Lejos queda en el tiempo la guerra civil de El Salvador (1980-1992), en la que murieron 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000. Para las nuevas generaciones ya es Historia y sólo los que vivieron los estragos del conflicto de cerca todavía luchan por recordar a sus víctimas o denunciar lo que sufrieron. A pesar de los años, este pequeño país es uno de los más violentos del mundo, con altas tasas de impunidad, con las 'maras' como un problema enquistado y 'exportador' de inmigrantes a EEUU.

Pero algo hizo tambalearse al país centroamericano el pasado 13 de julio, cuando la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, por la que se perdonaban los delitos cometidos durante el conflicto entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército salvadoreño. "Queremos que se haga justicia en todos los casos y creemos que con la resolución de la Ley de Amnistía de alguna manera se van a resarcir muchas cosas, sobre todo a las víctimas", explica José Armando Pineda (67 años), presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de la Sala de lo Constitucional y del órgano judicial. Como máximo responsable de la justicia del país -ostenta esos tres cargos porque así lo establece la Constitución- asegura que se va a buscar que haya "justicia, reparación y que se conozca la verdad" de todo lo sucedido durante el enfrentamiento armado.

Pineda, que participó recientemente en un seminario en Casa de América para analizar los acuerdos de paz de su país al cumplirse el 25 aniversario de su firma, manda un mensaje de confianza en las instituciones de El Salvador, en su justicia y promete el fin de la impunidad en una entrevista durante su visita a España. Y él es ejemplo de todo ello, ya que fue elegido en su cargo por unanimidad, en 2014, al declararse anticonstitucional el mandato de su antecesor por relaciones con un partido político.

¿Cuál es su balance de estos 25 años de 'paz' en El Salvador?

Después de los acuerdos de paz hay que desmovilizar a la guerrilla y al número excedente de soldados, hay que buscarles ocupación. Eso no se puede realizar inmediatamente y genera una inmigración importante hacia EEUU. Mucha gente joven que llega allá se va agrupando, no tiene forma de subsistencia, se integra en pandillas y después son deportados a El Salvador. Se crean las 'maras'. La crisis económica hace que muchos jóvenes se integren a estas pandillas. Constituyen una verdadera oposición al Gobierno. El Ejecutivo busca formas que pudieran no sólo disuadirles sino dar alternativas a estos jóvenes para que puedan reincorporarse a la sociedad o que no se integren a esos grupos.

Con la política migratoria que está adoptando Donald Trump, ¿va a resultar más complicado atajar este problema?

De alguna manera sí, pero hay una alternativa entre los tres países del Triángulo Norte [Guatemala, El Salvador, Honduras], que están trabajando para que los jóvenes puedan quedarse, subsistir y no tener que emigrar hacia el Norte.

 La eliminación de la Ley de Amnistía fue una decisión controvertida.

Hay dos sectores: unos que la aceptan y que consideran que se ha dado un paso justo y otros que consideran que es como volver al pasado, abrir heridas y que no ayudaría mucho a la armonía.

Incluso el presidente, Salvador Sánchez Cerén, se mostró inquieto con esta decisión porque podría desestabilizar el país.

Eso se dice porque habrá que hacer muchas investigaciones sobre hechos del pasado.

¿No se bloquearán las investigaciones por miedo a que muchas personas del Gobierno pudieran estar implicadas en actos de la guerra?

De alguna manera sí, pero consideramos que debe buscarse la justicia y debe encontrarse la verdad.

Sus palabras reflejan el deseo de acabar con los altos niveles de impunidad de El Salvador.

Los derechos fundamentales han tomado un lugar preponderante en las sentencias y en la legislación. Buscamos que no haya impunidad.

¿No tiene miedo a recibir presiones?

Para nosotros es fundamental la independencia judicial.

¿Realmente está garantizada la independencia de los jueces y tribunales en El Salvador?

Ése es uno de los objetivos de la Corte Suprema de Justicia. Estamos trabajando en la depuración judicial. Tenemos dentro de la Corte una sección que se llama de investigación judicial. Cualquier persona puede llegar a poner su denuncia siempre y cuando sea por cuestiones que atañen a la disciplina, si es penal tendrán que hacerlo ante la Fiscalía General de la República.

Apenas dos casos de la guerra se han reabierto tras la declaración de inconstitucionalidad, entre ellos el de El Mozote, uno de los más sangrientos. ¿Está previsto que se abra alguno más?

Esto quien lo tiene que activar es cualquier persona que se considere interesada o víctima. Puede recurrir a los tribunales para poder activar la justicia y que los casos se abran. En el caso El Mozote se ha requerido a generales de alto mando para que preparen su defensa.

En España, el caso más conocido es el de la matanza de los jesuitas en 1989. ¿Podría llegar a reabrirse en El Salvador?

Sí. Como la ley [de Amnistía] se declara inconstitucional se vuelve al momento en cómo quedaron los juicios y el día de ayer [en referencia al 6 de abril] una de las cámaras de segunda instancia confirmó la sentencia para el coronel Guillermo Benavides [dio la orden para el asesinato del religioso español Ignacio Ellacuría, fue juzgado y amnistiado en 1993] de 30 años de prisión.

¿Y qué pasará con el resto de militares implicados?

Eso tendría que verse si hay alguien que solicite o recurra a la administración de justicia para que se reabran los casos.

¿Podrían ser extraditados a España como ha solicitado en dos ocasiones el juez español Eloy Velasco?

La Corte Suprema de Justicia resolvió en cuatro casos, entre ellos Benavides, que no procedía la extradición, que deberían ser juzgados en El Salvador, lo que estamos viendo ahora justamente.

¿Cómo se recibe que en España se haga tanto hincapié en el caso Ellacuría?

Consideramos que siendo españoles, aunque estaban nacionalizados algunos de ellos, España trata de que se haga justicia en esos casos y considera que podría ser un juicio más seguro en España, pero consideramos que los tribunales en El Salvador son competentes y que están capacitados para llevar adelante esto y que pueda hacerse justicia.

¿No se les ha extraditado en estos 27 años para ser juzgados en El Salvador o para cubrir a los culpables?

No, es para que sean juzgados.