El padre de Javier Duarte (difunto), honesto y trabajador, fue mi amigo y compañero en el ITESM, a su madre y tíos los conozco desde la escuela. De ellos no aprendió a robar. Vio, desde que fue Secretario de Finanzas del gobernador anterior, cómo se podían desaparecer o desviar miles de millones sin dar cuentas a nadie y con una completa impunidad.

Como Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso Federal (2000-2003), les solicité a los “gobers” información sobre el destino de los miles de millones de las participaciones que les transfería el Congreso. La mayoría no se molestaron ni en contestar; sabían que el Congreso no tenía competencia para pedirles cuentas.

Cuando el Presidente ya no fue priista, les salió lo de “estados libres y soberanos”. Y al tener los “gobers” priistas mayoría en los Congresos locales y pagar la nómina al poder judicial, hacían lo que se les pegara la gana con los recursos. Con esas desviaciones integraron una bolsa de miles de millones para financiar la campaña de su candidato. Al ganar, asumieron que el nuevo presidente priista y un Congreso de mayoría priista, no les exigirían transparencia ni rendición de cuentas, pues gracias a sus aportaciones recuperaron la Presidencia de la República.

La corrupción en los estados aumentó a partir del 2000. Se intensificó más en Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo, Estado de México y Veracruz, donde los “gobers” priistas consideraron que cooperar con cientos de millones a la campaña presidencial les daba fuero para robar.

En el libro EPN: El retroceso, explico cómo el blindaje del que han gozado los “gobers” priistas que cooperaron con la campaña presidencial, es la principal causa por la que a pesar de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por miles de millones en varios de sus estados, los principales responsables de los desfalcos andan libres y ninguno ha pisado la cárcel hasta la fecha.