En temas de gestión ambiental es usual encontrar políticas públicas que buscan o tienen la intención de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, sin embargo, en la realidad, muchas de estas políticas no solo fallan en este propósito inicial, sino que además afectan la competitividad, el desarrollo económico y la prosperidad de los individuos. En el Perú este es el caso de los Estándares de Calidad del Aire.

Al respecto, debemos entender que los Estándares de Calidad (ECA), son instrumentos que permiten medir la totalidad de emisiones de sustancias en el ambiente, producidas por un determinado agente. En nuestro país durante muchos años los ECA han sido muy rígidos, especialmente los estándares en aire, condición que no solo ha generado dificultadas para invertir en industrias extractivas (minería y otros), sino que también ha sido una de la razones del desempleo en el sector.   

Sobre este punto, la legislación peruana (hasta hace unas semanas) exigía a las industrias extractivas que su estándar en calidad del aire con respecto al dióxido de azufre debía ser como máximo de 20 ug/m3, es decir una exigencia mayor a la que aplican otros países vecinos como Chile (250 ug/m3), Colombia (250 ug/m3) o México (288 ug/m3) e incluso de países desarrollados como EE.UU. (365 ug/m3) o Australia (210 ug/m3).

En el Perú, la razón de esta exigencia extrema se produce a partir del año 2014 en respuesta a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que atendiendo el Principio Precautorio recomienda un ECA de 20 ug/m3 como un estándar que previene efectos contra la salud de los ciudadanos. Sin embargo, como su nombre lo indica, está solo fue una recomendación, más que un dato científicamente comprobado, por esa razón, ningún país en el mundo lo aplica, salvo el Perú que dejando de lado todo análisis costo/beneficio paso de exigir  un estándar de 80 ug/m3 (que ya era discutible) a 20 ug/m3. 

Es evidente que esta regulación estatal afecto directamente al desarrollo del sector minero-energético, que al tratar de cumplir con estándares muy rigurosos tuvo que paralizar su producción con la finalidad de poder adecuarse o enmarcarse a la legislación nacional vigente. Proyectos interrumpidos como el complejo metalúrgico de La Oroya (CMLO) con más de un millar de trabajadores desempleados y la mina Cobriza (MC) con 2.140 trabajadores paralizados que aún permanecen en la planilla, son ejemplos concretos.

Han tenido que pasar más de 8 años para corregir este problema, el mes pasado (abril) la Ministra del Ambiente Elsa Galarza, en base a una evaluación de más de 6 meses que implicó la asistencia técnica de entidades de USA, Canada, Francia y Alemania aprobó el nuevo ECA Aire estableciendo como nuevo estándar 250 ug/m3. Esta nueva exigencia acorde con el respeto a la salud y el medio ambiente, si promueve la inversión privada y evidentemente la generación de empleo. Es muy probable que proyectos como CMLO y MC se reactiven en el mes de Julio del presente año.

Esta historia nos deja una lección: Si bien las políticas ambientales pueden tener buenas intenciones, indirectamente también pueden causar un daño en la competitividad y el empleo de las personas. Por esa razón, es obligatorio que antes de lanzar cualquier regulación ambiental se efectúe un análisis de su sustento técnico y su impacto en la sociedad. La gestión ambiental no solo se debe enmarcar en promover buenas intenciones, sino en ejecutar acciones eficientes acordes con el respeto al medio ambiente, el desarrollo de los mercados y la prosperidad de los individuos.