Durante los 70 años de priismo, los gobernadores acataban sin chistar las instrucciones de los presidentes de la República, salvo Roberto Madrazo, que en 1995 se rebeló ante la exigencia del entonces presidente, Ernesto Zedillo, de que renunciara a la gubernatura de Tabasco. Los mandatarios estatales actuaban más como delegados del gobierno federal que como titulares del Poder Ejecutivo de entidades autónomas.

Por supuesto que existía mucha corrupción, tanto en el ámbito federal como en el estatal, pero había límites porque, particularmente en el segundo, los altos funcionarios sabían que si se excedían en sus malos manejos o éstos eran demasiado ostensibles los podían correr. También es un hecho que los gobernadores desviaban recursos públicos para las campañas electorales, federales y estatales, con miras a apoyar al PRI e incluso a las formaciones políticas satélites, como el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), aunque no podían aprovechar para desviarlos a sus bolsillos porque tenían que demostrar lealtad.

Hay que recordar que el presidencialismo metaconstitucional se encontraba anclado en las prácticas y no en las leyes; ejercía un absoluto control de facto en el Legislativo y el Judicial, así como en los ejecutivos estatales. Se trataba de un poder con facultades reales para designar a todos los gobernadores y hasta sus sucesores, y con la posibilidad efectiva de eliminar del mundo político a cualquiera que se indisciplinara, ya que simplemente no volvía a ser candidato, y si lograba serlo, perdía la elección constitucional.

Para mantener la funcionalidad que garantizaba el ejercicio de ese presidencialismo había que crear instituciones formales que, además, permitieran construir la gobernabilidad democrática, pero éstas nunca llegaron. El vacío que generó la ausencia de ambas (presidencialismo e instituciones), lo llenaron los poderes fácticos (legales e ilegales) y la compra de voluntades.

Junto con la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal llegó nuevamente la riqueza petrolera. Los excedentes generados por el incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos se canalizaron a los estados, que vieron cómo se multiplicaba su presupuesto y, al mismo tiempo, cómo se desvanecían los controles sobre el manejo de esos recursos.

La forma que el gobierno de Vicente Fox encontró para conseguir la aprobación de sus presupuestos fue precisamente incrementar las participaciones federales a los gobiernos estatales y municipales, a cambio de que los gobernadores lograran que los dipu-tados de sus entidades votaran a favor de dichas partidas.

El creciente flujo de recursos también ensanchó el poder de negociación de los gobiernos ante las instituciones financieras, pues por una parte sus cuentas se volvieron apetecibles y, por otra, aquellos se convirtieron en sujetos de crédito: dinero atrae dinero. Este fenómeno provocó el incremento en las líneas de crédito, pero asimismo el endeudamiento desmedido de estados, e incluso de algunos municipios. Más dinero, más necesidades (públicas, partidarias y particulares) y menos controles abrieron la puerta a la galopante corrupción.

Los escándalos se empezaron a suceder uno tras otro, y en algunos casos fueron seguidos de órdenes de aprehensión, el encarcelamiento o el inicio de procesos judiciales; sin embargo, en ningún caso fueron las instituciones las que los descubrieron. Las denuncias emergieron de los medios de comunicación o de políticos opositores, particularmente en las campañas electorales.

En todos los casos, las autoridades estatales, o federales, reaccionaron ante la presión de la opinión pública, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había interpuesto varias denuncias por el mal manejo de los recursos federales, como ejemplifica el caso de Javier Duarte.

El momento actual muestra con meridiana claridad que todavía no existe la institucionalidad sólida y funcional que requiere toda democracia para garantizar la gobernabilidad democrática. Al menos una de las vías institucionales (la ASF) había activado las alarmas, pero la maquinaria del gobierno federal se encargó de frenar el inicio de cualquier proceso sancionatorio y, por ende, garantizó la impunidad de los presuntos delincuentes.

Lo que finalmente permitió que hoy haya cinco exgobernadores en prisión, dos sujetos a proceso penal en libertad y uno prófugo de la justicia son cuatro hechos centrales: la alternancia en el ejecutivo estatal (en el caso de Andrés Granier, en Tabasco; Rodrigo Medina, en Nuevo León, y César Duarte, en Chihuahua); la intervención de Estados Unidos, que acusa a Tomás Ya-rrington de diversos delitos que impactaron directamente a los norteamericanos; la intención del gobierno federal de involucrar en actos de corrupción a exgobernadores de otros partidos, particularmente del PAN (Luis Armando Reynoso Femat, en Aguascalientes, y Guillermo Padrés, en Sonora), y la intensidad de la presión social, particularmente de frente a los procesos electorales, que obligó al presidente de la República a sacrificar a algunos de los priistas (Jesús Reyna García, de Michoacán, y Javier Duarte, de Veracruz) para intentar disminuir los impactos electorales y, al mismo tiempo, minimizar o controlar los daños porque seguramente una parte de los recursos desviados fueron a parar a su campaña presidencial en 2012.

Es muy significativo que en el caso de los dos exgobernadores panistas las denuncias son de la Procuraduría General de la República, mientras que en el de los seis tricolores únicamente las interpuestas contra Reyna y Duarte provienen de la PGR, pues tres son de las fiscalías estatales y el restante de la justicia estadunidense.

Así, la sanción de los actos de corrupción de los exgobernadores evidencia los cambios logrados a partir de la democracia electoral y del derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, que se manifiestan en la alternancia en los ejecutivos estatales y la presencia de una opinión pública más exigente; pero también revela la ausencia de una institucionalidad que permita una adecuada rendición de cuentas y la persistencia de condiciones que siguen favoreciendo el ejercicio arbitrario, discrecional y abusivo del poder. Radiografía fiel del momento que vive la democracia mexicana.