En ese momento, el político llamó a la Policía, que acudió al lugar. Los ocupantes de los vehículos ingresaron al predio y tuvieron una conversación con Orozco. Los policías los requisaron y los condujeron a la estación, pero al no tener armas ni requerimientos judiciales los dejaron libres.

El miércoles pasado, casi un año después de ese hecho, Orozco fue asesinado por un grupo sicarial cuando montaba bicicleta en la vía Yumbo-La Cumbre. Al abogado lo interceptaron sicarios, que se movilizaban en un vehículo Kia, con placas de Barranquilla, y tres motocicletas. La Policía capturó a uno de los presuntos pistoleros en el Plan Candado desplegado en esta zona conocida como Yumbillo. También halló dos de las motos y dos pistolas 9 milímetros automáticas: una SIG Sauer y otra Walther P99. 

La incursión del 2016 en la finca de Orozco, junto a la información entregada por informantes de la Policía, que revelaron que en esa ocasión enviados de ‘Los Comba’ contactaron al abogado para cobrarle una deuda por unos bienes que supuestamente administraba para los capos (en Estados Unidos) llevó a las autoridades a establecer como principal hipótesis sobre su asesinato las presuntas amenazas de ‘Los Comba’.

“Él, como abogado manejaba bienes de los hermanos, como fincas y otras propiedades. La información que tenemos es que tenía problemas de dinero y empezó a venderlos y se quedó con esa plata. Las amenazas vinieron por el cobro de ese dinero por parte de los delegados de los narcos”, explicó una fuente de la investigación.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que abogados penalistas, que han trabajando con narcos, son asesinados por líos de bienes de estos. En el Valle del Cauca, según denuncias del Colegio de Abogados, en las últimas décadas han sido asesinados 200 juristas, aproximadamente. Un informe de esta entidad, revelado en 2015, indicó que el Valle del Cauca era el departamento con más casos en todo el país.

Entre las víctimas de estos crímenes se recuerdan casos como los ocurridos en 1999 cuando en medio de la disputa por las propiedades Élmer Pacho Herrera, uno de los jefes del Cartel de Cali, fueron asesinados dos abogados del capo: el exprocurador Guillermo Villa Alzate y Vladimir Ilich Mosquera. También mataron a un contador y a otros dos juristas.

Cinco años después, en 2004, doce abogados, la mayoría relacionados con el capo del cartel del Norte del Valle, Víctor Patiño Fómeque, fueron asesinados en Cali y otros desaparecidos. 

Las investigaciones revelaron que los asesinatos fueron ordenados por Juan Carlos Ramírez, ‘Chupeta’, en una disputa con Patiño, quien estaba detenido en EE. UU. y estaba colaborando con las autoridades de ese país.

Los abogados, al igual que varios testaferros, contadores y familiares del capo, fueron presionados y amenazados para que les entregaran las propiedades que le manejaban a este.

Deisy Fómeque, madre de Patiño, reveló que ‘Chupeta’ y Wílber Varela, ‘Jabón’, les arrebataron 299 bienes. En esa ocasión, la mujer también acusó al abogado Ignacio Londoño (político liberal, también mencionado por otros narcos) de ser uno de los diez abogados que los narcos comisionaron para tramitar los traspasos de los bienes que le quitaron a su familia.

“Mi hijo me dijo que se había filtrado la información de que él colaboraba porque Ignacio Londoño iba a visitarlo a Estados Unidos y todo lo que hablaban se lo contaba después a ‘Chupeta’ y a Varela”, le aseguró a la Fiscalía Deisy Fómeque. 

Paradójicamente, Ignacio Londoño fue asesinado en julio de 2015, en Cartago, cuando era candidato a la Alcaldía de esta población. La información que manejaban las autoridades es que el crimen fue ordenado por alias Gafas, un militar retirado que ha ganado poder en el narcotráfico de esta zona. Las versiones han indicado que los problemas entre Londoño y ‘Gafas’ se dieron por la Alcaldía, un fortín que ambos querían.

Pero también se dijo que la pelea entre ellos también se dio por los intentos de negociación que ambos estaban realizando para que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe de ‘Los Urabeños, se entregara a las autoridades, como lo hicieron los hermanos ‘Comba’. Y tanto Londoño, quien participó en los procesos de los Calle Serna, como ‘Gafas’ pretendían ser mediadores de Úsuga.

“En muchos casos, el riesgo está en comprometerse con los narcos con cosas que luego no se pueden cumplir, como libertades. Hay que ser lo más claro posible desde el comienzo. Yo incluso, tampoco recibo propiedades como pagos de procesos porque eso también puede ser delicado”, aseguró un abogado, quien ha defendido narcotraficantes desde hace más de dos décadas.