Desde hace más de cuarenta años existe una guerra interna, cuyos principales protagonistas son, el Estado Colombiano, las Guerrillas Marxistas y los “paramilitares.”
Para lograr frenar el estado de violencia y de desborde social, se han llevado adelante procesos de desarme, desmovilización y reinserción de militares a la vida civil.

Procesos costosos, complejos y a largo plazo.

 

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, dado que el problema persiste y profundiza.
Los mismos, difieren completamente de los acuerdos de paz. Estos últimos, ponen fin al conflicto mediante la desarticulación de la o las fuerzas que participaban en el mismo.

 

En cambio, el proceso antes mencionado, si se realiza correctamente, tiende a asegurar la paz y a evitar aumentos de criminalidad.

Dentro del aparente orden, hay un gran desorden.
La violencia es un factor clave. Aquel que ha desempeñado una función erosiva al mismo tiempo que constitutiva del Estado de Colombia.

Insurgentes y paramilitares. Asesinatos por encargo, narcotráfico.

Secuestros. Terrorismo y niños armados.

Desplazados internos y bandas criminales.

Todo conforma un lamentable escenario.

Escenario que revela una profunda crisis humanitaria que se agudiza a diario.

Tanto es así, que en Colombia, todas las personas se han visto afectadas de diversos modos por la violencia que allí se vive.

Por estos meses, el país atraviesa un período complejo, debido a la desmovilización de los grupos "autodefensa" y el proceso de diálogo entre el Gobierno y el grupo armado de oposición Ejército de Liberación Nacional.
Por su parte, las negociaciones entre las autoridades y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son menos fluidas.

Entre otras consecuencias de la violencia, encontramos el llamado desplazamiento de personas.

Aquellas que deben trasladarse a raíz de los terribles episodios que se suceden en los lugares que habitan. Los colombianos desplazados, le suman miedo a la pobreza y buscan un lugar lejos de los responsables de los asesinatos, las masacres, las desapariciones, el secuestro, las amenazas y el terror.

Además, la violencia se extiende a homosexuales e indígenas.

En el último tiempo, alrededor 1.600 indígenas fueron obligados a abandonar sus respectivos hogares en el departamento de Cauca.

Otro dato alarmante, es la desaparición de personas.

Un tema eterno que como tantos otros, nunca, llega a resolverse.

El panorama no es para nada alentador. Incluso, las mujeres de pandilleros, según un artículo publicado en el Diario El País de España, llevaron adelante una huelga sexual.

Es decir, una huelga de piernas cruzadas con el objeto de no entablar, por una semana, relaciones con sus compañeros. La medida apelaba a que delincuentes finalizaran con la comisión de lícitos.
Estas características, dejan en claro la violación a los derechos humanos en el país.

Violaciones que han sido preponderantes durante la guerra civil colombiana.

 

Pero el problema, no se reduce a tales violaciones, puesto que la expansión y consolidación de la economía del narcotráfico, también alteró el contexto social.
El poder del narco ingresó a las instituciones del Estado, partidos políticos y arraigó en ciertos sectores de la sociedad.

 

De este modo, se crearon organizaciones dedicadas exclusivamente al narcotráfico y al crimen organizado.
Los sectores sociales no involucrados, al tomar conciencia de la situación demencial por la que el país atraviesa, se volvieron más desconfiados con las autoridades.
La actividad del narcotráfico cambió significativamente la estructura de la sociedad colombiana.

A partir del enriquecimiento ilícito y “sencillo”, se produjo un ascenso económico que muchos investigadores e intelectuales lo homologan con el ascenso social. Se produjo un cambio en la escala de valores, desvalorizando la vida y sobreestimando la ilegalidad.

 

Los intereses del narco intensificaron la dinámica de la guerra interna, tomando así, dimensiones internacionales.
De hecho, el “Plan Colombia”, es en teoría, el programa de ayuda militar norteamericana más ambicioso en América Latina que se presenta como una estrategia antinarcótica.
Por lo tanto, la violencia en el país es generalizada.

Existe una violencia política que interactúa con otras violencias, como la económica y social.

 

Una violencia que forma parte de la vida cotidiana; que quiebra los lazos de solidaridad; banaliza el concepto mismo de violencia; y recrudece los odios y la venganza.
La intolerancia en Colombia devino en una limpieza social que busca terminar con homosexuales e indígenas.

 

Aunque también, con prostitutas e indigentes, ya que estas personas son consideradas, o bien indeseables, o bien, son interpretadas como amenazas a la comunidad.