El plan de Donald Trump de construir un gran muro, empezando quizás en la orilla del Río Grande, resulta difícil de entender en un momento en el que más mexicanos regresan a su tierra que los que emigran hacia Estados Unidos. Pero una visita al centro de acogida de refugiados en la iglesia católica de Sacred Heart (Sagrado Corazón), en McAllen, la ciudad fronteriza en el sur de Texas, puede dar alguna pista de su razón de ser.

Aquí, mientras voluntarios preparan la comida y reparten ropa de segunda mano, una veintena de niños y madres centroamericanos –de ojeras hinchadas y miradas asustadizas– se recuperan tras el largo calvario. Han logrado refugiarse, al menos temporalmente, en EE.UU. gracias a la llamada política de catch and release (detener y dejar en libertad) que se aplica a niños y algunos padres procedentes de países con violencia. La mayoría de estas familias viene de El Salvador, Honduras o Guatemala y huye de narcotraficantes como el cártel de los Zetas o grupos delincuentes como la mara Salvatrucha. Por eso, son candidatos, en principio, a recibir el estatus de refugiado con derecho a asilo.

No hace falta construir un muro para estos inmigrantes porque ellos se entregan directamente a la policía en cuanto cruzan la frontera. Susana Pacheco de Valle, de 26 años, llegó el martes pasado con su marido, Santos, y sus dos hijos, de siete y diez años, tras un largo periplo iniciado el 5 de enero desde su casa en el estado de Nueva Concepción, en El Salvador. Las pandillas habían amenazado a su marido con la muerte porque denunció el robo de su ganado. “Cruzamos el río en un neumático (una balsa hinchable) y luego caminamos un poco hasta que nos agarraron”, explica Susana. Tras ser detenidos, fueron entregados a la policía de inmigración y, después de ser separados de Santos, puestos en libertad. “Me dijeron que me olvidara de mi esposo, que lo deportarían. Si él regresa a El Salvador, no sale vivo”.

Santos fue trasportado a un centro de detención, Rio Grande Detention Center, en Laredo (Texas). “Tiene que darles a las autoridades pruebas de que tiene un ‘miedo creible’ a que su vida corre riesgo en El Salvador; solo así puede evitar la deportación”, dijo una funcionaria en el consulado de El Salvador en McAllen. Pero la realidad es que un porcentaje muy reducido de solicitudes de estatus de refugiado se aceptan. Lo normal es que, tras semanas o meses encarcelados, los refugiados serán deportados a su país de origen (algunos tiran sus pasaportes para dificultar la deportación).

El Rio Grande Detention Center, en Laredo (Texas), lo gestiona GEO Group, la multinacional carcelera –cuya cotización bursátil se ha disparado desde la victoria de Trump– gestora de decenas de centros de detención de inmigrantes en vías de deportación. GEO, cuya consigna es Continuum of Care- cobra por cama ocupada en sus centros asi que Santos recibira el bienvenido de los diretores de GEO, entre ellos su fundador el multi millonario griego americano George Zoley, que cobró mas de 30 millones de dólares entre 2007 y 2017, asi como ex alto funcionario de las fuerzas aereas y el sistema federal penitenciario.

El otro gran beneficiario del nuevo programa de construcción de muros y carceles será US Corrections Corporation que acaba de cambiar de nombre en un rebranding. Ahora se llama Corecivic, como si se tratase de una oenege que defiende los grandes valores cívicos. Cuando la administración de Obama decidió dejar de conceder contratos federales de gestion de cárceles a empresas privadas, Corecivic reconvirtió su carcel en Texas en un centro de detencion de inmigrantes y refugiados.

Ya sin padre y marido, Susana y los dos hijos fueron puestos en libertad en McAllen y se acercaron al centro de acogida de Sacred Heart erigido detrás de la iglesia, donde se ducharon, comieron y recibieron prendas de ropa. A la mañana siguiente iban a coger el autocar para Houston; y luego a Queens –en Nueva York–, donde se alojarían con familiares. Allí recibirán noticia de su citación ante el juez y es probable que Susana sea detenida hasta que su solicitud sea valorada. A veces para no deportarlos a paises donde se enfrenta a un grave peligro, los jueces de inmigración les dan permisos a los refugiados para quedarse con estatus provisional. “Trump va a quitar esa posibilidad asi que verás que miles de refugiados van a ser devueltos a sus paises de origen”, dijo Molly Molloy que edita Frontera list, un medio que hace seguimiento de la violencia en la frontera en Las Cruces (New Mexico). Puesto que todos los refugiados en vías de  deportación deben ser encarcelados provisionalmente, “es inevitable que va a haber una expansión de carceles en la zona de la frontera”, aseguró Molloy. Se ha gastado más de 100.000 millones de dólares en seguridad fronteriza desde 2007 y Trump parece muy dispuesto a gastar más.

“¿Y si no vas a la citación?”, le preguntamos a Susana. “Nos vigilan”, respondió, levantando su vaquero para enseñarnos un grillete de plástico negro en el tobillo que contiene un sensor conectado al GPS para controlar sus movimientos. El fabricante del aparato es el mismoo GEO Group, uno de los productos que presenta en su pagina web en la categora GEO Care.

Otro salvadoreño, David Barraza, de 30 años, oriundo de San Miguel, había llegado a Texas con su hija tras pasar dos días en el tráiler de un camión con otros 150 inmigrantes. Cruzaron el río en balsa y luego se entregaron. “A nosotros nos soltaron después, a mi amigo que venía con su hijo, no”, dice. ¿Por qué viniste? “Los mareros mataron a un primo mío hace unos tres meses y, después, mataron a su hijo. A mí me amenazaron y me dijeron que iban matar a toda mi familia”.

Al día siguiente David cogería un autocar hacia Los Ángeles, donde vive su hermano. Tanto Susana como David pagaron 7.000 dólares al traficante por traerlos a Texas. “En El Salvador, si te quieren matar, no hay donde esconderse”, resume Susana.

Así es la situación actual en la frontera de Texas. “El 99% de la gente que llega al centro son de Centroamérica, familias que escapan de la muerte”, explica Norma Pimentel, la monja que dirige las operaciones de apoyo a los refugiados. Unas 80.000 personas han pasado por el centro en los dos últimos años. “Ahora están llegando 20 o 30 a diario. Hace un año llegaban varios cientos al día”. Algunos sospechan que la caída de refugiados que llegan a Sacred Heart se debe a que la policía fronteriza ya no practica el catch and release tanto como antes. La detención del amigo de David quizás respalda esa tesis, dijo Pimentel.

Tras la orden ejecutiva anunciada por el nuevo presidente la semana pasada, Pimentel y los refugiados temen que la ruta de escape pueda estar a punto de cerrarse del todo. “La orden ejecutiva dice que la patrulla fronteriza ya no puede poner en libertad a las personas que han detenido”, explica Pimentel. Si se convierte en ley, los resultados pueden ser dramáticos. “Si los buscadores de asilo ven que van a ser detenidos y deportados, intentarán evitar la patrulla”. De modo que, en Texas, el muro de Donald Trump será, ante todo, un muro para refugiados. Será un muro que, equipado con los últimos sensores, drones y torres de vigilancia roboticas, dará negocio no solo a las carceleras cuya cotizacion se dispara en Wall Street. Fijense en las accioens de Northop Gruman y Raytheon, y otras marcas corporativas del viejo complejo industrial militar ahora adaptadas al nuevo complejo industrial de seguridad fronterizo. Halliburton que se hizo con el contrato para el mantenimiento de un tramo del muro en Texas, tambien. O General Atomics, la fabricante de drones, el ojo que no parpadea en el cielo sobre el desierto de la frontera. “Ya verás que el Border Security Expo en San Antonio va a ser más concurrido que nunca”, dijo con ironia Scott Nicol, experto en la frontera. Quizas Timberspy que fabrica cactus de plástico con cámaras empotradas podra participar en el nuevo negocio de Donald Trump.

A unos 120 kilómetros de -McAllen, por una carretera que recorre el páramo inhóspito del sur de Texas, otra iglesia Sacred Heart, o mejor dicho su cementerio, demuestra las otras posibles consecuencias de un endurecimiento de la política de refugiados de Centroamérica y el fin del catch and release. El cementerio en las afueras del pequeño municipio de Falfurrias está abigarrado de flores, adornos coloridos y hasta de muñecos de Papá Noel. Pero una parcela de unos 50 metros cuadrados, de tierra recién removida, sólo se distingue por una pequeña placa adornada con un lazo rojo.

Aquí se enterraron secreta e ilegalmente los restos de 225 inmigrantes muertos durante décadas mientras intentaban cruzar el desierto texano. “Sólo encontraron huesos, un fémur por ahí, una calavera por allá”, dice Juan Muñoz, de 56 años. Se encarga de cuidar la iglesia. “Este es un gran éxodo como el de la Bíblia. Estados Unidos se entrometió en esos países, con la United Fruit Company y la CIA”, añade en referencia al apoyo de Washington a los golpes de Estado y los escuadrones de la muerte centroamericanos que sembraron las semillas de la violencia -actual.

Tras una serie de investigaciones periodísticas se descubrió que las autoridades habían hecho la vista gorda mientras las empresas funerarias del municipio echaban los huesos en una fosa sin señalizar en el cementerio. Ahora, la Universidad de Texas en Fort Worth intenta, mediante análisis de ADN, identificar a los muertos.

“Es una vergüenza. Cuando pensábamos que sabíamos cuántos cadáveres había, apareció el jardinero y dijo: ‘Enterré a tres más por ahí y otros tres por acá”, cuenta Eduardo Canales, un defensor de derechos de inmigrantes en Corpus Christi. Pero lo más indignante, agrega, es que pueda volver a ocurrir. “Si acaban con el catch and release, la gente no dejará de entrar, correrá más riesgos y habrá más muertos. Les motiva la desesperación, ningún muro los puede parar”.