ya una realidad en Colombia, según las denuncias del mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira y del Wall Street Journal.

El fiscal general aseguró hace una semana en Caucasia (Antioquia) que el Clan del Golfo -el mayor grupo narcoparamilitar del país, antes conocido como el Clan de Úsuga o Los Urabeños- estaría ofreciendo salarios de 1,8 millones de pesos (poco más de 600 dólares) a los guerrilleros disidentes del proceso de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El objetivo de este fenómeno, que se estaría produciendo en las zonas de Ituango y Norte de Antioquia, es «ocupar» los territorios abandonados por las FARC y «controlar» el narcotráfico y la minería ilegal, ha señalado Martínez, según el diario El Heraldo.

Una afirmación que poco después fue desmentida por el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Félix Antonio Muñoz. «En cuanto a que nuestra gente vaya a ir a emplearse en estas regiones con estos grupos, estamos totalmente convencidos de que no es así», recalcó el jefe guerrillero conocido como «Pastor Alape».

Al mismo tiempo, el diario estadounidense ha revelado esta semana que el mayor grupo criminal de Brasil, Primer Comando de la Capital (PCC), está reclutando a miembros de esta guerrilla para extender sus tentáculos por la región. Según datos aportados por investigadores de Brasil y Colombia, The Wall Street Journal informa de que los reclutados son militantes de las FARC contrarios al acuerdo de paz. En una declaración aportada por el diario, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, sostuvo que «el PCC está ofreciendo empleos a las FARC».

Entre un 5% y un 10% de los guerrilleros del grupo marxista, según el Journal, no aceptan el pacto firmado con el Gobierno Santos. Y si acaban en las filas del PCC, el diario considera que peligran los esfuerzos de Bogotá para desmovilizar a los efectivos de las FARC y puede ampliar la influencia de bandas criminales brasileñas en Colombia.

Según un fiscal que durante una década ha investigado al PCC, Lincoln Gakiya, esa organización intenta hacerse con las rutas de contrabando en Brasil que controlan otros grupos y trabajar directamente con los suministradores de cocaína colombianos. «El PCC está obsesionado -añade Gakiya- con lograr entrenamiento militar», informa Efe.

Miedo de los cultivadores

Mientras tanto, los cultivadores de hoja de coca de las zonas más remotas de Colombia -como Pasoreal, núcleo rural de Policarpa (Nariño)- temen la llegada de nuevos grupos armados a las zonas abandonadas por los guerrilleros desmovilizados para hacerse con el control de sus cosechas.