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16/05/2017 | Colombia - Los paramilitares exterminadores

Rafael Croda

BOGOTÁ.- A las ocho de la noche del domingo 16 de abril, un “narcoparamilitar” conocido como Renol se presentó en una humilde vivienda de un caserío del municipio de Tumaco y preguntó por Pepe, un exguerrillero urbano de las FARC que había salido de la cárcel indultado dos semanas antes, como parte del acuerdo de paz con ese grupo insurgente.

 

Cuando Pepe cruzó la puerta para ver quién lo buscaba, Renol desenfundó una pistola automática y le disparó tres tiros en la cabeza.

Pepe, como era conocido en las FARC Luis Alberto Ortiz Cabezas, se convirtió esa noche en el primer excombatiente de esa guerrilla en morir asesinado desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre pasado.

Nueve días después, otro miliciano de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil, José Huber Yatacue Mestizo, se convirtió en la segunda víctima. Fue asesinado en la suroccidental ciudad de Toribío por el sicario John Ramírez, quien pertenece a grupos aparentemente vinculados con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación.

Además de estos homicidios, en el último mes fueron asesinados seis familiares –uno de ellos, menor de edad– de dos integrantes de las FARC, la cual atribuyó esos crímenes a grupos paramilitares.

Para esta guerrilla, tales hechos constituyen un incumplimiento del punto del acuerdo de paz que obliga al Estado a combatir a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y a dar garantías de seguridad a los guerrilleros reinsertados a la vida civil y a los activistas sociales que participan en la implementación de los acuerdos.

Los asesinatos de guerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil y de líderes comunitarios “son una demostración de la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad a la vida y a la integridad de las personas” que se acogieron al acuerdo de paz, señaló la organización en un comunicado emitido el 17 de abril.

Además, en lo que va del año se han registrado en el país 29 homicidios –uno cada cinco días, en promedio– de activistas comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de izquierda promotores de la paz.

Según un monitoreo realizado por la Iniciativa Unión por la Paz, otros nueve activistas sociales han sido víctimas de atentados y 56 han sido amenazados de muerte entre enero y el pasado miércoles 10.

El politólogo Ariel Ávila dice a Proceso que estos hechos de violencia política evidencian que el proceso de paz “tiene unos riesgos de seguridad lo suficientemente complicados como para prever que, si no hay una respuesta pronta por parte del Estado, esto puede terminar mal”.

De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación e integrante de la Iniciativa Unión por la Paz, los pactos con las FARC generaron desafíos de seguridad para los cuales el Estado no estaba preparado.

“Los esquemas de protección están diseñados para un entorno urbano y los asesinatos de dirigentes sociales y excombatientes están ocurriendo en áreas rurales en las que deben aplicarse otros esquemas. Las capacidades del Estado tienen que adaptarse a la nueva realidad del posconflicto y esto debe ocurrir en forma inmediata”, señala Ávila.

Para la exsenadora y líder del movimiento Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, las muertes de guerrilleros en proceso de reincorporación, de sus familiares y de dirigentes sociales “son, hoy por hoy, la principal amenaza a la paz”.

Lo que es inaudito, asegura, “es que el gobierno no pueda hacer absolutamente nada para impedir el avance del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo, cuando es uno de los compromisos que asumió en el acuerdo de paz”.

Esto, agrega, se debe “en gran parte a que las autoridades persisten en negar que existe el paramilitarismo y que se está recrudeciendo su accionar en varias regiones comprometidas con la paz”.

Recuerdos de un genocidio

La ola de homicidios hace recordar a los colombianos el exterminio que sufrió la Unión Patriótica (UP) en los ochenta y noventa, cuando grupos paramilitares en complicidad con agentes del Estado asesinaron a 3 mil 186 militantes y dirigentes de ese partido político surgido de un proceso de paz con las FARC, que terminó por frustrarse.

Otros 514 miembros de la UP fueron desaparecidos y 2 mil 300 más tuvieron que exiliarse o huyeron de sus comunidades.

La justicia colombiana reconoció en 2012 que el exterminio de la UP fue un “genocidio de tipo político” que tuvo como principales autores a paramilitares de extrema derecha en complicidad con integrantes de la policía y el ejército.

El historiador y concejal por Bogotá, Juan Carlos Flórez, considera que la guerra sucia contra la UP “mató la posibilidad de que Colombia pudiera cambiar en los ochenta las balas por los votos, porque el asunto de fondo era, como lo es hoy, ver si el país podía acabar con la guerra y se podía dar vuelta a esa página. Y fuerzas muy tenebrosas se encargaron de que eso no fuera posible”.

Esas fuerzas, desde la perspectiva de las FARC, siguen actuando y son las que están detrás de los homicidios de sus excombatientes y de los dirigentes comunitarios involucrados en la implementación de los acuerdos de paz.

“Son grupos herederos del viejo paramilitarismo. Son el brazo armado de terratenientes, de políticos y empresarios locales que están interesados en descarrilar el proceso de paz, porque para ellos la paz no es negocio”, dice Pablo Catatumbo, comandante de las FARC.

Fue precisamente Catatumbo quien se encargó de negociar, por parte de las FARC, el punto de garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo que forma parte del acuerdo de paz. Su contraparte, en representación del gobierno, fue el general retirado de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia.

Al asumir como vicepresidente, el pasado 30 de marzo, Naranjo recibió instrucciones del presidente Juan Manuel Santos para coordinar la implementación del acuerdo final de paz con las FARC y garantizar la seguridad de exguerrilleros que se incorporen a la vida civil y de los defensores de los derechos humanos en las regiones.

“No vamos a permitir que se repitan tragedias como la que ocurrió con la Unión Patriótica en los ochenta y noventa”, le dijo Santos a Naranjo ese 30 de marzo.

“Anarquía criminal”

Pero abril y los primeros días de mayo han sido especialmente desafiantes para el proceso de paz con las FARC. No sólo por los asesinatos de excombatientes y de sus familiares, sino por la aparición de diferentes grupos identificados como paramilitares cerca de algunos de los campamentos donde esa guerrilla hace su proceso de entrega de armas personales.

Hombres con camuflaje y fusiles han sido vistos por las comunidades en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, en el Pacífico, y Antioquia y Córdoba, en el noroccidente. El más recurrente es el denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuyo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue un comandante paramilitar y hoy dirige la mayor organización del narcotráfico de Colombia, conocida como Los Urabeños, Clan Úsuga o Clan del Golfo.

Otros grupos que se ostentan como paramilitares son las Águilas Negras, Los Negritos, Pelusos, Renacer y las RAUC, cuyos hombres, según las FARC, han sido vistos con fusiles Galil nuevos cerca de un campamento de desarme de esa guerrilla en el suroccidental municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño.

Sin embargo, para el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, en este país “no hay paramilitarismo”. Lo que hay, afirma, son “unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”.

Algunos de esos bandidos están implicados en asesinatos políticos. Es el caso de Hernán Pascal, alias Renol, un narcoparamilitar del Clan del Golfo que fue capturado el pasado 26 de abril por el asesinato, diez días antes, de Pepe.

De hecho, en contravía del gobierno, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una reconocida institución jesuita dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentó el miércoles 3 el informe El paramilitarismo SÍ existe, en el cual documenta que grupos paramilitares cometieron 550 “victimizaciones” (homicidios, amenazas, atentados, extorsiones, secuestros) en 2016.

“Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales”, dijo el director del Cinep, Luis Guillermo Guerrero.

Para Ariel Ávila, la mayoría de los 242 municipios que abandonaron las FARC para iniciar su desarme están siendo copados por el ELN, por grupos herederos del paramilitarismo y por bandas criminales.

“Esto ha hecho que en varias regiones del país estemos viendo una anarquía criminal. El Estado ha llegado a muy pocos de esos territorios y ese es el desafío, llevar Estado a esos lugares: salud, justicia, caminos, educación, y no sólo fuerza pública”, asegura el especialista en posconflicto.

El integrante de la Iniciativa Unión por la Paz señala que las FARC esperan convertirse en partido político en agosto próximo, y si continúan los asesinatos de excombatientes de esa guerrilla y de dirigentes sociales “la implementación política de los acuerdos de paz se puede convertir en una gran frustración política, como ocurrió en los noventa con la Unión Patriótica”.

Proceso (México)

 



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