La cifra no es oficial, pero sí oficiosa: 60.000 millones de euros. La factura que los 27 quieren pasarle a Reino Unido cuando se formalice su partida por conceptos tan diversos como las obligaciones financieras que el país tiene comprometidas con el Presupuesto europeo para los próximos años, las pensiones de los eurofuncionarios británicos o las garantías aportadas por Londres para el rescate de Irlanda, que nadie cree que jamás vayan a ser ejecutadas, pero cuya naturaleza jurídica el día después debe quedar zanjada.

La cifra está encima de la mesa desde hace meses, pero sólo el sábado pasado, en una entrevista con 'Financial Times', fue confirmada en persona por Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión: "Estará en torno a 60.000 millones de euros", dijo, como aviso a navegantes, en el BOE extraoficial de la Unión.

La negociación del 'Brexit' va a ser extraordinariamente larga y dura. Los temas que más preocupan a ambas partes son la situación de los británicos en el resto de países y viceversa. Qué derechos y libertades tendrán. Si serán todos iguales o, en cambio y como parece querer Theresa May, habrá condiciones diferentes para quienes llevan tiempo residiendo en Reino Unido y los recién o futuros llegados.

La bomba de relojería ha sido y será el encaje británico con el Mercado Único. Si permanece casi idéntico al actual o se materializan los deseos de los 27 de que Reino Unido sufra o al menos entienda las consecuencias de su partida. Que quede claro que bajo ningún concepto las condiciones de un país pueden ser las mismas si es Estado Miembro o si está fuera. Y, sobre todo, que se grabe en piedra ahora y para siempre que el pleno acceso a los mercados es indisociable de un respeto a las cuatro libertades: la circulación de bienes, personas, servicios y capitales.

En términos absolutos, una factura de 60.000 millones, a pagar potencialmente a lo largo de varios años, es insignificante. Pero política y filosóficamente es una patata caliente. La campaña del 'Brexit' se sustentó sobre la presunta sangría que la UE supone para los contribuyentes británicos y cómo al salir se podrían destinar hasta 350 millones de libras por semana para la Sanidad. Los enemigos de la UE llevan décadas quejándose de que pagan mucho y obtienen poco. El país incluso tiene el famoso 'cheque' anual que le devuelve simbólicamente una cantidad de sus aportaciones, por lo que May difícilmente puede aceptar que para salir tenga que abonar tal cantidad. "Debo ser muy claro: simplemente no reconocemos las grandes cifras que se están barajando en Bruselas", ha amenazado el responsable económico, Philip Hammond.

Los Presupuestos europeos se hacen pensando a medio plazo y muchos de los compromisos (de gasto, de inversión) se hacen para bloques, por ejemplo para el periodo 2014-2020. Así que no es tan sencillo saldar cuentas. No basta con cerrar el ejercicio corriente y a otra cosa. Cuando Reino Unido se vaya, el resto tendrá que aportar más (o recibirá menos).

Los detalles

Pero además hay otras partidas, como la de las pensiones, que tendrán que abonarse dentro de décadas. Y aunque el estatus de los funcionarios europeos británicos no está claro, no se parte de la base de que perderán su trabajo, sino que seguirán en Bruselas.

El finiquito, sin embargo, es sobre todo un arma de negociación. Londres lo ve como un intento de chantaje, Bruselas como parte del juego. Una forma de presionar. Porque aunque nadie quiere, aparentemente, un divorcio incómodo, un 'Brexit duro', en la capital comunitaria creen que Reino Unido tiene mucho más que perder. Y que si no hay un acuerdo en los próximos dos años, los británicos sufrirán mucho más las consecuencias de no tener un acuerdo económico que el resto.

En un detalladísimo informe de contabilidad forense para el Center for European Reform, Alex Barker, considera que "el legado de Reino Unido en pagos será menor que su contribución anual a la UE" y recuerda que parte de la factura será por los fondos de cohesión y de ayuda regional comprometidos, algo que Reino Unido impulsó desde su entrada en al UE y que Londres fue también una de las partes que más insistió en la ampliación de la Unión al Este.

En el documento se recopila parte de las reclamaciones comunitarias: como los proyectos 'Galileo', operaciones de paz en Sudán y hasta "los satélites del tejado del edificio Berlaymont de la Comisión Europea", entre otros. Según sus estimaciones, el escenario más adverso para Londres se situaría entre 57.000 y 73.000 millones, yendo a por máximos. Con todo en la factura. El segundo, que se acerca a lo que defiende Juncker, es de entre 48.000 y 61.000 millones, dejando fuera pasivos contingentes. El último, que cifra entre 25.000 y 33.000 millones el finiquito, sólo tiene en cuenta las contribuciones al presupuesto ya firmadas, pero nada más.

¿Cuál es el peor escenario? La aplicación del artículo 50 abre un plazo de dos años para un acuerdo. Si superado el plazo no se ha logrado, es necesaria unanimidad para una prórroga. De no existir, se rompería por las buenas y la UE podría acudir a los tribunales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ofrece el paraguas jurídico y, además, hasta que la salida se complete, Reino Unido sigue siendo Estado Miembro de pleno derecho, lo que supone que la Justicia Europea es la última instancia, le guste o no. Después, si se opta por el enfrentamiento, Bruselas podría buscar cortes internacionales (La Haya) en las que empantanarse durante años. Es un escenario impensable a día de hoy, pero también lo era el propio 'Brexit' el día antes del referéndum, en junio del año pasado.