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24/04/2017 | Venezuela- Con el Plan Zamora, las armas venezolanas podrían caer en manos de terroristas

Antonio María Delgado

La decisión del régimen de Nicolás Maduro de armar a civiles para defender la Revolución Bolivariana en medio del creciente descontento social está renovando las preocupaciones en Estados Unidos de que organizaciones terroristas y criminales logren apoderarse de parte del arsenal militar del país sudamericano, que incluye una gran cantidad de misiles portátiles tierra-aire.

 

Expertos y autoridades estadounidenses expresaron preocupación sobre el riesgo de que algunos de estos misiles, al igual que miles de fusiles modernos y una gran cantidad de minas antipersonales caigan en manos de agrupaciones violentas, dada la abrumadora corrupción del régimen, la falta de control interno y el rápido deterioro de la situación del país.

“Maduro es un dictador con relaciones estrechas con regímenes que fomentan el terrorismo, y ahora está prometiendo entregarle un rifle a cada uno de los milicianos en momentos en que sus truhanes enfrentan con violencia y fuerza letal las protestas pacíficas del pueblo a favor de la democracia”, dijo el senador federal Marco Rubio a el Nuevo Herald.

“Estas acciones irresponsables tienen el mal olor de la desesperación y elevan la posibilidad de que Maduro pierda el control sobre peligrosos sistemas de armas”, advirtió el senador.

Según documentos de las fuerzas armadas del país sudamericano obtenidos por el Nuevo Herald, Venezuela ha comprado a lo largo de los últimos años cientos de unidades de la última versión de los misiles portátiles Igla-S, lanzacohetes pueden ser fácilmente operados por un solo hombre para derribar aviones o helicópteros y que son el equivalente ruso de los misiles Stinger de fabricación estadounidense.

La existencia de ese equipo bélico en el arsenal de Venezuela ha sido fuente de preocupación en Estados Unidos, dada la estrecha relación del régimen chavista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con la proiraní Hezbolá, organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Esas preocupaciones habían perdido algo de intensidad después que Rusia prometiera en repetidas ocasiones de que esos misiles no caerían en manos de terroristas, según cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks.

Pero Maduro volvió a despertar esos temores la semana pasada al aprobar el denominado Plan Zamora, una operación militar que se activaría bajo una situación de guerra inminente.

El gobernante activó el plan ante la gran envergadura de las manifestaciones en su contra, que Maduro describió como el preámbulo de un golpe de Estado organizado —según él— por el gobierno del presidente Donald Trump.

Expertos dijeron que la aprobación del Plan Zamora activa los instrumentos para comenzar a suministrar con armamento de guerra a las milicias del régimen y sus organizaciones paramilitares, conocidas internamente como colectivos. Poco antes, Maduro había anunciado que entregaría fusiles de guerra a sus 400,000 milicianos.

El riesgo de que agrupaciones criminales tengan acceso al Igla-S es realmente alarmante, dado el pequeño tamaño del equipo y su efectividad. Con un peso ligeramente mayor de 10 kilogramos, el sistema se puede ocultar y transportar con facilidad a través de fronteras, y su misil puede derribar aviones o helicóptero a seis kilómetros de distancia.

“Los misiles antiáereos son uno de los armamentos más potentes y peligrosos en ese arsenal”, advirtió Roger Noriega, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.

“Recuerdo haber visto a funcionarios de Estados Unidos aterrados sobre la posibilidad de que cayeran en manos de la gente equivocada, y eso era cuando se pensaba que sólo había algunas docenas de estos dispositivos. En este caso, estamos hablando que quizás […] miles”, agregó.

Antes de entrar en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, las FARC habían manifestado gran interés en los misiles, el armamento idóneo para derribar los aviones y los helicópteros de las fuerzas armadas de ese país, según informes de prensa.

Pero actualmente quizás los mayores interesados en obtener estos equipos serían las organizaciones mexicanas de narcotráfico, dijo Miguel Castillo, ex viceministro de Comercio y de Economía cubano, quien está muy familiarizado con la manera en que operan los funcionarios del régimen venezolano.

“Este tipo de armamento es muy apetecido, no sólo por actores políticos [como lo sería la guerrilla colombiana o agrupaciones extremistas del Medio Oriente], sino por narcotraficantes y delincuentes”, explicó Castillo, vicepresidente de la firma de asesoría Well Thought Consultants.

“Eso podría traer consigo una situación muy peligrosa si los militares y personas que tienen el control de ese armamento actúan con dolo para ganar dinero y venden esos armamentos a personas o grupos interesados, o actúan con negligencia y no se custodia debidamente los depósitos donde están”, agregó.

Según una fuente familiarizada con el arsenal venezolano, el régimen bolivariano adquirió 5,000 lanzamisiles, cifra muy superior a los 1,500 reportados por la reconocida ONG venezolana Control Ciudadano, que hace seguimiento de las compras de armamentos, y los 200 detectados previamente por la publicación especializada Jane’s.

Los documentos militares obtenidos por el Nuevo Herald respaldan la versión de las 5,000 unidades, y muestran a su vez que las fuerzas armadas venezolanas también adquirieron 200,000 fusiles Kalashnikov AK-103, 120,000 carabinas 38 y 44, así como 400,000 minas antipersonales y antitanque.

Las minas y las carabinas fueron adquiridas en Cuba, resaltó la fuente, que habló a condición de no ser identificada debido a la sensibilidad de la información.

La fuente, quien cuenta con amplio conocimiento sobre las operaciones militares de Venezuela, dijo que debido al gran deterioro institucional por el que atraviesa el país y la falta de controles internos, es casi un hecho que las fuerzas armadas de Venezuela van a perder control sobre cualquier arma que se entregue a las milicias o a los colectivos.

“Una vez activado el Plan Zamora, los militares cuentan con la autorización de comenzar a distribuir las armas, pero la Fuerza Armada no tiene los mecanismos para controlar el flujo de esas armas”, dijo la fuente.

“Cualquiera de esas armas puede terminar en manos de la guerrilla, en manos de narcotraficantes, o pueden incluso terminar en manos de vendedores de armas dispuestos a vendérselas a terroristas”, acotó.

Y es que existen precedentes históricos que convierten estas advertencias en muy escenarios probables.

Noriega explicó que muchas de las armas distribuidas en Nicaragua a los seguidores del sandinismo terminaron en manos de guerrilleros colombianos.

Y Caracas protagonizó su propio escándalo cuando el Ejército colombiano encontró que sofisticados lanzacohetes antitanque AT4 en posesión de las FARC habían pertenecido inicialmente al Ejército venezolano.

Noriega dijo que dado el alto grado de corrupción prevaleciente en el régimen de Maduro, hay grandes posibilidades de que estas armas incluso no se lleguen a distribuir entre los milicianos, sino que funcionarios corruptos las vendan directamente.

“Durante los próximos años veremos cómo matan a personas con estas armas, todo debido a que este régimen en vías de colapsar está lleno de delincuentes que podrían convertir este arsenal en su fondo de retiro”, advirtió Noriega.



El Nuevo Herald (Estados Unidos)

 



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