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20/04/2017 | La reforma energética mexicana y la debilidad de los reguladores

Luis Rubio

La reforma energética sigue su curso a pesar de los precios del petróleo, pero su impacto potencial es infinitamente mayor a lo aparente. Incluso si no se avanza más en lo ya establecido, la mera liberalización del comercio en materia energética y derivados del petróleo abre ingentes oportunidades para la industria, además de que le impone una competencia inconmensurable a Pemex y CFE. No es casualidad que esa reforma sea de los asuntos políticamente contenciosos.

 

El crecimiento de la inversión en el sector, en asociación con Pemex o de manera independiente, va a exigir el crecimiento de puertos, carreteras, gasoductos y otra infraestructura que, en sí misma, generará impactos en la forma de gasto, inversión y empleo. El aterrizaje de todos estos cambios entraña retos excepcionales: por un lado, se encuentra el proceso de implementación cabal de la reforma, así como el aterrizaje de las regulaciones que normarán el actuar cotidiano de la industria. Por otro está el hecho mismo de que el mercado de energía involucra actores con gran experiencia internacional y, en este momento, con una gran diversidad de oportunidades y posibilidades de inversión. Es decir, se trata de un mercado de compradores donde los inversionistas tienen grandes alternativas. La clave para atraer esa tecnología y esa inversión reside en la calidad de la regulación.

En uno de sus artículos, Sergio López Ayllón señalaba las dimensiones del proceso legal que tiene que ser instrumentado y mencionaba los siguientes cuatro obstáculos a remontar: a) organizar a administración de tal suerte que sea capaz de procesar y resolver lo que en la actualidad son mandatos contradictorios, capacidades limitadas y restricciones para responder en un entorno que demanda flexibilidad y agilidad; b) la urgencia de lograr un marco regulatorio y eficaz a partir del entorno actual que es complejo, impone elevados costos y que “lejos de proporcionar certeza y seguridad jurídica, el entorno legal es de incertidumbre y conflicto”; c) el arreglo federal vigente no corresponde a un diseño deliberado en que se hayan definido responsabilidades, capacidades y recursos. “El resultado es un nudo donde muchas de las decisiones se atascan y se estrellan con la falta de coordinación efectiva y una falta absoluta de claridad en las responsabilidades”; y d) la ausencia de un sistema efectivo de rendición de cuentas.

Lo que describe López Ayllón es el entorno en que funciona la economía mexicana de manera cotidiana, pero se agudiza en el caso de la energía por la radicalidad del cambio político-legislativo, que implica, por ejemplo, que Pemex pase a operar con criterios de productividad y rentabilidad y no meramente de transferencia de recursos al erario. También se complica por la forma en que han operado las dos entidades, otrora monopolios, que nunca se caracterizaron como ejemplo de probidad o eficiencia.

En el caso de los potenciales inversionistas, se trata de jugadores experimentados que han aprendido a lidiar con los gobiernos más diversos del planeta, muchos de ellos caracterizados por regímenes disfuncionales y poco confiables. Un funcionario de alto nivel de una petrolera multinacional resumía su perspectiva así: “todos preferiríamos operar en Suiza, donde las reglas del juego son claras y sacro santas, pero el petróleo se encuentra en los lugares más recónditos y frecuentemente inestables del orbe”. Es claro que no se requiere un sistema legal suizo, pero es obvio que se tiene que lograr un alto grado de certidumbre que permita echar a andar el proceso.

Cada país exitoso ha respondido a su reto de manera particular. Colombia transformó su poder judicial (proceso que llevó décadas) logrando que fuese percibido como independiente del ejecutivo y, por lo tanto, susceptible de actuar convincentemente cuando se presente un diferendo con el ejecutivo. Perú creó un ente regulador totalmente autónomo y creíble en esos términos, granjeándose el respeto de todos los actores en el medio. Algunos países han recurrido a tribunales internacionales (y, algunos, a los tribunales de otros países) para lograr esa credibilidad.

El régimen adoptado en la nueva legislación comienza con un problema porque le confiere mayor importancia al ejecutivo (en la forma de la secretaría de energía y de hacienda, según el asunto) que a la autonomía de los órganos reguladores. Esto bien puede ser resultado de la expectativa de que el gobierno cuenta con la credibilidad necesaria para poder ganarse el respeto de los inversionistas, pero no deja de ser una apuesta en tiempos turbulentos.

La explicación alternativa, pero en cierta forma complementaria, sería que el régimen legal parte del reconocimiento explícito de la correlación de fuerzas en la política mexicana; es decir, ni siquiera se pretende que las entidades supuestamente autónomas actuarán de manera independiente, razón por la cual la estructura legal y regulatoria responde a esta circunstancia de manera formal. Sea como fuere, el mercado dirá si las garantías y seguridades que crea el nuevo régimen son suficientes para atraer inversionistas. Será una lección para todo mundo y para todos los ámbitos de la vida pública nacional.

América Economía (Chile)

 


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