Lejos de ajustarse a la retórica oficial del Gobierno de Felipe Calderón en México, los datos que arrojan los primeros cuatro años de la guerra contra el narco muestran una realidad bien distinta. El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, una prestigiosa universidad mexicana, ha analizado 3.327 combates entre autoridades y presuntos agresores ocurridos entre 2007 y 2011. Más de la mitad, 1.223, concluyeron con todos los criminales muertos.

Además, los analistas del CIDE han descubierto que la gran mayoría de los 3.327 enfrentamientos ocurrieron por “actividad” de las autoridades. Alejandro Madrazo, uno de los autores del estudio, explica que “en el 84% de los casos, cuando detona el evento, la autoridad estaba realizando una actividad, por ejemplo catear una casa, o atender un llamado anónimo”.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que apenas un puñado de operaciones estuvieron amparadas por el juez. “Descubrimos que fueron menos del 5%”, dice. En la mayoría de ocasiones, explica, las autoridades actuaron por su cuenta, careciendo de la supervisión del ministerio público o el mandato de un juez. “El 31% de los combates”, añade el experto, “ocurrieron cuando las autoridades estaban patrullando”.

Cuando Calderón llegó a la presidencia en diciembre de 2006, anunció que enfrentaría al crimen organizado con toda la fuerza del estado. Para ello, desplazó a miles de policías y militares al centro y el norte de México. Era, dijo, una batalla justa e imprescindible. En la prensa empezaron a aparecer informaciones sobre enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. La policía o las Fuerza Armadas explicaban en escuetos boletines que algunos delincuentes habían muerto y otros habían resultado heridos; que se habían decomisado fusiles, cartuchos y granadas. En muchos de ellos, los boletines leían que todos los delincuentes habían muerto en el intercambio de disparos.

La situación degeneró muy rápido. Y entre tanto empezó a expandirse la sensación de que todo aquello era demasiado raro. ¿Era normal que en un combate hubiera más delincuentes muertos que heridos? ¿Que todos los delincuentes murieran en las balaceras? Analistas, académicos y expertos se hacían estas preguntas.

En 2011, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México adaptaron un indicador para evaluar si los uniformados habían abusado de su fuerza en esos años. Se llamaba índice de letalidad. Otros colegas ya lo habían usado en Brasil con buenos resultados.

El índice de letalidad mide la relación entre civiles heridos y muertos en un enfrentamiento. “No se trata”, escribieron los académicos, “de que por sí mismo determine la existencia de privaciones arbitrarias de la vida, sino de valores que alertan sobre un contexto de preocupación”. Así, cualquier enfrentamiento que concluyera con más muertos que heridos era motivo de alarma.

Los investigadores del CIDE han retomado ahora el índice de letalidad. Gracias a una filtración de los datos que manejó el Gobierno del propio Calderón, han descubierto que la mitad de los combates acontecidos en los primeros cuatro años de su mandato acabaron con todos los delincuentes muertos. Ya no con más muertos que heridos: todos muertos. Los investigadores del CIDE consideran que un combate en el que mueren todos los civiles presenta un índice de letalidad perfecta.

Las hemerotecas de los medios mexicanos están llenas de situaciones así. El 26 de febrero de 2010, el diario Reforma informaba, por ejemplo, de la muerte de cuatro sicarios tras un enfrentamiento con militares cerca de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional explicaría después en un comunicado que un comando armado había agredido a los militares. En el tiroteo, los cuatro sicarios habrían muerto. Sin heridos. Sin preguntas. Sin más respuestas.

A escala regional, la mayor cantidad de escenarios de este tipo se dieron en el noreste. De los 1.223 enfrentamientos que presentaron un índice de letalidad perfecta, 502 ocurrieron en los estados de Nuevo León y Tamaulipas en 2010 y 2011. Casi la mitad. Los datos coinciden con la explosión de violencia en la zona por la guerra entre cárteles.

Zetas, Golfo y actividad militar

En febrero de 2007, el presidente Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto del noreste. El mandatario ordenó el despliegue de 3.500 policías, militares y marinos en Nuevo León y Tamaulipas, además de nueve helicópteros, tres aviones y 48 vehículos tácticos militares. Luego llegarían más. Era el tercer operativo que organizaba el presidente en apenas dos meses de Gobierno. La batalla empezaba.

Por aquel entonces, Los Zetas aún respetaban la cadena de mando del Cartel del Golfo. Si el Cartel de Sinaloa manejaba los cultivos de marihuana y amapola en la región noroeste, el Golfo controlaba la frontera noreste y la costa atlántica de la mano de Los Zetas. Pero todo aquello cambió. La detención de varios líderes de ambas organizaciones y las continuas reyertas entre los nuevos cuadros degeneraron en una guerra que afectó a ambos estados.

Atrapados en medio de la batalla, la Policía Federal, el Ejército y la Marina trataron de tomar el control. Así, Nuevo León y Tamaulipas concentraron casi la mitad de los 3.327 combates que se dieron en el país durante esos años. En 2010 fueron 447 de 1.027. Al año siguiente la historia se repetiría: 623 de 1.441.

La cantidad de denuncias en esos cuatro años por violaciones a derechos humanos rayaron lo inmanejable. El ombudsman mexicano recibió 4.000 quejas y preparó decenas de informes abundando en la mala praxis de las autoridades, sobre todo de las Fuerzas Armadas. 

La pregunta es obvia, ¿qué ocurrió realmente en esos años en el noreste de México?