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20/04/2017 | Ficciones jurídicas

José Ramón Cossío D.

Se trata de una solución legal que se emplea para construir realidades a partir de suposiciones

 

A través de la historia ha sido frecuente la construcción de soluciones jurídicas que, a primera vista, parecen absurdas. Resulta difícil aceptar que a una persona desparecida por largo tiempo se le dé por muerta. También, que ante el silencio se estime celebrado un contrato privado o una autorización pública. Más que multiplicar ejemplos históricos o actuales, conviene decir que en casos así se está ante lo que los juristas llaman ficciones jurídicas. Frente a maneras de constituir realidades jurídicas a partir de suposiciones capaces de concretar cotidianas consecuencias. De la idea de que un individuo es titular de derechos y obligaciones puede admitirse que varios constituyan una persona nueva y diferente, como sería una sociedad o asociación. De ahí, que esa nueva persona adquiera derechos y responsabilidades. De ahí, terminar por reconocerle los mismos derechos que tienen los seres humanos, incluidos los del honor y la imagen. La construcción y la asimilación de las ficciones jurídicas son contextuales. A los constituyentes de Filadelfia les pareció razonable o útil fraccionar en tres quintas partes el valor de la representación de los negros con respecto a la de los blancos, para efectos legislativos e impositivos. A ciertos juristas y teólogos imperiales les pareció correcto suponer que los indígenas americanos no eran personas y carecían de alma. Actualmente, ambas ficciones nos resultan inaceptables por el fundamento de la decisión de la que partieron. Habiendo, por decirlo así, ficciones jurídicas aceptables y no aceptables, conviene entender que su función jurídica radica en la posibilidad de lograr soluciones a problemas nuevos mediante la utilización de construcciones creadas para enfrentar situaciones distintas. Dos recientes ejemplos nos muestran la capacidad de las ficciones jurídicas para contender con fenómenos que, con franqueza, siguen sin encontrar una adecuada solución: el cuidado del medioambiente y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Hace algunas semanas, el Parlamento de Nueva Zelanda y la Corte Suprema de la provincia india de Uttarakhand determinaron otorgarle personalidad jurídica a dos hábitats físicos. Más aún, a tenerlos como personas. El primer caso es la emisión de la ley que considera que la zona Te Awa Tupua, vinculada con el río Whanganui, debería ser tenida en tal calidad. Es interesante que, más allá de la relación de ese entorno con el pueblo Whanganui Iwi, al espacio mismo se le diera posición jurídica, se impusieran derechos y obligaciones de él y para con él, y se nombrara a un órgano para que en su representación los ejerciera y las cumpliera. En el caso indio, la Corte provincial determinó que la cordillera del Himalaya, sus glaciares, ríos (Gangotri y Yamunotri, principalmente), caídas, corrientes, lagos, junglas, bosques, praderas, valles, humedales y manantiales habrían de ser considerados también como personas jurídicas a fin de garantizar su sobrevivencia, seguridad, sustentabilidad y resurgimiento. Adicionalmente, la Corte impuso obligaciones de representación a las autoridades locales, ordenó la constitución de un órgano integrado con miembros de las comunidades que habitan la zona y estimó, expresa y rotundamente, que los derechos de estas últimas debían considerarse equivalentes a los de los seres humanos y repararse de igual manera.

Visto con perspectiva, la función del derecho es contender con los fenómenos que van apareciendo o se ven venir, para tratar de ordenar la vida de los individuos y los grupos en sociedad. Por las escalas y diversidades, el asunto no es fácil. La tensión que hay entre los requerimientos técnicos provenientes de la racionalidad que mediante el derecho quieren imponerse y la multiplicidad de pretensiones e intereses existentes dificulta la tarea. Echar mano de las ficciones jurídicas para tratar de visibilizar y personificar lo mucho que está en juego es un camino si no completamente seguro, sí al menos explorado. En un mundo en el que la oligarquía político-empresarial quiere hacerse parecer como lo natural, la personificación de los excluidos, con todo y sus dificultades, puede ser un camino de liberación.

José Ramón Cossío Díaz es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. @JRCossio

El País (Es) (España)

 



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